20 de octubre de 2021, 12:41:03
Opinión


A la espera

Juan José Solozábal


Es el importante significado del Estatuto de autonomía en nuestro sistema político lo que explica la delicadeza de la operación de su control por parte del Tribunal Constitucional. El Estado autonómico fue diseñado por la Norma Fundamental, pero su configuración decisiva ha sido la obra de los Estatutos de autonomía que han conformado efectivamente el sistema de autogobierno territorial de que disponemos. Claro que, como es obvio, el orden autonómico tiene en la Constitución no sólo su base que hace posible el despliegue competencial de las nacionalidades y regiones sino su límite que, a riesgo de la incongruencia del conjunto, no puede ser rebasado. No sobra entonces que se subraye la obligada subordinación del Estatuto a la Constitución y la necesidad de que la consistencia del ordenamiento quede asegurada por el órgano encargado de ello que es el Tribunal Constitucional. La intervención del Alto Tribunal ante una posible extralimitación estatutaria, como cualquiera otra en que pudiese incurrir una norma infraconstitucional, sería inevitable si la norma en cuestión a través de una adecuada interpretación no puede atraerse al sistema constitucional. No tenemos dudas de que, aunque pueda resultar difícil, finalmente será posible adecuar la voluntad estatutaria al marco constitucional establecido.

Pero ocurre que hay otro argumento que legitima, desde la propia lógica de nuestro sistema autonómico, la intervención del Tribunal. Se trata de lo siguiente. El sistema autonómico es antes que nada una forma política moderada y equilibrada de soberanías, o poderes si se prefiere, compartidos. Ello se muestra en la reforma estatutaria de modo manifiesto. Así la iniciativa, la facultad de retirada del proyecto de reforma del Estatuto a lo largo de su tramitación en las Cortes, y especialmente la decisión del cuerpo electoral sobre la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto expresan el peso territorial frente al del Estado . Cierto que el relieve del Estado se manifiesta en la facultad de las Cortes de corregir el texto de reforma que proviene de los Parlamentos autonómicos, y que lo aprueban si esa es su voluntad como Ley Orgánica .Todo esto, esta intervención dual, se atiene bien, al carácter del Estatuto como ley pactada que necesita de la confluencia de la voluntad del Estado y de la Comunidad Autónoma que intervienen en su elaboración y aprobación.

Pero como hemos indicado ese equilibrio de voluntades báscula hacia la Comunidad Autónoma en la medida que su cuerpo electoral puede rechazar el texto que han aprobado las Cortes Generales. Sucede entonces que, como ocurre con el Estatuto catalán, la impugnación de la reforma ante la máxima instancia jurisdiccional busca restablecer el equilibrio, de manera que la eventual intervención del Tribunal Constitucional corregiría la inclinación autonómica dominante en el proceso de reforma estatutaria. Se trataría entonces no de una actuación extra ordinem, o exorbitante, un último detalle centrípeto del sistema, sino de una actuación lógica y compensadora, de naturaleza restauradora, del equilibrio indispensable del orden autonómico. Así lo veo.
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