14 de diciembre de 2019, 23:15:54
Opinion


La cuestión de confianza y la idea boba de Constitución

Juan José Solozábal


Propongo una consideración de la situación actual de la crisis desde los parámetros de nuestro sistema constitucional de gobierno, o sea, el régimen parlamentario. No estamos por consiguiente en un sistema de opinión pública, en el que si al Gobierno le faltase el apoyo de esta hubiese de dimitir. La confianza del Gobierno no se pierde en el terreno de las encuestas o cuando el Gobierno se queda sin un crédito que se constituyese de modo indefinido o etéreo: el Gobierno ocupa el poder y se mantiene en él si tiene el respaldo parlamentario. Es una mayoría parlamentaria la que da derecho a gobernar, y es exclusivamente la pérdida de ese apoyo la que determina, fuera del trascurso de los cuatro años de duración de la legislatura, el cese ordinario del Gobierno.

Lo que pasa es que la relación fiduciaria se presume mientras dura la legislatura a no ser que decida verificarse a través de mecanismos concretos tasados, previstos específicamente en la Constitución, que son, como se sabe, la moción de censura y la cuestión de confianza, aquélla a iniciativa de la oposición, y en condiciones bien difíciles, pues se exige que quienes no estén de acuerdo con el Gobierno coincidan en la persona que encabece su sustituto, y la cuestión de confianza, a iniciativa del Gobierno. Estos mecanismos son muy importantes, y muestran el dinamismo de nuestra forma política, pues a través de ellos se permite la respuesta del sistema a las circunstancias o el ambiente político.

Son muy pocas las indicaciones constitucionales sobre el funcionamiento del sistema parlamentario, pero obviamente son muy importantes. La configuración constitucional del sistema parlamentario al optar por unas formas tasadas de verificación de la confianza parlamentaria, que se acaban de recordar, excluye que el Gobierno pueda deducir que carece del apoyo parlamentario porque no logre sacar adelante una determinada ley, aunque políticamente la conceda mucha importancia: ni siquiera la derrota de los Presupuestos supone la perdida de la confianza, pues entonces quedan prorrogados, sin ninguna duda, por un ejercicio más. Pero la configuración constitucional del régimen parlamentario adopta decisiones en relación, en concreto, con la verificación de la confianza parlamentaria que, dado su detalle, son difícilmente eludibles.

Me refiero claro está a la cuestión de confianza que la Norma Fundamental contempla como un instrumento en manos del Gobierno para reforzar o clarificar su posición política. Es un procedimiento de comprobación de la confianza parlamentaria del Gobierno actuado a iniciativa de éste y que persigue restablecer su credibilidad política. La Constitución no determina directa y expresamente las circunstancias en que procede su utilización, pero al referirse a su objeto (puede plantearse, según el art. 112 CE , por el Presidente del Gobierno sobre “su programa o sobre una declaración de política general”) permite hacerse una idea con bastante exactitud de la situación en la que este mecanismo de verificación de la confianza parlamentaria debe utilizarse. Parece lógico que en aquellos casos en los que se ha procedido a una rectificación fundamental del programa votado en la investidura o en que han ocurrido graves sucesos que determinan una línea política que se aparte sustancialmente de aquél, el Gobierno, por coherencia política, debería recabar la confianza del Congreso.

Ya se que hay quienes tienen una idea “leve” de la Constitución, de manera que sólo aceptan límites o mandatos de la misma, pues en su contenido no aprecian sino prohibiciones o imposiciones. Otros tenemos otra idea de la Constitución, como marco, a veces algo detallado, o mapa de actuación. Creo que mejor nos iría a todos si aceptásemos esta idea sustancial y no “boba” de la Norma Fundamental. Pero igual, también aquí, exagero.

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