27 de noviembre de 2021, 21:48:58
Opinión


Los genes del PSOE

Alejandro Muñoz-Alonso


Los dirigentes del PSOE habían repetido tantas veces que el respeto a las sentencias y resoluciones de los tribunales era para ellos incuestionable, una especie de segunda naturaleza, que muchos españoles se lo habían llegado a creer. Por eso una buena parte de la opinión pública se ha quedado un tanto sorprendida ante la zapatiesta que han organizado los socialistas al conocerse el archivo por el TSJ de Valencia de la causa abierta contra Camps y sus colaboradores. Pero no hay que sorprenderse: los socialistas españoles no han creído nunca en una justicia independiente (aunque a la vicepresidenta se le llene la boca con el tema) como no han creído en la separación de poderes, base y fundamento de esa independencia. Salvo, quizás, los más jóvenes, cualquier español medianamente informado recuerda muy bien el famoso entierro de Montesquieu, decretado por Guerra en la época del felipismo.

Y aquello no fue una broma: El PSOE se puso inmediatamente a la tarea y trató de controlar la justicia politizándola su favor por medio del cuarto turno y por la increíble desnaturalización del artículo 122 de la Constitución que condujo a la politización del CGPJ, hasta unos extremos nauseabundos. Todo ello avalado por un Tribunal Constitucional no menos politizado, como se había visto ya con la sentencia sobre la expropiación de Rumasa. Todavía recuerdo la sorpresa de la importante política francesa Simone Veil cuando la contaron aquella sentencia que configuraba el nuevo y politizado CGPJ. Algunos dijimos entonces que la Justicia había dejado de ser un poder, como reza el título VI de la Constitución, y se convertía en un instrumento del poder político, con la inestimable ayuda del Fiscal General. Del famoso “Pollo del Pinar” a Conde Pumpido hemos ido de mal en peor. Ciertamente, hay jueces y magistrados que siguen creyendo en y practicando la independencia de su función, pero el ambiente general es el que es y tenemos ejemplos a puñados.

Pero eso tampoco es una novedad porque está en la más estricta tradición del PSOE, en sus mismos genes. En esa tradición revolucionaria de los años treinta del siglo pasado, nunca desaparecida del todo, y retomada con renovado entusiasmo por Zapatero. Según esa tradición la justicia no puede ser otra cosa que un instrumento “para la transformación revolucionaria de la sociedad”. Y para eso estorban los límites y cautelas impuestos por la democracia liberal, el demoliberalismo, como decía despectivamente la izquierda. Y por eso Largo Caballero –que tiene, por cierto una céntrica estatua en Madrid- afirmaba sin rebozo que socialismo y democracia eran incompatibles. Él lo sabía bien porque aspiraba a una “democracia popular” en la que, como proclamó Vichinsky, la justicia estaba al servicio de “la oportunidad revolucionaria”. Por esa larga tradición, el PSOE no ha tenido nunca demasiado respeto por principios de raigambre liberal como la presunción de inocencia o el secreto del sumario. Y tiene miga que ahora se rasguen las vestiduras cuando desde el PP se señalan, con datos incontestables, que algunos dirigentes del partido han sido objeto de escuchas ilegales. Ya en la época del felipismo se denunciaron escuchas realizadas en la sede del primer partido de la oposición. Y desde el CESID se desencadenó una orgía de escuchas que, caldenorianamente, no respetó “del rey abajo, ninguno”.

Sólo los ciegos voluntarios pueden desconocer, o negar, que, desde antes de los últimos procesos electorales, tan poco propicios para el PSOE, se ha desencadenado una campaña contra el PP, intentando conseguir en los tribunales lo que se podía lograr en las urnas. Es curioso que la larguísima lista de los presuntos escándalos socialistas –los últimos, la subvención de Chaves a la empresa apoderada por su hija y los manejos del señor Saiz en el CNI, por no hablar de tantos ayuntamientos socialistas tocados- ni avanzan ante los jueces ni son objeto de informaciones mediáticas. Pero al mínimo indicio se envían los focos y las cámaras a la detención de los “delincuentes” del PP, aunque tantas veces todo quede en nada como ha sucedido en Canarias, en Murcia y ahora mismo en Valencia. Rajoy ha hablado de “inquisición” y no le falta razón. El que se cree autorizado a utilizar todos los medios, hasta los más vergonzosos y rastreros, para eliminar al adversario es que se ha salido de la democracia, aunque a lo peor ni se ha dado cuenta. Esas cosas pueden funcionar -y nunca del todo, como muestra al aplazamiento de la “ley mordaza”- en países como la Venezuela de Chávez, pero en Europa es mucho más difícil, por no decir imposible. El partido de Filesa parece haber hecho suya esa máxima popular que dice que “piensa el ladrón que todos son de su misma condición”. Pero el “calumnia que algo queda” tiene sus límites, porque, como escribió Chateaubriand, “la calumnia no es la acusación del calumniado sino la excusa del calumniador”.

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