8 de diciembre de 2019, 4:59:47
Opinion


¿Nos está volviendo racistas la crisis económica?

Alejandra Ruiz-Hermosilla


Como era de esperar, la Abogacía del Estado ha zanjado la polémica sobre el empadronamiento de inmigrantes “sin papeles” con un informe jurídico que concluye que es ilegal negar la inscripción en el padrón municipal a los extranjeros que no tienen residencia legal en España. No se les puede exigir más que el pasaporte, ni siquiera el visado de entrada, y las administraciones locales no tienen competencia para decidir si la estancia de un extranjero en nuestro país es legal o no. Sin embargo, los ayuntamientos sí tienen la obligación de prestar los servicios sociales básicos a todas las personas empadronadas en sus municipios. Y aquí, en esta norma de elemental humanidad, está el origen de un escándalo que ha hecho pasar a muchos españoles por racistas y xenófobos cuando no han exigido más que una modificación de la Ley de Extranjería que evite las políticas de inmigración que se rigen por el errático criterio de “papeles para todos”. La negativa del Ayuntamiento de Vic a empadronar a los “ilegales” no fue fruto de su odio al extranjero sino de sus dificultades para llegar a final de mes.

En tiempos de crisis económica, cuando los números no le salen a nadie, especialmente a los ayuntamientos cuyo modelo de financiación todavía está intentando cerrar este Gobierno tan capaz, despiertan todos los fantasmas, las peores pesadillas y también los instintos primarios de supervivencia. Es en este contexto en el que hay que interpretar la decisión del Ayuntamiento de Vic (gobernado por CiU junto a los socialistas y a ERC), incapaz como tantos otros consistorios españoles de hacer frente a las facturas mensuales. En su intento de sobrevivir a la crisis se olvidó de los derechos básicos de todo ser humano, tenga o no permiso de residencia. Es un error, pero no es para quemarlos en la hoguera. Como tampoco habría que lapidar a quienes, en el debate abierto en Vic, han optado por exigir al equipo de Zapatero una mejor gestión de la inmigración que evite los conflictos sociales que no han hecho más que empezar como consecuencia de las regulaciones masivas contempladas desde el desempleo y la crisis.

El presidente del Gobierno no ha tardado en demostrar su firmeza frente a las administraciones más débiles y ha asegurado que no consiente “trucos” legales de los ayuntamientos que recorten derechos a los inmigrantes. Como frase de pancarta está muy bien, sólo le ha faltado añadir aquello del “tufillo xenófobo” que acuñaron para calificar la propuesta del PP de un contrato de inmigración. Ahora sólo le queda cerrar la reforma del modelo de financiación local que no gusta a nadie para dotar a los municipios de los recursos necesarios para costear los servicios sociales básicos a los que todos tenemos derecho. Así, cuando cuadre el círculo, logrará de paso que nadie se equivoque y piense que los españoles nos infectamos de xenofobia en tiempos de crisis. Los españoles, ni en la peor de las situaciones económicas somos racistas, lo que sí somos es conscientes del despilfarro propagandístico de muchas de las políticas de este Gobierno y por eso estamos muy enfadados y cada día un poco más desesperados.
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