14 de diciembre de 2019, 4:37:22
Opinion


Declaración del estado de alarma

Benito José Egido Trillo-Figueroa


El Real decreto 1673/2010 de 4 de diciembre, dado en la Embajada de España en Buenos Aires, al encontrarse S.M. el Rey en ese país, determina en su artículo 1 que "se declara el Estado de Alarma con el fin de afrontar la situación de paralización del servicio público esencial del transporte aéreo". Según la disposición final única, "el presente real decreto entrará en vigor en el instante de su publicación en el ". El Real Decreto se ha publicado ya en un Boletín Oficial del Estado extraordinario y, en consecuencia, ha entrado en vigor.

Lo anterior nos lleva a escribir unas líneas que vamos a procurar que sean muy breves pero, al mismo tiempo, perfectamente comprensivas para los lectores en general y más en particular, por si alguno pudiera tener cualquier duda, para los controladores aéreos a los que va dirigido el Real Decreto.

El artículo 116 de la Constitución Española determina:

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

En desarrollo de este precepto constitucional se aprobó la Ley Orgánica 4/81 de 1 de junio de los Estados de Alarma, excepción y sitio.

Del conjunto de ambas normas resulta lo siguiente :

a) Que es constitucional la declaración del Estado de Alarma siempre que se cumplan los requisitos y previsiones establecidos en el artículo 116 de la Constitución y en la Ley Orgánica 4/81 de 1 de junio.

En el caso que analizamos, la paralización del servicio público esencial del transporte aéreo, por la ausencia de todos o la mayoría de los controladores aéreos de sus puestos de trabajo, se dan todos ellos:

- La medida se ha declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días (artículo 5 de RD).

-Se ha adoptado, y así se señala en el preámbulo del Real Decreto, ante "las circunstancias extraordinarias que concurren por el cierre del espacio aéreo español como consecuencia de la situación desencadenada por el abandono de sus obligaciones por parte de los controladores civiles de transito aéreo (que impiden el ejecicio del derecho fundamental, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Española a todos los españoles a la libre circulación por todo el territorio nacional e igualmente a todas las personas en los tratados y convenios de los que España es parte) y determinan la paralización de un servicio público esencial para la sociedad como lo es el servicio de transporte aéreo). Basta ver las imágenes de los aeropuertos españoles que nos han hecho llegar todas las televisiones para comprender que la justificación del decreto se corresponde perfectamente con las exigencias que se pretenden de "recuperar la normalidad en la prestación del citado servicio público y restablecer los derechos fundamentales de los ciudadanos". La situación creada era gravísima por la afectación a los derechos y por las gravísimas consecuencias que para la economía y la imagen de España estaban teniendo y podían tener de no utilizarse todos los medios legales previstos para restablecer la normalidad. Es verdad que es la primera ocasión en que se declara el estado de alarma en la democracia, pero pocas veces habrá en que esté tan justificado y tenga mayor respaldo social.

No debemos olvidar que existe el derecho constitucional de los trabajadores a la huelga reconocido en el articulo 28.2 de la Constitución, pero si lo que pretenden los controladores aéreos es ejercer este derecho deberían haber tenido en cuenta lo previsto en el Real Decreto Ley 17/1977 para, tal como prevé nuestra Constitución, se asegurara el mantenimienro de los servicios esenciales de la comunidad.

- Se ha delimitado el ámbito territorial y material a lo extrictamente imprescindible: todo el territorio nacional, pero dentro de él sólo "a la totalidad de las torres de control de los aeropuertos de la red y a los centros de control gestionados por la entidad pública empresarial < Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)>".

- Se han preservado todas las facultades ineherentes a las licencias, habilitaciones, anotaciones y certificados médicos de que sean titulares (los controladores), si bien ejercerán dichas atribuciones, en todo caso, bajo la organización y supervisión del Ejército del Aire (artículo 4 RD).

E incluso aunque de manera que nos parece un poco confusa, se prevé que "los procedimientos a que se refiere el artículo 3 de este Real Decreto iniciados y no terminados durante la vigencia del estado de alarma continuarán su tramitación una vez extinguido dicho Estado, con sujeción a la legislación laboral o administrativa". Como quiera que el artículo 3 prevé la aplicación de las leyes penales militares a los controladores aéreos, nos preguntamos si también esos procedimientos penales, que puedan instruirse, terminada la vigencia del estado de alarma, se continuarán, con sujeción a la legislación laboral o administrativa y en ningún caso por la juridisdicción ordinaria. Lo normal sería que si los hechos que hubieran dado lugar al procedimiento pudieran ser constitutivos de un delito común, se continuaran por la jurisdicción ordinaria.

El Real Decreto, tal como está previsto en el artículo 3 del mismo, supone que "todos los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA pasan a tener, durante la vigencia del Estado de Alarma, la consideración del personal militar a los efectos de lo previsto en el artículo 10.1 de la citada Ley Orgánica (LO 4/1981) y, en consecuencia, quedan sometidos a las órdenes directas de las autoridades designadas en el presente Real Decreto, y a las leyes penales y disciplinarias militares, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8.5 de la Ley Orgánica 13/1985 de 9 de diciembre.

La Ley Orgánica 13 /1985 es el Código Penal Militar, que le sería aplicable a los controladores aéreos, en toda su integridad, conforme el artículo 8.5 en toda su integridad, pues según el mismo, a los efectos de este código se entenderá que son militares quienes posean dicha condición, concretamente en lo que ahora nos interesa cuando " con cualquier asimilación militar presten servicio al ser movilizados o militarizados por decisión del gobierno", que es lo que ha ocurrido en este caso.

C. A partir de ahora, pero no por los hechos que puedan haber ocurrido antes de la entrada en vigor del Real Decreto, los controladores, como hemos dicho, pueden cometer cualquier delito militar, pues ya reúnen el requisito que prácticamente todos los tipos previstos en el código penal militar exigen que el sujeto activo del mismo sea militar. No sólo, por tanto, el delito de desobediencia, castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión o hasta 6 años si la desobediencia consistiera en rehusar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones militares, sino otros como el de sedición militar, cuyo tipo básico castiga a los autores con penas de hasta 10 años o el de insulto a un superior.

También les es de aplicación la Ley de Régimen disciplinario de las fuerzas armadas que prevé sanciones, de las cuales la más grave sería la de separación del servicio y que permiten incluso la imposición de arresto de hasta dos meses en establecimiento disciplinario militar.

D. Lo previsible, a la vista de las últimas noticias que nos llegan es que no haya lugar a la aplicación de la legislación militar, pero en el supuesto de que algún controlador persistiera en su actitud de no trabajar, por el mando militar que se ha hecho cargo de las torres de control de los distintos aeropuertos se les ordenaría a los que persistieran en ello que desempeñaran el trabajo encomendado, y ello de la forma prevista en el artículo 19 del Código Penal Militar, para que a los efec tos del mismo se entendiera que efectivamente es una orden, y que según el citado artículo es:
"... todo mandato relativo al servicio que un superior da ,en forma adecuada y dentro de las atribuciones que legalmente le corresponden, a un inferior o subordinado para que lleve a cabo u omita una actuacion concreta".

Esperemos que este artículo, ni ningún otro del Código Penal Militar o de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, tengan que aplicarse a los controladores aéreos pero, en su caso, y desde un punto de vista estrictamente jurídico, tenemos que decir que la medida reuniría todos los requisitos legales y sería plenamente ajustada a derecho.
El Imparcial.  Todos los derechos reservados.  ®2019   |  www.elimparcial.es