20 de octubre de 2019, 3:16:25
Opinion


El Plan E local o la fractura de las relaciones intergubernamentales

Manuel Arenilla Sáez


Un año después de la puesta en marcha del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), o Plan E Local, dotado con 8.000 millones de €, es obligado realizar una primera evaluación, aunque estemos a la espera de que lo haga el flamante Ministerio de Política Territorial, más allá de sus notas de prensa.

La escasa transparencia es la primera característica que ha de señalarse en la tramitación, ejecución y seguimiento de dicho Fondo. Bastaría con que el Ministerio aportara una información del seguimiento del FEIL similar a la que suministra de los anuales Programas Económicos de Cooperación Local. La razón de esta opacidad puede encontrarse en lo que no era difícil pronosticar al inicio del FEIL: la falta de capacidad de ejecución del Fondo por parte de los gobiernos locales y del Gobierno de la Nación.

La información pública disponible sobre la evaluación y seguimiento del FEIL en la página web del Ministerio de Política Territorial nos muestra que el Plan no ha posibilitado la agrupación de los intereses municipales para la gestión del FEIL, ya que solo 6 de las 1.023 mancomunidades existentes han accedido a las ayudas del Plan. Éste impedía que se gestionase, o al menos se compartiese, el Fondo por las comunidades autónomas, diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares. Este hecho ha impedido atender los objetivos de planificación territorial y una adecuada distribución de los equipamientos e infraestructuras en el territorio, muy especialmente en los ámbitos espaciales dominados por los pequeños o muy pequeños municipios, de los que en España tenemos 5.797 de menos de 2.001 habitantes.

Los datos aportados por el Ministerio y su titular son más interesantes por la información que no ofrece, a saber: presupuesto contratado del FEIL; desglose de los proyectos por tipología y cuantía; grado de ejecución presupuestaria; modificados en las obras adjudicadas; número o porcentaje de obras finalizadas; territorialización de los datos anteriores; jornadas de trabajo en cómputo anual generadas por el Plan; o cuánto representan el empleo del total del gasto realizado.

Es posible ofrecer una serie de primeras reflexiones sobre el FEIL. La primera es que el Fondo ha favorecido a los grandes ayuntamientos al tener en cuenta exclusivamente el criterio poblacional, a pesar de que los Programas Económicos de Cooperación Local del Estado establecen una fórmula multicriterio que atiende a los profundos desequilibrios territoriales de la realidad municipal española, que ha sido consensuada durante años con los municipios y demás gobiernos territoriales.

La relegación deliberada por el Gobierno de la Nación del papel de comunidades autónomas, diputaciones, consells y cabildos en el diseño, gestión y seguimiento del FEIL –en la que se insiste en el Fondo de 2010- tiene el efecto, de romper el modelo de relaciones intergubernamentales establecido en la Constitución Española entre los tres niveles de gobierno del Estado en lo que a la cooperación local y la planificación de las inversiones territoriales se refiere, que caen claramente en el campo autonómico, provincial e insular y escasamente en el estatal.

La última reflexión deriva hacia el terreno de la eficacia de la gestión y de la ética pública. El FEIL ha coincidido con un año plagado de escándalos municipales de corrupción, todos ellos relacionados con cuestiones urbanísticas o de contratación. La enorme cantidad presupuestaria a ejecutar, la forma de contratación y los plazos exigidos por el FEIL a buen seguro que no han contribuido a rebajar los índices de corrupción municipal. Además, la obligación de los ayuntamientos de ajustarse apremiantemente a la oferta es más que probable que haya provocado que muchas de las inversiones resulten social y económicamente improductivas, cuando no directamente absurdas.

Como conclusión habría que señalar que quizá hubiese sido más eficiente y equitativo social y territorialmente haber incrementado los históricos, consensuados y mal dotados Programas Económicos de Cooperación Local del Estado (115 millones de € en 2008). Claro es que esto obligaba al Gobierno de la Nación a compartir el protagonismo de la inversión, la creación de riqueza y, en su caso, de empleo con los gobiernos territoriales y la oposición; pero los carteles del Plan E no son lo suficientemente grandes como para que en ellos quepan todos.
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