16 de diciembre de 2019, 12:17:04
Economía

Las CCAA exigen una rectificación por retroceder en los derechos sociales


El Gobierno suprimirá durante dos años las ayudas a la compra de viviendas


La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que el Gobierno suprimirá en los próximos dos años las ayudas a la compra de viviendas con el fin de potenciar el alquiler y la rehabilitación hasta 2012 y para cumplir con el ajuste presupuestario que permita reducir el déficit público. Sin embargo, los gobiernos regionales han tachado la medida de retroceso de los derechos sociales y han denunciado "muchísima" falta de transparencia en el Ministerio de Vivienda, ya que las competencias están transferidas a las CCAA. Además, han asegurado que "van a exigir" una rectificación al ministerio.


La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció este martes que su departamento suprimirá "algunos incentivos a la construcción y la compra" de viviendas protegidas y priorizará las ayudas al alquiler y la rehabilitación de inmuebles para "reorientar presupuestariamente" el Plan de Vivienda 2009-2012.

Corredor explicó en una rueda de prensa con motivo de la Conferencia Sectorial que hoy mantiene con los consejeros autonómicos del ramo que, por el momento, no puede detallar a cuánto asciende el recorte en los presupuestos de su Ministerio para 2011, y que analizará bilateralmente con cada comunidad la aplicación del reajuste.

La ministra señaló que estas medidas se incluyen dentro del ajuste presupuestario anunciado por el Gobierno para reducir el déficit público e indicó que "hay que ser pragmáticos y priorizar en qué gastamos" para garantizar en un futuro "la eficacia de las políticas públicas de vivienda".

Añadió que dichos recortes se escalonarán durante este año y los dos siguientes, y que en 2010 se eliminará la reserva de eficacia para las comunidades que superen los objetivos convenidos con el Ministerio, así como la compensación del pago de las nuevas ayudas con fondos transferidos a las autonomías y cuyo destino no se ha justificado.

La ministra detalló que, en la actualidad, existen 628 millones de euros pendientes de justificación por parte de las comunidades, que "se irán reduciendo progresivamente en cada ejercicio".

Por lo que respecta a 2011 y 2012, no se renovará la subvención para las ventanillas únicas, se suprimirá la destinada a promotores para la urbanización o adquisición de suelo y se rebajará el 40% de las de promoción de vivienda protegida en alquiler.

Además, el Ministerio se planteará sustituir la Ayuda Directa a la Entrada (AEDE), por la posibilidad de permitir la ampliación de la hipoteca hasta el 90% del valor de la vivienda protegida, con lo que, según Corredor "se reduce la necesidad de ahorro para afrontar el pago de entrada a una vivienda protegida". Según la ministra, todas estas actuaciones supusieron en 2009 un coste de más de 500 millones de euros.

Asimismo, aseguró que estas medidas tienen que aplicarse "necesariamente" a la gestión del Plan de Vivienda, en tanto que recordó que se enmarcan en la estrategia del Gobierno de alcanzar en 2020 "una ratio del 20% de viviendas en alquiler y un peso del 35% de la rehabilitación del sector residencial".

También destacó que el Ministerio "seguirá cumplimentando sus políticas según su disponibilidad presupuestaria y cumplirá con los objetivos previstos para 2010", y añadió que las políticas autonómicas de vivienda no deberían estar "supeditadas a si tienen o no financiación estatal".

Corredor anunció que ha pedido su comparecencia ante la Comisión de Vivienda del Congreso para explicar los cambios introducidos en el plan, y señaló que este ajuste "se puede afrontar" gracias al "fuerte impulso presupuestario aplicado a las políticas estatales de vivienda desde 2004".

Duras críticas de las Comunidades Autónomas
Los consejeros de vivienda de las Comunidades Autónomas han mostrado su descontento y preocupación por los recortes presupuestarios anunciados por la Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada en Madrid. Los representantes autonómicos coinciden en que los recortes suponen un gran retroceso en materia de derechos sociales.

"Este recorte es un atentado muy importante, se puede entender una política de austeridad, pero no en este ministerio en el cual tenemos que buscar políticas sociales", ha manifestado el consejero catalán, Francesc Baltasar. En la misma línea la consejera de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, ha denunciado "muchísima" falta de transparencia en el ministerio. "Ellos toman decisiones, nos la comunican y no se dan cuenta de que los competentes en materia de vivienda somos nosotros", ha indicado.

Asimismo, la gran mayoría de consejeros han coincidido en la importancia social del ministerio de Vivienda y han denunciado que estas medidas afecten directamente a los ciudadanos y al "estado del bienestar", como ha referido el consejero de Murcia, José Ballesta. "La vivienda es un derecho básico al mismo nivel que la educación y la sanidad y estos recortes lo afectan gravemente", ha añadido.

Por su parte, los consejeros han manifestado su preocupación por los conciertos en la construcción de vivienda, que se verán interrumpidos. De este modo, el consejero de La Rioja Antonino Burgos ha recordado que en su comunidad la política de vivienda "es complementaria de la del Estado, y si ahora la modifican nos vemos muy afectados". "Si hay que hacer recortes que se recorten otras líneas del ministerio, no los acuerdos con otras administraciones", ha sentenciado.

Las CCAA han pedido a la ministra que los recortes sean "flexibles" y se ajusten en la medida de lo posible a los planes de vivienda autonómicos, ya que "deben adaptarse a la realidad de cada territorio porque cada comunidad tiene peculiaridades diferentes", según ha indicado el consejero de Aragón, Alfonso Vicente.

En este sentido se ha manifestado también el consejero gallego, Agustín Hernández, que ha pedido a la ministra que el recorte de adapte lo más posible para que Galicia pueda "priorizar" sus políticas de vivienda. Por su parte, la consejera madrileña ha pedido que "haya la suficiente flexibilidad para que cada región determine que línea de actuación va a ejecutar en su territorio".

Una de las medidas que ha provocado mayor descontento es la eliminación de la ayuda a la entrada directa para la compra de pisos, que "afecta especialmente a los jóvenes", como ha recordado el murciano José Ballesta. Antonino Burgos también ha expresado que "es la ayuda más demandada en La Rioja". "Es la que afecta directamente al ciudadano e intentaremos ver cómo paliar esta situación", ha señalado.

El representante de Canarias, Jerónimo Fregel, ha mostrado también su preocupación por la eliminación de esta ayuda, pero también ha destacado "un ajuste importante" en la reserva de eficacia que afecta especialmente a su comunidad. Por su parte, Alfonso Vicente lamenta también que Aragón no reciba la reserva de eficacia ya que contaba con la ayuda "para culminar los proyectos previstos".

La consejera asturiana, Noemí Martín, ha desvelado que "van a exigir" una rectificación al ministerio ya que "no se puede continuar con una política exclusiva de reducción en gastos y en políticas sociales. "Seguiremos luchando en reuniones bilaterales para conseguir que la afectación para los promotores y los ciudadanos sean mínimas", ha concluido Francesc Baltasar.

Los ajustes presentados por el Ministerio de Vivienda supondrán una reducción de la inversión que en algunas comunidades puede alcanzar el 50%.
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