17 de octubre de 2021, 20:53:41
Opinión


La cuestión religiosa, ¿todavía?

Juan José Solozábal


Aunque afortunadamente no tenemos una cuestión religiosa, como ha ocurrido en diversos momentos de nuestra reciente historia, no es infrecuente el que se presente algún conflicto en este terreno. Sucede que, por parte del poder, se atribuye a la preocupación religiosa un rasgo de ingenuidad o infantilismo intelectual, que justificaría una injerencia política en este ámbito. Tampoco es insólito que la Iglesia denuncie un déficit de legitimidad del Estado, que requeriría algún complemento de tipo espiritual. Por el contrario, ha de afirmarse la indispensabilidad de la libertad religiosa en el Estado constitucional como verdadero derecho individual y colectivo que el poder ha de respetar. Asimismo poca discusión ofrecen los títulos éticos del Estado, teniendo en cuenta que muchos elementos del orden constitucional moderno, como la idea de igualdad, dignidad o solidaridad, son inconcebibles en muy buena medida sin una referencia religiosa, cristiana en concreto.

Si bien se mira estos son los fundamentos que nuestra Ley Suprema acepta sobre esta materia, pues nuestro modelo religioso constitucional adopta dos decisiones capitales al respecto. De una parte, reconoce la libertad religiosa como derecho indefectible, en su aspecto individual y colectivo, reforzado por su relación con otros derechos. Pero derecho limitado por las exigencias del orden público: es el orden público el que limita el derecho y no al revés. Así no hay espacio para la objeción de conciencia, que exima al ciudadano de sus obligaciones jurídicas, o que le de derecho a un trato diferente o adaptado a sus creencias religiosas particulares.

En segundo lugar, nuestra Constitución opta por un Estado no confesional, lo que quiere decir que el Estado no se pronuncia en términos religiosos. Pero ciertamente no estamos ante un Estado separado absolutamente de lo religioso, pues ha de tener en cuenta las creencias de este tipo, para lo cual se prevén relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Se trata entonces de un laicismo positivo cuyo límite será la aconfesionalidad del Estado y la igualdad correctamente entendida, de manera que no haya discriminaciones, o desigualdades arbitrarias respecto del trato que las confesiones religiosas reciban del poder público.

Entonces, en conclusión, ni se pueden ignorar las consecuencias de la valoración constitucional del hecho religioso, ninguneando a la Iglesia, ignorando que a la hora de la cooperación la misma Constitución distingue entre la Iglesia Católica y las demás religiones; ni la Iglesia puede soslayar la tendencia a la equiparación en relación con las otras confesiones, lo que le obliga a actuar contenidamente, renunciando por decirlo así a las manifestaciones más llamativas de su predominio, que constitucionalmente carecen de justificación, y que por tanto el Estado no puede amparar.
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