23 de septiembre de 2021, 16:07:07
Opinión


Pozuelo, castigados sin postre



La Comunidad de Madrid -tanto Madrid capital como el resto de municipios- se ha distinguido siempre por su oferta de ocio. Su noche es famosa; y más en estas fechas, cuando distintas localidades celebran sus fiestas patronales. Pero un pequeño grupo de jóvenes no podrá disfrutar de ellas durante tres meses. Al menos en horario nocturno, ya que un juez de menores les ha prohibido llegar a casa más tarde de las diez mientras dure su sanción. El motivo de tan riguroso castigo hay que buscarlo en los disturbios que se vivieron el pasado fin de semana en Pozuelo de Alarcón, donde un grupo de vándalos destrozó medio pueblo y causó heridas de diversa consideración a ocho policías y de gravedad a otros dos. Las imágenes hablaban por sí solas: policías acorralados y poniéndose a cubierto de una auténtica lluvia de piedras y botellas, contenedores ardiendo y, mientras, los autores de tanta salvajada vanagloriándose de sus “hazañas”.

Aún hoy presumen “del día más divertido del año”. Es fácil encontrar en foros de internet o redes sociales comentarios de todo tipo acerca de lo “guay” que fue lo que pasó en Pozuelo. Claro que, sabiendo lo barato que sale, es muy posible que algo parecido se vuelva a repetir. Porque los sucesos de la localidad madrileña son extrapolables a toda España, inmersa en un gravísimo problema que, de vez en cuando, asoma, como ahora. No hay autoridad, disciplina ni responsabilidad; por haber, no hay ni valores. Y sobre todo, reina una enorme confusión entre la imprescindible correlación entre dos conceptos inseparables: el disfrute de derechos y la asunción de responsabilidades.

Una decisión judicial semejante es toda una invitación a que los sucesos de Pozuelo se reediten en cualquier parte. Todos debemos reflexionar: los jóvenes que participaron en tales disparates, padres y profesores, pero también juristas y jueces. Porque hay sentencias crecientemente incomprensibles para la inmensa mayoría de la ciudadanía; y no sólo por el esotérico lenguaje empleado, que también, sino por el fondo de los veredictos propuestos, algo demoledor en una democracia, a la postre.

El propio Juan Antonio Marina calificaba la sanción como “poco pedagógica”. Tampoco pueden calificarse de modélicas las actuaciones de algunos padres, que decidían recurrir la resolución tildándola de “excesiva”, y menos aún el conformismo de la Delegada del Gobierno y el Fiscal de Menores. Según el artículo 550 del Código Penal, “son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”. Añade el siguiente artículo que quienes así actuasen “serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de uno a tres años en los demás casos”. Eso para los adultos -que tampoco es el caso, porque al igual que los menores, se irán de rositas-. A los menores, castigados sin postre. Y diálogo, eso sí, que no falte. Hasta que pase alguna desgracia mayor. Y al paso que vamos, poco falta.

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