28 de enero de 2020, 15:41:19
Opinion


El debate de las pensiones

Gregorio Izquierdo


En las últimas semanas se ha reabierto la cuestión de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. La razón es que nuestro sistema contributivo de pensiones funciona por el principio de reparto, según el cual los actuales cotizantes financian las pensiones de los que ya están jubilados, con la esperanza de que los cotizantes del futuro costeen las suyas, sistema que funciona relativamente bien en países con pirámides demográficas jóvenes como ha sido España en el pasado. El riesgo de quiebra del sistema viene ante todo de la mano del envejecimiento demográfico que deteriora de forma ineludible a la relación entre el número de cotizantes y pensionistas, al aumentar la esperanza de vida de los mayores y contraerse la tasa de natalidad de los más jóvenes. A ello, se añade el fuerte aumento del desempleo que lastra la recaudación de las cotizaciones sociales y el hecho de que la jubilación anticipada esté sirviendo como mecanismo de ajuste laboral, con la consiguiente sobrecarga añadida al sistema. El problema se agrava por la acumulación de deuda pública que reduce los márgenes para financiar el futuro desequilibrio de pensiones al aumentar el peso fiscal que tendrán que soportar las futuras generaciones.

A este respecto un reciente y rigurosos estudio de UNESPA ha situado en el año 2022 el momento aproximado en que el sistema rompería su equilibrio. Si esta ruptura no se va a producir antes, tal y como auguraron en su día otros estudios anteriores, ha sido como consecuencia del espectacular aumento de los inmigrantes afiliados y cotizantes a la Seguridad Social del anterior ciclo expansivo. Aunque la inmigración continuara en el tiempo, y es muy difícil que lo haga a los ritmos del pasado reciente, es del todo imposible que se revierta el diagnóstico de crisis del sistema, sino que simplemente se aplaza su momento de desequilibrio, al igual que lo pueden hacer otras variables, como las mejoras en las tasas de ocupación y de ingresos de los cotizantes futuros. La solución de mejorar el equilibrio del sistema subiendo cotizaciones, no parece que sea muy razonable, ya que dados los elevados niveles comparados en los que están situadas las mismas, se dañaría fuertemente el empleo y la competitividad. La causa es que las cotizaciones encarecen la contratación de trabajadores, disminuyendo el empleo que se ofrece, aumentando el paro y perjudicando la competitividad, ya que al incorporarse a los costes de producción nacionales y no hacerlo en la misma proporción en los costes de nuestros competidores, tenemos una desventaja competitiva a la hora de exportar y competir en los mercados internacionales.

Los que han accedido a una pensión hasta ahora han tenido mucha suerte, la razón es que incluso en el sistema contributivo, y con independencia de sus circunstancias de necesidad, la mayor parte de los individuos reciben más que lo que aportan desde una perspectiva actuarial financiera. Es decir, el valor presente de las prestaciones futuras que perciben es mayor que las cotizaciones que realizan, es decir, existe un balance negativo entre lo que se aporta y lo que se recibe de tal forma que la prestación recibida por el sistema ofrece una rentabilidad mayor que si se invirtieran sus aportaciones a una la tasa libre de riesgo a largo plazo. Cuando se dice que el actual sistema es justo porque los cotizantes actuales financian a los pensiones de ahora se está incurriendo en un grave error. La comparación lógica es la de revisar si las pensiones actuales están financiadas íntegramente con las cotizaciones anteriores de estos pensionistas, criterio que se incumple ya que hasta ahora la mayor parte de los pensionistas obtienen del sistema mucho más de lo que aportaron.

La viabilidad del sistema pasa en buena medida por recuperar en el sistema contributivo la proporcionalidad financiera entre lo que se recibe y lo que se ha aportado. Para ello existen dos grandes posibilidades, una es la de mejorar el ratio entre años cotizados y años de pensión, y esto es lo que justifica la propuesta de retrasar la edad legal de jubilación, aumentar el número de años mínimo para tener derecho a pensión y desincentivar la jubilación anticipada. Países de nuestro entorno como Alemania o Irlanda ya han aumentado su edad de jubilación a los 67 años, y es una medida que no tiene por qué ser muy traumática si se hace forma gradual y teniendo en cuenta las particularidades de cada profesión. La otra vía de ajuste pasa por acercar el importe de la pensión a las bases medias de cotización acumuladas por los individuos en su vida activa, lo que obligaría a que los años de cálculo de la base de la pensión, fueran todos los de la vida laboral de los individuos, y evitar lo que sucede ahora, que es hacerlo en base a los últimos quince años, período en que no pocos individuos elevan sus bases de cotización, tras haber estado a nivel mínimo, o incluso sin cotizar, la mayor parte de su vida.

Es verdad, que de introducirse estas reformas, habrá individuos cuyas pensiones se pueden ver reducidas, pero nadie plantea dejar de lado estas situaciones, sino que para ello están el nivel asistencial y el complemento de mínimos del nivel contributivo, los cuales bajo una justificada carencia de recursos (ingresos y patrimonio) deberían aliviar estas situaciones. Lo que se dice es que fuera de estos casos, en el sistema contributivo, lo justo y equitativo, es que cada uno reciba en función de lo que ha aportado. Si alguien quiere más pensión, lo que debe hacer es sacrificarse y ahorrar para ello, y no pensar tanto en que sean las generaciones futuras las que le solventen el problema. Por ello, deben potenciarse el ahorro previsión, y no como se hizo en el 2007, cuando se penalizó fiscalmente el cobro de las prestaciones de los planes de pensiones al suprimirse desde entonces el coeficiente corrector que se aplican al resto de rendimientos irregulares del trabajo.

Las pensiones son un asunto muy serio, que se debieran dejar fuera del debate político, pero nunca alejadas de las circunstancias económicas y demográficas que las hacen factibles. La equidad intergeneracional es el principio que más se olvida cuando se afronta este debate, y es que a las generaciones jóvenes, que por definición tienen menos recursos patrimoniales acumulados, que las generaciones maduras, las estamos dejando un ingente legado de deuda pública explícita y de deuda implícita de las pensiones de la Seguridad Social, volumen que podría ascender ya a cerca de otro 150 por 100 del PIB, como consecuencia de un Estado de Bienestar que la mayor parte nunca llegaran a disfrutar. Sería mejor adecuar el sistema a la justicia de dar de más sólo a aquellos que lo necesitan y no como ahora, que se hace de forma indiscriminada, sólo por el muy discutible criterio de haber nacido antes en el tiempo. Todo ello, sin olvidar que como dijo en su día, Assak Lindbeck, el padre ideológico del Estado del Bienestar sueco, “el peor enemigo del Estado de Bienestar, son sus acérrimos defensores, que lo hacen inviable al sobredimensionarlo respecto a sus posibilidades reales”.
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