22 de julio de 2019, 8:23:13
Opinion


Los primeros cien días

Juan José Solozábal


Como habíamos anticipado muchos había suficiente espacio para que un gobierno vasco nuevo intentara una política de recuperación constitucional tras la época del nacionalismo de Ibarretxe. No era factible en la situación política presente de autogobierno la prolongación por más tiempo de la tensión y el dramatismo, ni un horizonte de ahondamiento de la división entre los vascos, así como de confrontación permanente con el Estado, casi al límite constitucional.

Se ha acertado plenamente con el camino de la restauración de la normalidad en una vía que inicialmente podía tener sus detractores, pero que el buen sentido de los socialistas, comenzando por el del presidente Rodríguez Zapatero, y la generosidad inteligente de populares, acabó aconsejando seguir. Nadie sensato, tampoco los nacionalistas, pueden negar que la alternancia política ha resultado una opción razonable y que ha de abrir una nueva etapa en la vida política vasca. Lo que están mostrando los análisis que se hacen tras los cien días del nuevo gobierno es entonces lo acertado de la vía emprendida, y lo que contemplan los ciudadanos, encantados, es una ratificación firme del propósito inicial del gobierno. Esta posición de confirmación de la política de normalización constitucional tiene un elemento básico en la denuncia de las manifestaciones de apoyo explícito al terrorismo, que un Estado de derecho no puede consentir y que las autoridades deben reprimir. No hay, digámoslo una vez más, democracia con violencia, si peligra la vida del discrepante y se ignora el derecho a participar de todos en iguales condiciones de libertad. La contribución del nuevo gobierno a la recuperación de la normalidad democrática adquiere por ello un relieve capital, que no puede ser desconocido ni disminuido en su significado.

Claro que un gobierno debe hacer más cosas que crear un nuevo clima espiritual o simbólico, como equívocamente señalan los nacionalistas, aunque desde hace mucho tiempo la gratificación simbólica sea considerada un campo de actuación nodal, ligada como está al plano de la integración. Por lo que se refiere a la lucha contra la crisis económica, ha de tenerse en cuenta que la actuación tendrá un componente de cooperación institucional que puede deslucir el protagonismo del gobierno vasco, pues las competencias en este campo se han de ejercer en el marco institucional estatal, y teniendo en cuenta los poderes de las fuertes diputaciones de los territorios históricos, cuya detentación nacionalista, frente a la tentación del obstruccionismo, no debería impedir la colaboración territorial.

El gobierno vasco tiene, además, que abordar con prudencia dos importantes retos. La presencia vasca no debe disminuir en el tablero de la política nacional; cambia su signo pero no puede sufrir su relieve. De manera que Euskadi , el protagonismo vasco, debe seguir contando. Hay un nuevo modo de entender la política nacional, que ciertamente no es el de Ibarretxe, pero tampoco el modelo del tripartito catalán. Tres son los elementos de este modelo: autogobierno al máximo, colaboración institucional entre socialistas y populares, acomodo perfecto al orden constitucional.

En último lugar es necesario encontrar un relato adecuado al nuevo modo de establecerse las relaciones entre Euskadi y el Estado español. Este relato, de amplia virtualidad legitimadora, consiste en una explicación cordial de la integración del País Vasco en España, de acuerdo con la experiencia tradicional del autogobierno y de las exigencias de la autonomía de nuestro tiempo. Es un relato de inclusión y no de separación, a formular en términos suficientes para suscitar el acuerdo más amplio entre los vascos. Nada nuevo, si bien se mira.
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