Yak-42: sentencia jurídica y responsabilidades políticas

El caso de las identificaciones erróneas de los cuerpos del Yak-42 se ha saldado con penas de cárcel para los tres imputados principales -un general, un capitán y un teniente. En virtud de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, se considera probado que los encausados incurrieron en falsedad documental y no emplearon la diligencia debida a la hora de llevar a cabo su tarea como servidores públicos. La vertiente jurídica del caso queda así ventilada por la asunción de responsabilidades penales por parte de los acusados. Pero hay más.

Efectivamente, los familiares de los fallecidos, estando satisfechos con el fallo judicial, quieren además que esas responsabilidades se demanden a un nivel más elevado y puede que tengan parte de razón. El que sin duda fue el accidente más desgraciado en la historia del ejército español -fallecieron los 62 ocupantes del avión siniestrado- tuvo así mismo el agravante de que se produjeran imperdonables errores en la identificación de las víctimas. Ello fue así por las prisas con que actuó el entonces gobierno de José María Aznar, con Federico Trillo al frente de la cartera de Defensa.

En una situación tan delicada como aquella, es fácil deducir que las decisiones a adoptar por parte de los mandos militares vendrían condicionadas por la autoridad política más elevada, a la sazón el titular de Defensa. Fuera ya de tecnicismos jurídico-procesales, lo cierto es que, en democracia, hay también un juicio político en el tribunal de la opinión pública. Y ésta ha pronunciado su sentencia que, en nuestro sistema de garantías, a nadie llevará a la cárcel, afortunadamente. Pero si debía llevar a asumir responsabilidades. Hoy gobiernan otros y Trillo no tiene ministerio del que dimitir. Pero ocupa un cargo de responsabilidad dentro del grupo parlamentario popular y, si Rajoy quiere que la imagen de su partido no se vea menoscabada por halos de sospecha más que evidentes, debería aceptar la dimisión de su actual portavoz de Justicia. Porque es, precisamente, una cuestión de justicia, así como de reparación moral. Justicia y reparación a la que los familiares de las víctimas tienen todo el derecho.