27 de noviembre de 2021, 9:15:17
Sociedad

nuevo reglamento


Un máster y un examen avalarán la formación práctica de los abogados


El reglamento de la Ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador, que este viernes ha aprobado el Gobierno a través de un real decreto y que prevé que los nuevos letrados tengan que superar un máster y un examen, garantizará la formación práctica de los futuros profesionales del Derecho.


Alfredo Pérez Rubalcaba, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha informado de que el reglamento de la Ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador garantizará la formación práctica de los futuros profesionales del Derecho. El vicepresidente del Gobierno ha afirmado que es "un buen reglamento", que se ha negociado largamente con colegios de abogados y universidades, y que va a permitir que las próximas generaciones tengan una "formación más sólida y sobre todo más práctica".

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ya se ha felicitado por la aprobación de este reglamento, cinco años después de que se diera el visto bueno a la nueva Ley de acceso a estas profesiones, al considerar también que con ella España formará mejor a sus abogados para defender con garantías a los ciudadanos.

La ley, que entrará en vigor el próximo mes de noviembre, establece un sistema de formación profesional para abogados y procuradores, que tras una licenciatura o un grado en Derecho de cuatro años, deberán hacer un curso formativo que podrán impartir las universidades, las escuelas de práctica jurídica, creadas por los colegios de abogados, o ambos organismos conjuntamente.

Los cursos deberán comprender 60 créditos, lo que supone que tendrán una duración aproximada de un año, tras el que los matriculados deberán superar un examen escrito -que incluirá un test de respuesta múltiple y un caso práctico- y que se convocará anualmente y será el mismo en todo el territorio nacional.

Según ha informado el Ministerio de Justicia, "la oferta formativa será asequible para los estudiantes", que tendrán garantizado su derecho de acceso a la formación a través de "becas específicas" para realizar el máster universitario.

El presidente del CGAE, Carlos Carnicer, en declaraciones a Efe, se ha mostrado satisfecho por que estas medidas eran una reivindicación de la Abogacía española "desde hace casi cien años" y espera que sea una formación "eminentemente práctica" para aprender a ser abogado y que no se convierta en una fase de estudios para aprobar el examen. Esto, según Carnicer, "repercutirá en beneficio de los derechos de los ciudadanos y en el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia".

Por su parte, el portavoz de la Conferencia de Representantes de Estudiantes de Derecho de España (CREDE), Fernando Rodríguez, ha expresado a Efe su inquietud ante el hecho de que la ley prevea tres tipos de máster distintos y cree que se debían haber dado un mayor impulso a los incentivos para la educación pública.

Un extremo que rebate Carlos Carnicer, ya que señala que no se trata de máster diferentes, sino organizados e impartidos en unos casos por la universidad y en otros por los colegios de abogados a través de las 75 escuelas de práctica jurídica que existen, lo que no significa que todos deban tener la misma finalidad, que es la formación de los abogados.

Las prácticas supondrán 30 créditos adicionales a los de los cursos formativos y serán tuteladas por letrados o procuradores que hayan ejercido la profesión al menos durante cinco años y se desarrollarán en juzgados o tribunales, fiscalías, despachos profesionales, instituciones oficiales, comisarías, centros penitenciarios o empresas. Los cursos de formación deberán estar acreditados por los Ministerios de Justicia y Educación conforme a criterios homogéneos de excelencia.
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