23 de mayo de 2019, 19:51:17
Nacional

caso gürtel


¿Es el “caso Camps” una operación judicial o política?


La vertiginosa actuación de la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Anticorrupción, en coincidencia con el Partido Socialista valenciano, de recurrir el sobreseimiento dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia del caso de presunto cohecho impropio del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha alimentado la percepción de muchos miembros del PP de que este caso es más una operación política que una investigación judicial neutra y objetiva.


La vertiginosa actuación de la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Anticorrupción, en coincidencia con el Partido Socialista valenciano, de recurrir el sobreseimiento dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia del caso de presunto cohecho impropio del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha alimentado la percepción de muchos miembros del PP de que este caso es más una operación política que una investigación judicial neutra y objetiva.

Por el momento, las fuentes recabadas por El Imparcial en el PP destacan que el Gobierno se ha apresurado a actuar, a través de la Fiscalía que él mismo nombra, para neutralizar el varapalo que suponía para sus intereses la noticia del archivo de la causa contra Camps.

Esta noticia, tras seis meses de “investigaciones”, de declaraciones y acusaciones, tiraba por tierra una estrategia de desmontaje de la credibilidad del PP. Precisamente a lo que el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, aludió este domingo al asegurar que el “caso Gürtel” iba a llevarse por delante a toda una generación del PP.

Por el contrario, este caso, sin Camps (como figura más significada como presidente de Comunidad y como dirigente “popular” entre todas las mencionadas en el sumario) perdía la mayor parte de su virulencia política.

Por esa razón, el Gobierno no podía resignarse a que el martes apareciera la prensa de papel con los titulares del archivo de la causa. Al recurrir, el Fiscal General, y el Gobierno al que se debe, han garantizado otros titulares menos agradables para el PP.

Rajoy celebró ayer con mucha rapidez el sobreseimiento, e incluso aconsejó tila para quienes iban a estar de los nervios por el archivo. Nerviosa o no, la vicepresidenta María Teresa Fernández contestó con celeridad al anunciar ella misma que la Fiscalía nombrada por el Gobierno socialista recurría el auto del Tribunal Superior valenciano y acudía al Supremo.

El caso, por tanto, no se ha acabado, pero evidentemente ha variado respecto al semestre pasado, según se percibe en medios del PP. Ahora, es el Gobierno de Zapatero el que debe demostrar la culpabilidad de Camps cuando, hasta ahora, era el PP de Camps y Rajoy el que se veía obligado a demostrar su inocencia.

Y, además, ha crecido la percepción de que más allá de una objetiva investigación judicial hay un interés político partidista en la derivación (que ahora aparece forzada) de la llamada trama Gürtel a los altos cargos de la Comunidad Valenciana.

Y también aparecen progresivos indicios, según se detecta en el PP, de que el Gobierno no disimula en la utilización de los aparatos del Estado a su cargo, Policía y Fiscalía, además de a su Prensa adicta, para deteriorar al máximo la imagen de su principal competidor, el PP, que ya le empieza a llevar ventaja en las urnas.
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