29 de noviembre de 2021, 9:07:11
Opinión


El silencio de los corderos

Octavio Ruiz-Manjón


El viernes, día 18, asistí en Somosaguas a la misa que se celebró en aquel campus universitario, en desagravio por el asalto a la capilla, que se había producido una semana antes.

A la salida del acto un periodista de un medio madrileño me preguntó cual era mi opinión acerca de los que decían que el acto que se acababa de celebrar era una provocación. Era claro que se trataba de ponerme delante, de forma amable, un palito, por si me quería subir a él. No deseaba otra cosa y le dije que rezar -que es lo único que allí se había hecho- no podía ser nunca una provocación.

También le dije, aunque no lo recogería el periodista en la crónica que publicó al día siguiente, que las casi dos mil personas que han firmado una Declaración de Somosaguas que circula por la red no son, solamente, católicos ofendidos sino universitarios indignados por el atentado a la libertad personal que hay detrás de esos asaltos. La Universidad -se lee en esa declaración- debe ser “un espacio de libertad y concordia donde se respeten todos los derechos legítimos que reconoce nuestra Constitución”.

Ese es, por tanto, el verdadero escenario en el que hay que situar estos acontecimientos: el del respeto a la libertad individual y de la libertad religiosa, que es una de sus facetas, y están claramente aludidas en el artículo 16 de nuestra Constitución.

El carácter aconfesional de nuestro Estado, que se afirma en el párrafo tercero de ese mismo artículo, obliga a los poderes públicos a tener “en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”, que es una forma un tanto desgraciada de referirse al conjunto de los ciudadanos, que somos los verdaderos titulares de los derechos políticos.

Esos estudiantes asalta-capillas tienen que ser advertidos por las autoridades académicas -de una forma eficaz- de que sus demandas para que se cierren las capillas pueden ser atendidas, pero que sus procedimientos son intolerables en un Estado de derecho e incompatibles con el estilo de vida universitario.

Los convenios que hasta ahora las mantienen abiertas pueden ser denunciados y anulados pero nadie puede recurrir impunemente a comportamientos que están claramente tipificados como delitos. Son actuaciones propias de ideologías totalitarias empeñadas en imponer el pensamiento único y convertirnos a los demás en ciudadanos de segunda clase.

Estoy seguro de que cuantos hemos firmado la Declaración de Somosaguas aceptaremos los acuerdos que se tomen entre las autoridades académicas y las eclesiásticas -si se denuncian y resuelven esos convenios- pero no a soportar con un silencio acobardado estas agresiones a nuestros derechos de ciudadanos y a nuestra dignidad de universitarios.

Sería el silencio de los corderos.
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