19 de septiembre de 2021, 0:02:58
Opinión


La cuestión autonómica

José Manuel Cuenca Toribio


De un tiempo a acá, el tema autonómico semeja haberse convertido en la serpiente del lago Ness de la vida pública española. Cuando en ésta amengua el caudal de información sobre las divisiones entre sus principales formaciones políticas –más propias, a las veces, de una tribu africana que de un Parlamento occidental-, salen con fuerza a la superficie el acierto o desmaña del modelo de Estado que la Constitución de 1978 trajo consigo.

Según se recordará, en el tránsito del siglo XIX al XX algunos de los problemas nacionales que más inquietaban a los contemporáneos recibieron invariablemente el calificativo de “cuestión”, bien expresiva del carácter primordial y desazonante de su naturaleza. De esta manera, “la cuestión social”, la “cuestión africana”, la “cuestión clerical” y aún, en círculos más minoritarios, la “cuestión universitaria” se convirtieron, entre otras más circunstanciales y menor entidad, en asuntos recurrentes de la convivencia española, con incesantes análisis y aportaciones a cargo de los sectores ideológicos y culturales más sensibles. Al igual que entonces sucediera con otras materias de gran magnitud e impacto, el tema del ordenamiento estatal –a menudo complejo en casi todas las democracias- reviste en el horizonte de este arranque del siglo XXI todas las trazas de una “cuestión” de calado hondo y trascendente para la marcha del país. El inacabable desenvolvimiento de la crisis económica, con su letal proyección en los nervios esenciales de la colectividad, reactiva con fuerza la controversia autonómica. El turbador déficit de las finanzas públicas remece como un gigantesco antuvión la crítica de los ciudadanos de a pie y de los expertos acerca de los dispendios y disfuncionamientos inherentes per se, conforme a una opinión muy extendida, al Estado de las Autonomías. La unilateralidad y simplificación que, en las situaciones de pánico como la presente, se imponen en la generalidad de las gentes determinan que los culpables y chivos expiatorios que con frecuencia se buscan no compendien ni, a las veces, incluso, tengan un protagonismo destacado en las causas que suscitan la emergencia social.

Obviamente, la deriva autonómica en su más de un tercio de siglo de recorrido descubre no pocos fallos e insuficiencias; pero antes de pronunciarse con rotundidad sobre ellos habrá de tenerse en cuenta algunas variables de importancia. ¿Qué alternativa se ofrecía más favorable en la hora de impulsarla? ¿Han sido sus costes superiores a los entrañados por otras fórmulas en regímenes pluralistas? ¿En una nación de la identidad de la española cabe hoy hallar una arquitectura jurídico-administrativa más unificadora y cohesiva? Por supuesto que los partidarios del centralismo –nunca fue éste demasiado roborante en las latitudes hispanas- y del federalismo –voluntarista y desiderativo en sus experiencias ibéricas- apostarán sin vacilar por la bondad de sus respectivos credos. Pero, hinc et nunc, sus opciones no se revelan demasiado viables; uno, por rezagado, y otro por adelantado. Aunque así se afirme de modo apresurado, no se halla privado nuestro Estado de elementos integradores y de resortes o mecanismos de coordinación, como en ocasiones mantienen sus críticos o adversarios. En las escasas tesituras en que los programas de ámbito globalizador –peninsular e insular- lograron implementarse –y se sigue consiguiendo (no hay que ser en exceso catastrofista)-, las 17 piezas de la máquina actuaron con puntualidad y eficacia.

Refórmese a fondo el Estado de las Autonomías; trabaje a destajo la tijera de excrecencias, frondosidades y malformaciones, mas no nos adentremos, en días de tormenta, en aventurerismos ni ensoñaciones. El más elemental realismo –la apelación al más ingenuo patriotismo, acaso disonaría- impone que el momento de mudar la estructura estatal no se atisba aún en el panorama de las urgencias nacionales.
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