5 de diciembre de 2019, 16:54:21
Sociedad

el congreso debate la reforma del código penal


¿Despenalizar el "top manta" si el beneficio es pequeño?


El Congreso de los Diputados debate estos días la reforma del Código Penal para endurecer las penas por corrupción, terrorismo y pederastia, instaurar la cadena perpetua revisable para delitos graves y despenalizar del "top manta" si el beneficio económico no supera los 400 euros. La polémica está servida: ¿es correcto que un mantero pase hasta dos años en la cárcel y un asesino menos de cinco?


Mientras un inmigrante ilegal que sobrevive gracias a la venta callejera de CD's piratas que le proporcionan mafias se enfrenta a condenas de prisión de seis meses a dos años, muchos asesinos cumplen condenas que no exceden los cuatro o cinco años.

Este asunto ha abierto un fuerte debate en la sociedad española que ve cómo, mientras se condena de forma desproporcionada a personas por delitos menores, los responsables de agresiones sexuales, asesinatos y desapariciones son condenados penas mínimas, que no cumplen en su totalidad.

El Congreso de los Diputados debate estos días la reformadel Código Penal, que pretende que las penas por corrupción, terrorismo y pederastia sean mayores. Además, se dialogará la instauración de una cadena perpetua revisable para delitos graves, como atentados terroristas con víctimas mortales o asesinatos en los que medie agresión sexual -como propone el PP-, y la despenalización del "top manta" si el beneficio económico no supera los 400 euros, como ha propuesto CiU.

La plataforma de artistas y juristas "Ni un Mantero en Prisión" y la Plataforma de Juristas por la Despenalización de la Manta consideran que esta "apertura al debate (en medio de la reforma del Código Civil) es muy positiva, pero la propuesta es insuficiente: deja abierta la posibilidad de ingreso en prisión a la decisión arbitraria de un juez y no elimina la sustitución de la multa por más días de cárcel cuando las personas no pueden afrontar el pago".

En este momento, 96 personas se encuentran en la cárcel por delitos de piratería y más de 550 han pasado ya por las prisiones españolas. Uno de los casos más llamativos es el de un nigeriano de 29 años que fue condenado a una multa de más de 20.000 euros y a ocho años de cárcel por la suma de las condenas al haber sido detenido hasta en diez ocasiones, pero no es el único ejemplo.

Unas penas, desproporcionadas, teniendo en cuenta que la condena mínima por homicidio es de diez años y por violación, varía entre los seis y los doce años.

Ante esta situación, la plataforma de artistas y juristas "Ni un Mantero en Prisión" ya ha pedido más de 60 indultos al Gobierno y este sábado, junto a la Plataforma de Juristas por la Despenalización de la Manta, han salido a las calles de varias ciudades españolas con la acción simbólica "Manta Blanca" para denunciar el castigo "desproporcionado" que afrontan los vendedores del "top-manta".

Estas asociaciones defienden el derecho de los artistas a vivir de sus obras, pero opinan que no debe hacerse mediante "la desproporcionalidad que derrocha el Código Penal sobre los manteros". Lo más importante para ellas es que bajo ningún concepto se penalice la supervivencia.

A las penas por el "top manta" hay que añadir las que se incluyeron en el Código Penal con el carnet por puntos en 2007. Casi 3.000 personas cumplen condena en las cárceles españolas por algún delito relacionado con la seguridad vial. Por ejemplo, en el acumulado entre enero de 2009 y enero de 2010, el número de reclusos en prisión por este tipo de delitos se incrementó un 51,4 por ciento.

Un 33,2 por ciento por conducir sin vigencia u obtención del permiso, un 28,8 por ciento por conducción temeraria, un 26,4 por cieno por conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, un 4,8 por ciento por grave riesgo para circular, un 4,14 por ciento por negarse a realizar la prueba de alcoholemia, y un 2,7 por ciento por conducir a una velocidad superior a la permitida.

Frente a las penas por estos delitos, están las que atentan contra la vida de las personas o contra su libertad sexual. Sorprende que todas las semanas se conozca alguna condena que a ojos de la opinión pública puede calificarse como "ridícula".

Por ejemplo, María Jénnifer Guedes González fue condenada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria a dos años y cuatro meses de cárcel por homicidio en grado de tentativa. Guedes asfixió a su novio con una almohada durante más de un minuto, impidiendo que el oxígeno le llegase al cerebro y provocándole su actual estado semi vegetativo.

La Sala de lo Penal redujo la pena en varias ocasiones por el trastorno adaptativo que padece la homicida y por las amenazas e insultos de su pareja antes de la agresión. Además, la mujer había denunciado a su compañero por malos tratos en varias ocasiones.

También es cuanto menos curiosa la pena que la Audiencia Provincial de Murcia impuso a un hombre que en 2006 abusos de sus dos nietas, de 8 y 9 años. Sólo dos años y medio de prisión por los abusos cometidos con cada niña.

Salvador S.T., que golpeó a su suegro hasta la muerte, le cortó la cabeza y las manos, y arrojó su cuerpo, lastrado, al pantano de El Regajo, en la localidad castellonense de Jérica, fue condenado a cuatro años de cárcel.

Su mujer, que presenció los hechos, fue absuelta porque el homicida alegó que en el momento del suceso su suegro semidesnudo estuvo persiguiendo a su mujer, desnuda de cintura para arriba y que había recibido abusos y agresiones por parte de su padre desde que tenía cinco años.

El pasado febrero, la Audiencia de Pontevedra desestimó el recurso que pedía prisión preventiva para el ya ex guardia civil Jaime Maiz, que reconoció haber matado en 2008 a su novia en el cuartel de la Guardia Civil de Cambados, donde ella acudió para denunciarlo por malos tratos.

La Audiencia rechazó hasta en dos ocasiones el recurso presentado por la acusación particular en el que solicitaba su ingreso en prisión por riesgo de fuga del acusado y la alarma social creada. Además, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cambados cometió un error al firmar tarde la ampliación de la prisión preventiva.

La propia familia de la víctima está recogiendo firmas para que los asesinos confesos no puedan quedar en libertad hasta que se celebre el juicio.

Frente a estos trágicos casos, en los que las víctimas han quedado descontentas por las condenas, hay otros en los que las penas se consideran excesivas.

A finales de 2008, el juez del Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid acusó a dos jóvenes, que habían robado dos pizzas con un valor de 25 euros y empujado al repartidor, de un delito de "robo con violencia", penado con entre dos y cinco años de cárcel.

Esto les supuso el ingreso en prisión preventiva. Los jóvenes tardaron tres meses en salir de prisión y lo hicieron por arrepentimiento, buena conducta y el pago de una fianza superior a la exigida por la acusación.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Santander condenó a seis meses de cárcel por apropiación indebida a un taxista que se quedó con el teléfono móvil valorado en 700 euros, que un cliente se había dejado olvidado en el vehículo y con el que su mujer hizo dos llamadas.
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