27 de noviembre de 2021, 21:04:21
Sociedad

polémica social


El velo islámico, de nuevo en el punto de mira


Las primeras multas impuestas en Francia a mujeres que habían usado el niqab (el velo islámico integral) en espacios públicos ha reabierto el debate en nuestro país sobre la legitimidad para regular este tipo de indumentaria. EL IMPARCIAL ha hablado con las partes implicadas para intentar identificar dónde residen los puntos de fricción y si hay espacio para un punto de encuentro.


Es posible que Kenza Drider no fuera consciente del revuelo que iba a provocar cuando salió a las calles de París el pasado lunes para protestar por la ley 'anti-burka' impuesta por el gobierno de Nicolas Sarkozy. Según el texto, se prohíbe a las mujeres llevar velos islámicos integrales en cualquier edificio y vía pública de Francia.

Mientras decenas de periodistas y cámaras se arremolinaban alrededor de Kenza con la catedral de Notre Dame de fondo, su foto viajaba por todo el mundo reabriendo, al menos en España, un recurrente debate: ¿Debe prohibirse el uso de este tipo de prendas en nuestro país? ¿Atenta su veto contra la libertad religiosa o de expresión de quienes las llevan? ¿Vestirlas es una muestra de fe o de sometimiento al género masculino?

Si bien no existe una legislación estatal que regule cómo y dónde puede llevar una mujer los famosos niqab o burka, los velos islámicos integrales que cubren la casi totalidad del cuerpo femenino, en nuestro país sí hay doce localidades españolas (Galapagar, Coín, Lérida, Tarragona, Cunit, El Vendrell, Manresa, L'Hospitalet de Llobregat, Mollet del Valls, Martorell, Figueres y Roses) han emitido ordenanzas municipales por las que se prohíbe su uso dentro de edificios públicos.

Educación frente a respeto
A pesar del vacío legal vigente en gran parte del territorio nacional, sí hay un consenso sobre el uso de este tipo de prendas. La mayoría de la población española no encuentra problema en que las mujeres musulmanas puedan llevar los velos no integrales (chador y hiyab) y, en cuanto a los espacios públicos, hay consenso entre gran parte de la comunidad islámica sobre que las mujeres que lleven niqab o burka deben identificarse ante las autoridades que lo requieran. Por lo pronto, siete de cada diez españoles están en contra del uso del niqab o el burka

De este modo, el debate gira en torno a si las mujeres musulmanas pueden llevar los velos integrales en edificios y espacios públicos y si es legítimo que lo hagan aunque se identifiquen. En declaraciones a EL IMPARCIAL, Riay Tatari, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), lo tiene claro: "Llevar un velo integral es un derecho legítimo de las mujeres musulmanas siempre y cuando no choque contra el orden público y, cuando así suceda, sólo tienen que identificarse y no hay mayor problema".

Tatari, una de las figuras más relevantes de la comunidad islámica en España, se muestra totalmente en contra de la legislación francesa. La normativa aprobada en Francia "no es idónea" y no se reproducirá aquí porque, a su juicio, nuestro país tiene "otra forma de tratar estos temas".

En esta misma línea opina Hajar Samadi, portavoz de la asociación vasca de mujeres musulmanas Bidaya. Samadi, que en la página web de la organización ha calificado a las autoridades francesas de "fundamentalistas laicos", sostiene sostiene en conversación con este periódico que "es mentira que detrás de las leyes como la de Francia se encuentren medidas de protección a las mujeres musulmanas, es un claro atentado contra los derechos humanos porque no te dejan libertad de elección". Además, la portavoz de Bidaya añade que si el velo integral daña la imagen de la mujer, "los tacones o la silicona también atentan contra su seguridad".

Aunque no hay datos exactos sobre cuántas mujeres llevan velo integral en España, ya que muchas de ellas son inmigrantes que están en nuestro país de paso, se cree que el número de casos estaría en torno al centenar. Este argumento es usado por Samadi para defender que no es de recibo que se impongan legislaciones restrictivas en torno al velo musulmán. "Me hace mucha gracia porque en varios municipios en los que se ha prohibido el niqab o el burka no hay mujeres que lo lleven, por lo que no se puede esconder la xenofobia que hay detrás de este tipo de medidas", se lamenta la portavoz de Bidaya al tiempo que defiende que cada uno debe poder vestir como quiera en la calle "igual que lo hacen en Semana Santa, cuando también van tapados".

Ahora bien, Samadi reitera que "si es por motivos de seguridad o por identificar a la persona, por supuesto me parece aceptable siempre y cuando haya una cantidad mínima de mujeres en el municipio que hagan necesaria la medida". Una opinión diametralmente opuesta a la que mantiene Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, que, en declaraciones a EL IMPARCIAL, aboga por "prohibir todos los velos, sean cuales sean, por suponer "un símbolo de dominación sexual porque las mujeres, para estar en el espacio público, necesitan llevarlo para no sufrir la condena de su comunidad y, al igual que prohibimos la esclavitud, debemos abolir este tipo de cosas".

Besteiro, que cree que la solución al debate pasa por "hacer ver a estas mujeres y concienciarlas de lo que de verdad significa llevar velo", sostiene que "el problema es que llevan el burka o el niqab por imposición de su entorno religioso cultural y familiar y para ser aceptadas en su comunidad, aunque algunas de ellas consideren que lo llevan libremente". Pero, aunque sorprenda, un reciente estudio realizado por el Open Society Institute señala que la mayoría de las mujeres que utilizan burka o niqab en Occidente lo hace de manera voluntaria y se muestran orgullosas de ello.



La política se adelanta a la sociedad
Otra parte implicada en el debate es la de los doce ayuntamientos que han redactado reglamentaciones para regular el uso de prendas integrales en edificios públicos. Galapagar, municipio de la sierra madrileña de 33.000 habitantes, es una de las doce localidades españolas que han emitido ordenanzas para regular el uso del velo integral en los edificios públicos.

Daniel Pérez, alcalde popular galapagueño, en declaraciones a este periódico, defiende la medida adoptada por su Consistorio en julio del año pasado. "Siempre se nos acusa a los políticos de ir por detrás de la realidad que nos rodea y en esta ocasión no ha sido así, no podemos permitir que en nuestro municipio se lleven signos que van en contra de la libertad de las mujeres, que las denigran y que las marginan". Si bien el propio alcalde admite que sólo se han dado "un par de casos aislados" de niqab (ninguno de burka), "nos hemos adelantado a los acontecimientos para que este tipo de situaciones jamás tengan lugar en Galapagar".

Además, Pérez rechaza las acusaciones de xenofobia realizadas por Samadi y se defiende argumentando que la medida se tomó de la mano de las asociaciones de inmigrantes de Galapagar, donde residen unos 8.000 foráneos (24 por ciento de la población total), y señala que "no ha habido queja alguna al respecto".

En cuanto a las posibles sanciones previstas para aquellas mujeres que usen velo integral y no acaten la ordenanza, Galapagar no ha previsto una multa económica todavía "porque no se ha dado el caso aún". En este sentido, Yolanda Besteiro defiende que es un error multar a la mujer que viste el niqab "puesto que sería contraproducente y la solución pasa por tener en cuenta los factores culturales, religiosos y tradicionales".

Un problema legal
El marco legal es otro de los frentes a abordar en el debate del uso del velo islámico. España no cuenta con una legislación nacional que regule este tipo de conductas y, según indica a EL IMPARCIAL Irene Correas, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad CEU-San Pablo de Madrid, "sólo se podría limitar el uso de determinados velos alegando un problema de orden público como la seguridad o la identificación de una persona ya que, en este caso, el bien colectivo tiene primacía sobre los derechos personales, religiosos o de expresión".

A pesar de que no descarta que en un futuro nuestro país pueda implementar una legislación igual o parecida a la francesa, Correas llama la atención sobre el hecho de que "si las mujeres que usan niqab o burka están dispuestas, en la vía pública, a descubrirse ante un agente del orden que le requiera su identificación, sea hombre o mujer, entonces no habría problema, pero es que hay muchas que no lo aceptarían, más aún si es un varón el que se lo pide".

Ahora bien, "no existe ningún impedimento legal o constitucional que evite a los municipios españoles limitar el uso del velo en edificios o espacios públicos como la calle teniendo en cuenta que, las dos posturas, a favor o en contra del niqab y el burka, son igual de defendibles desde el punto de vista legal".

De este modo, y aunque el debate en España se haya adelantado al número de casos reales, el uso del velo islámico ha vuelto a poner de manifiesto las diferencias culturales y religiosas existentes en la sociedad de nuestro país. Si bien la Península ha acogido a decenas de culturas diferentes a lo largo de los últimos siglos, la coexistencia entre distintos credos sigue siendo una asignatura pendiente.
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