21 de agosto de 2019, 10:28:59
Opinion


De cómo los gobiernos disfrazan órganos de participación: observatorios y consejos

Lourdes López Nieto


Por fin se ha conseguido que los políticos españoles sean fiel espejo de las personas a quienes representan, de acuerdo con la doctrina de la segunda y tercera magistraturas del Reino de España: “No te puedes imaginar la cantidad de cientos de miles de españoles que pueden gobernar...” , “Somos como los demás ciudadanos” . Obviamente esta doctrina, compartida de hecho por los demás partidos del cartel, es muy discutible y aunque la cultura política de los españoles tiene deficiencias, la desafección hacia los políticos ha crecido bastante en los últimos tiempos. ¿Será que la opinión pública prefiere otro tipo de políticos, más vocacionales y con dedicación temporal y menos profesionales y dependientes de por vida de la política? Si se incluyeran estas preguntas en los barómetros podríamos verificarlo.

Simultáneamente advertimos como florece con todo esplendor otra doctrina, de origen remoto pero incrustada hoy en el sistema parlamentario para mayor gloria de los partidarios del gobierno grande (big government), del predomino de los gobiernos sobre los parlamentos y de la representación colectiva. Me refiero a los diversos tipos de órganos cuyos fines formalmente son entre otros la consulta, asesoramiento, análisis, evaluación. ¿Cuantos son?, Incontables y de naturaleza diferente, ya que algunos muy razonables estaban amparados por la Constitución (Consejo de Estado, CES), otros surgieron al comienzo de la democracia (como el Instituto de la Juventud en 1983) y luego se han multiplicado como peces, esporas o conejos. Sin pretender ser exhaustivos existen más de diez sectoriales, otros tantos para materias económicas y un número superior para asuntos sociales. Pero estos órganos siguen aumentando por vías jurídicas diversas: el año pasado por ejemplo, el gobierno presentó un proyecto de ley (121/09) para crear órganos consultivos del Estado en materia agroalimentaria. Después mediante uno de los numerosísimos Reales Decretos (concretamente el 1721/09) aprobó el Consejo de Participación de la Mujer. Además y quizá para justificar la existencia del prescindible Ministerio de Igualdad, pero que forma parte del núcleo duro de la doctrina del actual presidente de gobierno, han creado observatorios en el citado ministerio y otros siete en otras dependencias públicas . En 2005 se creó el Observatorio de la Sostenibilidad, uno de los muchos órganos similares del Ministerio de Fomento y ahora la Ministra de Defensa incluye en un borrador de un proyecto de ley el Observatorio de vida militar.

La citada proliferación de órganos ha sido reproducida por las 17 Comunidades Autónomas y por diversos gobiernos locales de acuerdo con la tradicional práctica política característica del peculiar modelo de descentralización. Este consiste en copiar lo que haga el Gobierno de la Nación en la Administración General del Estado en los ámbitos territoriales subnacionales, independientemente de su color político, lo que constituye una nueva manifestación de la cartelización del sistema de partidos.

¿A quién sirven? Casi todos al gobierno que de esta forma refuerza su legitimidad ante las decisiones que adopta sobre cualquier materia o política pública en todo el proceso. ¿Cómo lo consigue? Sencillamente porque de hecho controla la composición de estos órganos, ya que aunque algunos tengan una composición paritaria (administración y sector social implicado), el ejecutivo siempre tiene mayoría al influir de alguna manera en el reclutamiento de parte de los miembros. Aparentemente se trata de unos órganos para la participación ciudadana, pero esta es solo de carácter colectivo y corporativo. Se crean en teoría con el objetivo de debatir, estudiar, asesorar acerca de materias sobre las que el gobierno ha legislado y administra. Su carácter permanente sustrae de hecho, no solo la iniciativa legislativa a los parlamentos como viene ocurriendo desde las últimas décadas del siglo XX, sino también, de hecho, el control sobre el quehacer del gobierno. Además, los sectores afectados tienden a presentar sus propuestas en dichos órganos antes que acudir a los diputados, alejando aún más representantes y representados. ¿Estamos pues ante verdaderos instrumentos de participación para los ciudadanos? La respuesta es negativa, ya que contribuyen a incrementar la deslegitimación del papel de los diputados y sustituyen la participación liberal democrática directa basada en el ejercicio individual de dicho comportamiento, por una representación colectiva, orgánica a veces al estilo soviet. Además, el acceso a dichos órganos está sometido a diversos filtros, como también lo está el quehacer de los mismos. Aunque la mayoría de estos órganos no incrementan el gasto público porque la infraestructura administrativa es pequeña, distraen la atención de políticos de actividades prioritarias, aunque indudablemente refuerzan la legitimidad de sus decisiones. Además les sirve como instrumento de control cuando les interesa y sobre quienes quieren. Sin duda un ejemplo paradigmático lo constituye el Consejo Audiovisual de Cataluña.
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