21 de octubre de 2020, 3:58:31
Opinión


Las Paradojas del Populismo en América Latina

Laura Bonilla


Hace algunos años teníamos un consenso social de mínimos que nos permitía calificar un gobierno como democrático. La realización de elecciones libres, la existencia de determinadas instituciones formales y el cumplimiento formal de la ley eran suficientes para definir el sistema de gobierno, independientemente de sus grados o variaciones, de su fortaleza o estabilidad. Otra cosa era la calificación de populismo y las utilizaciones mediáticas que tuvo la categoría.

En síntesis, un gobierno era acusado de acuerdo a su mayor o menor injerencia en la economía, a la utilización de las instituciones públicas para soportar altos grados de popularidad en determinados sectores o de estar soportado en una figura carismática, personalista y con tendencia a acumular el poder político en sí y para sí.

La ansiedad latinoamericana por encajar en los manuales de “buenas prácticas” y en las categorías de calificación democrática internacional se concretó en instituciones, en leyes electorales para crear partidos políticos grandes y fuertes al mejor estilo de las democracias europeas y en la prevalencia de la noción de “gobernabilidad” como uno de los estándares a alcanzar más importantes para cualquier país. Olvidamos las particularidades, las historias de formaciones políticas, los órdenes paralelos y la existencia de actores plurales para intentar mostrarle al mundo cuán capaz eran nuestras democracias de ser más fuertes que inclusivas y más institucionalizadas que participativas. Recientemente el término populismo ha vuelto a asociarse casi con exclusividad a América Latina, acompañado del epíteto de debilidad democrática.

Pero el problema está en la incapacidad de los calificativos y los indicadores para reconocer las realidades, en analizar transformaciones y permanencias en las costumbres políticas de la región. Varios son los argumentos fácticos que se pueden esgrimir:

Todos los países de América Latina tienen constituciones aprobadas democráticamente por diversos tipos de gobiernos, gobernantes o sociedades. En casi todos se celebran elecciones parlamentarias, regionales y generales. Algunos de los gobiernos elegidos son calificados de populistas y otros son referenciados como buenos gobernantes, según los mismos indicadores pero en contradicción con los hechos.

Un buen ejemplo es el caso de Honduras, país cuyo gobierno fue – hasta el reciente golpe de estado – calificado de populista, al igual que Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador. La razón de la calificación radicaba más en el carácter del gobernante y la retórica internacional que en la realización de elecciones o la legitimidad formal de los mandatos. En Contraste, Colombia con un gravísimo problema de intervención de grupos armados y mafias en la política al más alto nivel tiene una calificación internacional completamente opuesta. En ambos casos se promovían reformas constitucionales para favorecer la reelección de los mandatarios de turno que son igualmente interventores, utilizan las instituciones para fines personales y concentran gran parte del poder político en su persona. La diferencia está por una parte en los indicadores de gobernabilidad, el tamaño y permanencia de las instituciones y en un cierto temor por parte de la comunidad internacional a una injerencia económica mayor de aquellos gobiernos que se ubican a la izquierda. Es el último punto el que hace que se tolere la reelección indefinida como una simple reforma en el caso colombiano, mientras en los demás se rechace por temor a perpetuar un gobernante populista y antidemocrático.

La gobernabilidad como ideal también entra en crisis: deseable para gobiernos considerados “no populistas” pero indeseable para aquellos que sí lo son. No obstante, la exacerbación misma de esta noción hace que se cierren cada vez más los canales de relevo de élites en la política, disminuya la participación y se favorezca el clientelismo parlamentario con tal de conseguir las mayorías “gobernables”. La causa es el abandono de la idea de la política como una constante interacción de actores que componen el Estado, las Instituciones, los partidos o los grupos de presión. De forma paradójica el golpe militar en Honduras y la caída de la democracia en este país no fue liderado por el sector al que más se temía, sino por la élite que en otro momento hubiese tenido una alta aceptación en las calificaciones internacionales.

Infortunadamente los manuales de buenas prácticas han derivado en prácticas indeseables para una democracia sana, incluso cuando se presentan buenos indicadores. Incluso en tener que presenciar la triste vuelta a los golpes de estado, a la intervención activa de militares en la política y a la creación de un régimen autoritario en lugar de uno democrático.
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