29 de septiembre de 2021, 3:07:03
Opinión


Ana Iribar, ejemplo de dignidad

Javier Rupérez


Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordoñez, y presidenta de la Fundación que lleva el nombre del que fuera su marido, ha comparecido hace pocos días ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para aportar su testimonio en el curso de la tramitación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. En ayuda de los desmemoriados o de aquellos cuya corta edad les impide tener recuerdo directo de los hechos, conviene precisar que Gregorio Ordoñez, militante del Partido Popular, Concejal del Ayuntamiento de San Sebastián y parlamentario autonómico vasco, fue asesinado por pistoleros de ETA con un tiro en la nuca el 23 de enero de 1995, cuando almorzaba en un bar de la parte vieja donostiarra. En su breve y contundente alegato ante la Comisión Ana Iribar evocó la lentitud y la lenidad de la justicia al enfrentarse con los responsables del crimen:”Transcurrieron 12 años hasta que se juzgó a Francisco Javier García Gaztelu; Valentín Lasarte es hoy al parecer un preso arrepentido trasladado al norte con trabajo y salario en la cárcel y queda por ser juzgado José Ramón Carasatorre, quien según hemos sabido por la prensa cumple condena en Francia esperando ser extraditado”. Y añade Ana, con palabras no exentas de sarcástica amargura: “Pero, al parecer, todo esto va a mejorar”. Sentimientos que afluyen cuando, al evocar la “solidaridad” que el nuevo texto legal predica hacia la víctimas, lamenta la tardanza con que las instituciones vascas de las que Gregorio era miembro, gobernadas en San Sebastián por los socialistas y en Vitoria por los nacionalistas, dieron muestra de la misma “Una solidaridad que en el caso de Gregorio Ordoñez llegó con diez años de retraso en el ayuntamiento de San Sebastián y trece al parlamento vasco, en forma de placa conmemorativa”.

Se muestra la señora Iribar gratamente sorprendida ante la tramitación de una ley consensuada por todos los grupos políticos de la Cámara y basada en los grandes conceptos de “memoria, dignidad, justicia y verdad” pero no puede por menos de mostrar su escepticismo al comparar la dimensión de las intenciones con la crudeza de los hechos. “Esos mismos conceptos…han inspirado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo durante esta última década e incluso han encabezado las manifestaciones convocadas por esta asociación contra la negociación del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA”. Y sentencia:”Esta Ley me parece un ejemplo de pura paradoja si la contemplamos en el tiempo y en el espacio en los que se gesta…suman cuarenta y tres los ayuntamientos vascos y navarros gobernados por la ANV” -la marca blanca de ETA, conviene recordar- y en “Mondragón, por ejemplo, donde fue asesinado el ex concejal socialista Isaías Carrasco, las ayudas a los presos figuran el área de servicios sociales del ayuntamiento”. A juicio de la compareciente, “esta situación es en sí misma una indignidad cruel para cualquier víctima del terrorismo”. Aunque añada a continuación, no sin acidez, “pero entiendo que esta Ley va a cambiar las cosas”.

La pieza oratoria de Ana Iribar, en su brevedad, constituye un ejemplo de contundente concisión y merecería tener amplio conocimiento en la España largamente martirizada por el terrorismo. Debería constituirse en elemento de obligatoria enseñanza para todos aquellos que, en la política o fuera de ella, han hecho de los eufemismos, de las falsedades, de las complicidades, de las cobardías o, como dice Ana Iribar, “de las miradas hacia otro lado”, la vergonzosa norma de conducta personal y colectiva cuando se ha tratado del terrorismo y de los que lo practican. Los que siempre están dispuestos a echar un capote a los asesinos mostrarán caras falsamente compungidas e hipócritamente comprensivas ante las verdades como puños que Ana lanza, con la venenosa especie, tan practicada por los nacionalistas de toda laña y sus eventuales o permanentes compinches, de que tratándose de las víctimas solo cabe esperar exageración. No saben los tales lo que es la exageración. No imaginan los grados de sufrimiento, de humillación, de impotencia, de aniquilamiento que los bravos gudaris del hacha y la serpiente han infligido, y siguen infligiendo a las multitudes de inocentes cuya única culpa era no participar en su proyecto genocida de limpieza étnica e ideológica. Bienvenida sea la Ley y sus beneméritos propósitos, dice Ana Iribar y muchos con ella. Pero no a costa de convertirla en un texto mordaza, en una ley de punto final, en un borrón y cuenta nueva. El olvido exige justicia. El pasar de página necesita reparación. La dignidad, como el cariño verdadero de la copla, ni se compra ni se vende.

Es ahí, al final de su intervención, cuando Ana Iribar lanza su certero aviso: “devolvería hoy hasta el último céntimo de las indemnizaciones y renunciaría a ellas si con ello tuviera la seguridad, si con ello se comprometieran ustedes con esta Ley a no negociar con los terroristas, a impedir su participación en las instituciones, a perseguir y a aislar a los terroristas y a sus cómplices, a defender el cumplimiento íntegro de las penas e impedir casos tan terribles como el de Juana Chaos o el Pilar Elías en Azcoitia”. Es un reto y a la vez un programa para la recuperación de la dignidad perdida que debería incluir naturalmente la retirada por parte de las Cortes Generales del infame texto que autorizó la negociación con ETA, del similar que fue sometido a la consideración del Parlamento Europeo y de cualquier otra manifestación gubernamental que en el pasado diera lugar a la mas mínima confusión al respecto. Incluyendo la pública y plena desautorización de los correiveidiles del terrorismo que bajo la forma de supuestos mediadores internacionales, con premios Nobel o sin ellos, no hacen más que alimentar a la fiera del crimen.

Por mi parte, la que me corresponde como víctima del terrorismo al haber sido secuestrado en noviembre de 1979 por un comando de ETA dirigido por Arnaldo Otegi, me sumo plenamente a la propuesta de Ana Iribar, renunciando a cualquier indemnización que me pudiera corresponder según la nueva Ley si con ello obtenemos las seguridades a las que la viuda de Gregorio Ordoñez se refiere. Son las que necesitan las víctimas, y todos los españoles, para garantizar su protección integral. Y su dignidad.
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