13 de diciembre de 2019, 15:30:10
Opinion


Año judicial, annus horribilis



El acto de apertura del año judicial, celebrado ayer lunes, pasará a los anales de la historia jurídica como uno de los más politizados, si no el que más. Bien podría aplicarse al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aquello de “excusatio non petita, acusatio manifesta”, dado que el paisano de Rajoy basó toda su intervención en ponderar los logros de la Fiscalía Anticorrupción. Logros que pasaban, obviamente, por el número de actuaciones llevadas a cabo por Anticorrupción en procesos donde gentes próximas al Partido Popular estaban presentes, en mayor o menor grado. En honor a la justicia -nunca mejor dicho-, lo suyo habría sido que el fiscal general del Estado pudiese haber reseñado un número mucho más alto de intervenciones del Ministerio Público; aquellas cuyos protagonistas forman parte del entorno del PSOE. En suma, un poquito de neutralidad y equilibrio.

Desgraciadamente, es un hecho que la corrupción no es una lacra exclusiva de partido alguno, sino que afecta a todos más o menos por igual. Pero también es cierto que pocas veces en España ha sido más patente la dependencia jerárquica que el Ministerio Fiscal tiene del Gobierno. El PSOE ha utilizado sistemáticamente a “sus” fiscales como martillo pilón del PP, desprestigiando enormemente la labor de una institución cuyas responsabilidades en el mantenimiento de la seguridad jurídica que todo Estado de Derecho debe proporcionar son básicas. La excesiva politización de la justicia no es un mal achacable únicamente José Luís Rodríguez Zapatero. Sin duda, han incurrido en ese grave defecto gobiernos anteriores de ambos partidos. Pero también es un hecho que bajo el mandato del presente gobierno se registra un sensible empeoramiento. Por más que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, pida a los jueces que no se desanimen, lo que no puede exigirles es que miren hacia otro lado cuando la situación es la que es. La justicia necesita más recursos humanos y materiales y menos ingerencias políticas para funcionar como debe. Por algo hay separación de poderes, aunque en España tal cosa pareciera estar deteriorándose de forma preocupante.
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