18 de enero de 2020, 5:15:24
Opinion


Nuestra democracia en juego: ¿justicia independiente?

David Ortega Gutiérrez


España se define en nuestra Constitución como un “Estado social y democrático de Derecho” (art. 1.1 CE). Por lo demás, la justicia -junto con la libertad, igualdad y pluralismo político- es uno de los cuatro valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que es la justicia el pilar fundamental de cualquier régimen democrático. Sin Estado de Derecho, simplemente, no hay democracia; sin una buena justicia, quiebra nuestro Estado de Derecho.

El pasado jueves 10 de marzo la nueva Asociación de Jueces “Concepción Arenal” se presentó en sociedad con una muy interesante jornada sobre la Justicia ante la crisis. Tuve el honor de participar en la última de sus sesiones junto a otros representantes de partidos políticos. Se trataron diferentes problemas de la Administración de Justicia, pero me preocupó que ningún representante de los partidos presentes -PSOE, PP y CiU; PNV no fue- pusiera sobre la mesa el principal problema: la falta de independencia del poder judicial, que tuve que sacar y plantear en nombre de UPyD. En este tema nos jugamos muchísimo y es importante que los ciudadanos conozcan cómo está la cuestión.

Es básico para nuestro régimen democrático despolitizar nuestras Instituciones constitucionales claves en el ámbito de la justicia, concretamente el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Fiscal General del Estado. Mientras estas tres Instituciones no funcionen totalmente al margen del PSOE y del PP, nuestra democracia está fuertemente herida. Felipe González en 1985 dio el terrible golpe de gracia -más bien de desgracia- al modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y pasar su órgano de gobierno -el CGPJ- a ser elegido totalmente por las Cortes Generales, es decir, en aquel caso, por la mayoría del PSOE (hasta entonces de los 20 vocales del CGPJ, 8 los elegían las Cortes y 12 los propios jueces). A partir de entonces nuestra democracia comenzó a deslizarse por una peligrosa senda que nos ha llevado hasta hoy, donde se habla de vocales del CGPJ del PSOE y del PP, o magistrados del TC conservadores o progresistas. La LOPJ de 1985 fue recurrida ante el TC (por posible vulneración del art. 122.3 CE), en su STC 108/1986 el Tribunal muestra su excesiva inocencia, a la luz de lo acontecido desde entonces, con las siguientes palabras que merece la pena hoy destacar: “Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atienden sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyendo los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”.
Lamentablemente los peores augurios del TC se han cumplido, en parte por culpa suya, y también por irresponsabilidad democrática tanto del PSOE como del PP, pues ambos podían reconducir esta situación. Pero han hecho lo contrario, empeorarla, tanto es así que por primera vez en democracia una asociación judicial -Foro Judicial Independiente- ha impugnado por su politización los recientes nombramientos de los Presidentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. Ya la misma asociación había promovido hace un año un manifiesto a favor de la independencia judicial que fue firmado por la mayoría de los jueces. Es muy buena noticia que los propios jueces comiencen a reaccionar, la sociedad civil debemos darles todo nuestro apoyo, nos jugamos el futuro de nuestra democracia.

Sin duda algo está cambiando en estos meses, no sólo una asociación de jueces ha dado un primer paso, sino que incluso algún magistrado del Tribunal Supremo ha comenzado también a poner el dedo sobre la yaga en una resolución judicial. La reciente STS de 25 de enero de 2011 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene un muy interesante voto particular del magistrado Peces Morate que dice en su fundamento sexto: “Las sentencias de fechas 3 de febrero de 2011 (recurso 137/2010) y 7 de febrero de 2011 (recurso 337/2009) declaran probado que “los nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial recaen, muy por encima de la proporción de miembros de la Carrera Judicial asociados, en afiliados a las asociaciones de jueces y magistrados, particularmente a las Asociación Profesional de la Magistratura y a Jueces para la Democracia”. Para más adelante decir “la de fecha 7 de febrero de 2011 (recurso 343/2009) se hace eco de “la notoriedad que ha adquirido la preocupación social existente sobre que en los nombramientos de los altos cargos judiciales están primando pactos o cuotas asociativas”. Para concluir con un muy claro y más que preocupante fundamento séptimo que señala: “De todos esos hechos acreditados se deduce, con toda lógica, que en el Consejo General del Poder Judicial y en su Comisión de Calificación se pactan y distribuyen los nombramientos por razones clientelares y, una vez realizada la elección, se justifica o motiva”.

No es momento para la tibieza o para ponerse de perfil, estimo que hay que apoyar con todos nuestras fuerzas la despolitización de la justicia. Es muy bueno que partidos políticos como UPyD den la batalla, ya en su día Rosa Diez presentó una proposición legislativa para despolitizar la elección del CGPJ, lamentablemente el Congreso en pleno la rechazó. Ahora una asociación de jueces, incluso un magistrado del Tribunal Supremo, saca nuevamente el tema a la palestra. Como decía antes, y es buena noticia, algo está cambiando.
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