25 de septiembre de 2021, 5:09:24
Derecho

AL PASO


Una lectura constitucional de la crisis



Lo primero, me parece, para lo que ha servido la crisis de los controladores aéreos ha sido para mostrar la verdadera naturaleza del poder del Estado que llamamos Gobierno y que no siempre se comprende adecuadamente: el Gobierno sobre cualesquiera otras funciones en las que se insiste muchas veces, es un órgano ejecutivo. Su tarea no es entonces proyectiva o de orientación, sino reactiva y de conservación. Lo que se espera del Gobierno al frente del Estado es una actuación inmediata y de propia iniciativa, adoptando las decisiones, que en el espectro de sus competencias, responda a las demandas que la vida de la colectividad impone inexorablemente en unas determinadas circunstancias.

Los gobiernos no están para proponerse cambios en las actitudes o mores de la sociedad, ni han venido al mundo para llevar a cabo transformaciones ideológicas o encarnar proyectos filosóficos. Lo que la comunidad espera de ellos no es que les muestren la vida buena sino que les deshagan expeditiva y eficazmente, more ejecutivo, de lo que puede causarles su ruina.

En la época medieval, cuyas enseñanzas con tanta precipitación solemos desdeñar, se dibujaba bien este, vamos a decirlo así, perfil bajo del Gobierno en la teoría política , atribuyéndole la tarea de establecer la pax et tranquilitas o justitia, como función conservativa, o una función más activa, la gubernatio o cura, que trata de asegurar la prosperidad del pueblo. El liberalismo, aceptando la teoría de la separación de poderes, según el conocido esquema de Locke y especialmente Montesquieu, reconoció al Gobierno su naturaleza ejecutiva, pero hasta cierto punto la desdibujó al proponer una idea de tal órgano limitada a una labor secundaria y subordinada respecto del Parlamento, pues sus funciones se limitaban a la ejecución de la ley, dictando los reglamentos de desarrollo de la misma.

En nuestros días la teoría constitucional caracteriza al Gobierno como órgano que asume la dirección del Estado (y en esta línea se configura la institución en nuestra Constitución), llevando a efecto el protagonismo político que se reclama en todos los sectores de la sociedad y desde todas las ideologías, aun de las que abominen de labios afuera del intervencionismo del Estado. Es una idea peraltada del Gobierno, que insiste en la capacidad del mismo para establecer una línea de actuación del Estado de modo independiente, como si no existiesen márgenes imperiosos en la empresa política, establecidos por poderes extraños a la propia comunidad. Se ignora así, con mucha frecuencia, que al lado de esta línea orientativa o proyectiva, proponiendo un plan de acción estratégica política para el Estado, lo que significa al Gobierno necesariamente es su condición de órgano de respuesta inmediata y contundente, eficaz en suma, a los problemas de la comunidad.

Comprenderán ustedes que en este momento mi satisfacción, hasta cierto punto vista la causa, sea doble: Primero constato una actuación irreprochable del Gobierno desde un punto de vista constitucional, utilizando las habilitaciones ciertamente muy amplias, que establece nuestra legislación cuando, en el marco de la Norma Fundamental, regula el estado de alarma. Estoy plenamente convencido que en la coyuntura de la pasada semana, solo la militarización del servicio de los controladores aéreos, podía garantizar el restablecimiento plenamente operativo del tráfico del espacio. Nótese con todo que la actuación de las medidas tomadas no libera al Gobierno en su ejecución del compromiso de prudencia, a que obliga la observancia del principio de proporcionalidad, lo que resulta especialmente pertinente en la comprensión que la militarización comporta. Y que la actuación del ejecutivo al declara el estado de alarma, sobre estar condicionada en el plazo, no excluye su responsabilidad política y aun jurídica al respecto. Asimismo el acierto en la solución de la crisis no dice nada sobre la gestión del Gobierno en la negociación con los controladores, que es una situación en la que el éxito ciertamente no le ha acompañado, tal vez no por su culpa.

Pero, en segundo lugar, decía, esta ocasión sirve para poner de relieve la verdadera naturaleza de la condición del Gobierno como órgano ejecutivo del Estado, invitando a una comprensión correcta de la función de dirección política que se le atribuye en nuestro sistema. Hay entonces en esta crisis una lección de derecho constitucional en vivo, que merece que retengamos todos.
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