2 de junio de 2020, 12:31:53
Opinión


¿Quién paga la universidad publica?

Alieto Guadagni


Todos sabemos que el gasto público en educación es crucial para asegurar la incorporación de niños y jóvenes al difícil mundo laboral de este siglo XXI, en el cual se profundiza la competencia entre las naciones globalizadas ya a escala planetaria. También sabemos que el gasto público en educación primaria es fuertemente progresivo, es decir “pro-pobre”, ya que en las escuelas primarias públicas por cada alumno que proviene del 20 por ciento más rico de la población hay cinco que provienen del 20 por ciento más pobre.

También sabemos que el gasto público en educación primaria es muy insuficiente en Argentina, ya que apenas 5 de cada 100 niños asiste a escuelas con jornada extendida, incumpliendo así abiertamente la Ley de Educación que establece que esta proporción debería alcanzar al 30 por ciento esta año 2010. La situación es mucho más grave en las escuelas públicas del conurbano bonaerense, donde menos de 2 niños cada 100 tiene las posibilidades de acceder a escuelas con jornada extendida. Esto es muy grave y denota un gran atraso educacional en nuestro país, baste decir que prácticamente ya casi la totalidad de los niños chilenos tiene los beneficios que significa acceder a escuelas con jornada extendida. El panorama es muy distinto cuando consideramos el gasto público universitario. Recordemos que por cada 8 alumnos que provienen del 20 por ciento más rico de la población hay apenas uno que proviene del 20 por ciento más pobre.

En este sentido es ilustrativo prestar atención a lo que nos dice el último Censo Universitario de la Universidad de Buenos Aires (correspondiente al 2004). Si queremos saber si el gasto público universitario es “pro-pobre” es importante prestar atención a la proporción de alumnos universitarios de la UBA que provienen de escuelas públicas. Las cifras nos dicen que hay un fuerte predominio de alumnos que provienen de escuelas privadas pagas. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho hay 18.104 alumnos que provienen de escuelas privadas y apenas 12883 que han egresado de escuelas públicas.

En la Facultad de Ciencias Económicas tenemos 27.559 alumnos que vienen de escuelas privadas y apenas 16.555 que han egresado de establecimientos públicos, En todas las Facultades hay predominio de alumnos egresados de escuelas privadas, con la única excepción de Filosofía y Letras, donde hay 7686 alumnos originarios de escuelas públicas y 6445 de escuelas privadas. Este Censo nos dice que en la UBA había 161.212 estudiantes provenientes de institutos privados y apenas 127.239 que habían egresado de escuelas secundarias públicas. Es decir que más de la mitad de los estudiantes de la UBA (el 55,89 por ciento) habían egresado de escuelas privadas.

Esto significa que el gasto público universitario no puede ser considerado “pro-pobre”, ya que concentra sus beneficios en los estamentos medios y medios-altos de nuestra sociedad. Ante esta realidad, que va más allá de los prejuicios o visiones simplistas y reduccionistas, es evidente que cualquier esquema que signifique que quienes tienen recursos contribuyan solidaria y razonablemente a sostener la universidad pública que los capacita para mejorar sus futuros niveles de ingreso puede mejorar la equidad distributiva.

De esta manera, con una visión auténticamente social se podrían, por ejemplo, generar recursos financieros para que los niños pobres accedan rápidamente a los beneficios de una fortalecida y bien equipada escuela pública primaria, tal como lo dispone la lamentablemente incumplida Ley 26075 sancionada en el año 2005.
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