21 de enero de 2021, 17:52:14
Sociedad

denunciar frente al miedo


¿Qué se puede hacer si los “okupas” llegan al vecindario?


En los últimos años se han multiplicado los casos de ocupación ilegal de viviendas deshabitadas. La crisis económica ha empujado a cientos de personas a colarse en inmuebles que están pendientes de derribo o de adjudicación. En ocasiones la ocupación es pacífica y trata de pasar desapercibida, pero a veces los “intrusos” rompen o cambian la cerradura, provocan daños en la vivienda y reaccionan violentamente ante la presión vecinal y policial. El Imparcial ha analizado las opciones que tiene un vecindario ante los “visitantes” que pueden llegar a permanecer meses en su hogar provisional.



La falta de recursos económicos y de perspectivas laborales está provocando que decenas de familias busquen un techo en el que cobijarse en viviendas deshabitadas, pendientes de adjudicación, apunto de ser derribadas, o incluso incurren en allanamientos de morada. La actividad de los “okupas” se reduce al mínimo, convirtiendo su nueva casa en una fortaleza, escudándose en el amplio intervalo de tiempo en que son desalojados.

La manera en que se han metido en la vivienda deshabitada y la posibilidad de reacción violenta contra los vecinos si los delatan a las autoridades, son algunos de los quebraderos de cabeza que atormentan a las comunidades vecinales que acogen a los “okupas”. Este es el caso del barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles, en el que más de 10 viviendas están siendo ocupadas por familias que provienen de desalojos previos. Pero la realidad de esta colonia vecinal se ha agravado, ya que la ocupación, además de hacerse efectiva en viviendas deshabitadas que han sido desalojadas y están en espera de ser derruidas, están llegando a inmuebles deshabitados que son propiedad de particulares.

Elvira, una vecina del barrio madrileño, explica que en su edificio se han colado en dos pisos que estaban vacíos y son propiedad de vecinos, accediendo a los inmuebles por las ventanas (segundos pisos) y cambiando la cerradura posteriormente. El miedo ha penetrado en la comunidad vecinal, que vigilan los “movimientos extraños”, para que no se produzcan más intrusiones en casas de los vecinos. La inseguridad se ha multiplicado, ya que los “okupas” han reaccionado de forma violenta al ser identificados por la policía, y al descubrir la oposición de los vecinos a su ocupación. Algunos propietarios de pisos bajos están soldando los barrotes de seguridad de sus ventanas para no dejar ningún resquicio.

Este ejemplo es uno de los muchos que se están produciendo en España, y que se han venido multiplicando por la crisis económica. En la capital española se han registrado casos parecidos en Navalcarnero, en el que unas 30 personas ocuparon casas de protección oficial; en Alto del Arenal, en el que unas 15 familias han ocupado viviendas que han quedado vacías porque los propietarios habían muerto; o en Villaverde, que cuenta con grupos de africanos que provienen de otros desalojos y se han instalado en viviendas deshabitadas.


Todos estos casos de ocupación generan una gran sensación de inseguridad en los vecinos al inmueble ocupado , ante la posibilidad de que el siguiente inmueble ocupado sea uno ya habitado. Además, los vecinos no saben cómo hacer frente a estos casos desde el punto de vista legal y el miedo no les permite dar el paso de la denuncia. El Imparcial ha hablado con varios abogados para aportar luz sobre este difuso apartado.

Jacobo Dopico, profesor de derecho penal en la Universidad Carlos III de Madrid, y asesor de la firma González Franco, cree necesario precisar dos divisiones a penal. El delito de allanamiento de morada y el de usurpación. El primero está tipificado en el artículo 202 del Código Penal, y es relativo a la ocupación de inmuebles donde vive alguien, de la “morada” de alguien. Este punto es aplicable a los casos en los que los “okupas” se cuelan en alguna casa habitada y no tienen la voluntad de abandonarla. En ese caso, el proceso es rápido ya que la actuación policial no requiere de autorizaciones provenientes del juzgado, según relata el secretario general de Madrid del Sindicato Unificado de Policía, Felipe Brihuega. En este caso, la policía tiene potestad para derribar la puerta si fuese necesario.

El delito de usurpación de bienes inmuebles, que es el mayoritario en los casos de ocupación de viviendas deshabitadas, según comenta Dopico, tiene dos vertientes, especificadas en el primer y segundo apartado del artículo 245 del Código Penal. El primero tiene que ver con la ocupación violenta de inmuebles que no son hogar de nadie (entrada de forma violenta en la vivienda con intimidación en las personas), mientras que el segundo se refiere a la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas, lo que representa la mayoría de los casos de ocupación relatados.

La pena por ambos delitos es de multa, y debido a la escasez de recursos de los “okupas” de las viviendas deshabitadas, suele ser la más baja posible, relativo a la renta del imputado. Ante una situación de ocupación de un inmueble, la comunidad vecinal debe acudir a la policía denunciando allanamiento de morada (si es una casa habitada) o usurpación de bienes inmuebles (si el inmueble no es el hogar de nadie), según nos explica el abogado Pedro Hernández Olmo. Además, comenta, los vecinos no son parte interesada directamente, ya que afecta al propietario del inmueble ocupado, por lo que las denuncias por la inseguridad no se pueden hacer efectivas, simplemente se pueden dirigir a faltas de tipo menor como las relativas al ruido, siempre que no haya habido violencia.


Felipe Brihuega explica que por lo general, los “okupas” no quieren problemas con los vecinos, ya que la necesidad que les lleva a meterse en viviendas ajenas, también les obliga a tratar de pasar desapercibidos. Sobre el perfil de los “visitantes”, Brihuega comenta que no está relacionado con la inmigración, son personas “sin recursos” y provenientes de chabolas en su mayor parte. Además, nos relata que en algunas ocasiones, los ocupantes provisionales utilizan la luz y el agua del edificio realizando una pequeña operación ilegal. En muchas ocasiones, la policía se encuentra en el inmueble ocupado con personas diferentes a las identificadas anteriormente, lo que retrasa el proceso de desalojo, sobre el que la policía no tiene autoridad sin una orden judicial previa. Este proceso dura meses, y la espera genera impotencia en la comunidad de vecinos que sufre a los “okupas” y la inseguridad que les genera su presencia.

La lucha institucional contra este tipo de episodios está siendo ardua por la gran dificultad de identificación y los largos plazos temporales de resolución. El Instituto Madrileño para la Vivienda (IVIMA) realiza tres visitas mensuales, en horarios diversos, a cada una de las casas de las que dispone. Durante el año 2007, se realizaron 87 desalojos (en más de 15.000 visitas a viviendas), mientras que en 2008 el dato ha crecido, con 100 desalojos en más de 23.000 visitas. Desde este organismo nos han precisado que la duración de espera hasta que se produce un desalojo puede llegar al año y medio.
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