8 de diciembre de 2021, 4:36:15
Opinión


La otra crisis

Alejandro Muñoz-Alonso


La gravedad de la crisis económico-financiera que sufrimos –y que ya es evidente que no tiene remedio mientras siga este Gobierno, inútil e incapaz- ha puesto en un segundo plano a esa otra crisis, no menos grave, que es la crisis política. El sistema político diseñado en la Transición y que tiene su carta de naturaleza en la Constitución de 1978, ha sido erosionado de tal manera en estos últimos años que se está despeñando, en apariencia inevitablemente, por los precipicios de la disfuncionalidad y de la ineficacia. Esta democracia cada vez lo es menos. El sistema que, en su momento, supo por primera vez en nuestra historia combinar los intereses de todos y construir un marco en el que cabían todos, yace en ruinas. Y lo más indignante es que quienes manejan la piqueta en esta tarea de derribo del edificio constitucional son los mismos que han prometido guardarlo y conservarlo. La separación de poderes está seriamente dañada y se ha establecido un espurio presidencialismo que falsifica el espíritu de la Constitución. El Estado de Derecho empieza a ser un rótulo sin contenido real y la seguridad jurídica se esfuma víctima de los caprichos de magistrados politizados y de la prepotencia de los poncios autonómicos. Aquí se ha suprimido por decreto la vigencia de leyes que no gustaban y, en general, se ha adoptado como doctrina oficial la de uso alternativo del Derecho, en línea con las tesis soviéticas promovidas en su día por Vichinsky, creador de la idea de que el Derecho debe someterse a la ideología.

El espíritu tolerante e inclusivo de la Transición se ha visto desplazado por la reaparición de las querencias cantonalistas que como repugnantes zombis han salido de sus tumbas travestidas de soberanistas. Si siguen gobernando en el centro y en la periferia, sólo un poco más, los mismos que ahora nos desgobiernan, muy pronto podremos aplicar a ese espíritu de la Transición lo que Quevedo decía de la Roma clásica en uno de sus sonetos: “Buscas a Roma en Roma, ¡oh peregrino!, y en Roma misma a Roma no la hallas”. Versión poética de aquella famosa profecía de Guerra: “A España no la va a conocer ni la madre que la parió”. Y tanto y para peor. La actual clase gobernante es la peor que ha tenido España, al menos en los dos últimos siglos, por poner un límite: Hasta los ministros del rey felón, Fernando VII, de López Ballesteros a Javier de Burgos, tenían un nivel y una categoría a distancia galáctica de los Corbachos y las Aidos. A golpe de memoria histórica se ha regenerado el odio que tantas veces ha lastrado la historia española. Y a impulsos del sectarismo más abyecto se intenta dividir de nuevo a los españoles en categorías irreconciliables. Si de acuerdo con la definición clásica, un golpe de Estado es aquel que se hace contra la ley desde dentro del Gobierno, aquí se ha producido en los seis últimos años un silencioso y paulatino golpe de Estado que ha trastocado el sistema y violentado la Constitución, “por la puerta de atrás”, como ya se ha dicho en varias ocasiones.

El mercado único español ha desaparecido con graves consecuencias políticas y económicas, que hunden aún más esa credibilidad internacional de España que, en Davos, se ha enterado Zapatero de que ya no existe. Mientras la UE intenta derribar barreras económicas y la OMC apuesta por un mundo en el que el libre comercio sea una realidad, aquí se levantan innecesarias regulaciones autonómicas que espantan a una inversión extranjera más necesaria que nunca. Y se inventan estúpidas barreras lingüísticas que tienen un claro efecto disuasorio y lastran el dinamismo económico, además de ser neta e indiscutiblemente contrarias a la Constitución. Los niños y los jóvenes españoles son, escandalosamente, víctimas de un sistema educativo burocratizado hasta extremos ridículos que hacen casi imposible la calidad de la enseñanza. Un sistema, además, fragmentado que, en ciertas regiones de España, engaña miserablemente a los alumnos, sustituyendo la historia por insostenibles patrañas que engendran odio y violencia, pero que para esas jóvenes generaciones son la verdad indiscutible.

Desde antes de que llegara la democracia algunos hemos estimado que España necesitaba un cierto grado de autonomía que flexibilizara un centralismo que había dejado de tener sentido. Pero la autonomía no es un bien absoluto y debe tener unos límites que aquí se han superado hace mucho. Es inaceptable esa idea estúpida según la cual a mayor autonomía, más democracia, como vemos en varias regiones donde la deriva autonómica sólo produce un nuevo caciquismo y una escandalosa corrupción. Las bondades de la autonomía dejan de serlo cuando, a su socaire, se produce, como ha ocurrido aquí, un proceso de vaciamiento del Estado que está haciendo de él un artilugio inútil, vacío de competencias y de recursos. Debe quedar muy claro que autonomía no es soberanía y se debe perseguir, implacablemente y con la ley en la mano, esa deriva soberanista que ahora campa a sus anchas en algunas regiones. Entre el jacobinismo y esta deriva cantonalista hay un término medio que los nacionalistas no parecen dispuestos a aceptar y será preciso que lo aprendan, les guste o no les guste. Aquí no hay más “derecho a decidir” que el que tiene el pueblo español en su conjunto y cualquiera que se arroga esa pretensión comete un delito de alta traición y de lesa Constitución por el que debe pagar No hay en España ningún otro pueblo o nación con ese pretendido derecho a decidir. La Constitución sigue vigente, aunque algunos, evidentemente, lo han olvidado y creen que vale todo y que son admisibles todas las deslealtades. Los ingleses llaman “devolution” al proceso de descentralización, aquí nos hace falta una devolución literal: la de devolver al Estado algunas imprescindibles competencias que nunca debió abandonar.



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