19 de noviembre de 2019, 16:39:53
Opinion


Valores y voto

Alejandro Muñoz-Alonso


Es un lugar común afirmar que no hay democracia sin urnas, pero que, por sí solas, las urnas no son suficientes para acreditar la existencia de una democracia. La ciencia política moderna ha creado la categoría de las “democracias electorales” para calificar aquellos sistemas que, aunque celebran elecciones, carecen de todos los demás elementos que hacen posible una democracia plena. No hace falta ir muy lejos para encontrar ejemplos y situaciones que confirman esta regla. Un caso bien próximo es el de las instituciones que han caído en manos de Bildu, extraña coalición que cada día que pasa confirma más su condición de brazo político de ETA. Tiene los votos –aunque esté muy lejos de una inalcanzable mayoría absoluta- pero brillan por su ausencia en sus actitudes y comportamiento los valores que inspiran y hacen efectiva una democracia. Se ha hecho con el control de muchas e importantes instituciones por la ceguera de PNV y PSOE, cuya lenidad ha permitido que los pro-etarras se encaramen a posiciones de poder. Son ellos los más perjudicados y lo pagarán, lo están pagando ya, por una tergiversada concepción, puramente electorera, de lo que es una democracia. Una concepción que ha hecho retroceder años al País Vasco, pues han vuelto a instalarse allí la falta de libertad, el miedo, la inseguridad y la imposición autoritaria. Síntomas todos ellos de una situación en los antípodas de la democracia. En contra de lo que afirman los pro-etarras allí no se ha “normalizado” nada sino que se ha regresado a la más flagrante anormalidad.

Lo más irritante de todo ello es que se ha producido porque no se han aplicado los resortes del Estado de Derecho –en concreto la ley de partidos y la ley electoral- que prevén estas situaciones y facilitan instrumentos para impedir que puedan consolidarse. ¿Por qué no se reacciona? Seguramente hay motivos que desconocemos y otros muchos que podemos imaginarnos. Pero todo proviene de esa mentalidad, tan arraigada aquí, que antepone los votos a los valores. Fue el propio Fiscal General del Estado el que acuñó el concepto de los “guantánamos electorales” que quiere decir precisamente eso: hay que dar cauce a todas las hipotéticas corrientes de votos por aberrantes que sean y por contradictorias que resulten respecto de los valores de la democracia. La increíble sentencia del Tribunal Constitucional –una toma de posición estrictamente política frente al rigor jurídico del Tribunal Supremo- responde a esa misma mentalidad. No es esa la mejor tradición de lo que podemos llamar derecho público occidental, como muestran, por ejemplo, los casos de Alemania e Italia después de la II Guerra Mundial. Los americanos condicionaron la creación de la República Federal Alemana a la plena y total desnazificación del país. Se declararon ilegales tanto a los partidos de inspiración nazi como a los comunistas, con base en el artículo 21 de la Ley Fundamental de Bonn que declaraba inconstitucionales a “los partidos que por sus fines o por la actitud de sus miembros tiendan a desvirtuar o destruir el régimen fundamental de libertad y democracia o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania”. En Italia, también la Constitución de 1947, por una disposición final, declaraba que “queda prohibida la reorganización, bajo cualquiera forma, del disuelto partido fascista”.

En ambos casos, unas normas jurídicas mucho más aquilatadas y previsoras que las nuestras y una práctica mucho más serie y rigurosa de sus órganos judiciales han impedido que se incrusten en su sistema institucional elementos que sólo persiguen la subversión total del mismo. Y lo hicieron sin complejos de ningún tipo y sin hipócritas preocupaciones por hipotéticos “guantánamos electorales”, porque allí se dio más importancia a los valores que a los votos. Tanto en Alemania como en Italia, nazis y fascistas habían tenido un amplísimo apoyo popular; los demócratas de ambos países lo sabían y era evidente que no se había producido ninguna milagrosa democratización de la noche a la mañana. Y si ellos hubieran dudado, los aliados, que les habían librado del totalitarismo nazi y fascista, no les habrían permitido ninguna blandura al respecto. Los liberados y los liberadores estaban plenamente de acuerdo en lo que había que hacer. Adenauer y de Gasperi conocían bien sus respectivos países y no se les creó ninguna mala conciencia por dejar fuera de juego a nazis y fascistas (y en Alemania a los comunistas), que seguramente habrían dispuesto de más votos de los deseables.

Normas similares a estas habrían tenido en España un efecto saludable porque habrían impedido la existencia legal no sólo de formaciones políticas como Batasuna y sus continuadoras, incluida Bildu, sino incluso en partidos teóricamente democráticos pero con veleidades soberanistas, como los nacionalistas. Nos habríamos ahorrado muchos despropósitos como el increíble neo-estatuto catalán.

Mientras que en Alemania el concepto de “lealtad institucional” regula las relaciones entre la Federación (Bund) y los Länder, aquí la deslealtad, el juego sucio y el detestable mercadeo han sido la norma aceptada. Y así se puede llegar a aberraciones como la que explicitaba el año pasado esa señora diputada canaria, que ahora se ha hecho tan famosa por su intempestivo babeo zapateril. Decía la señora Oramas refiriéndose a los Presupuestos Generales del Estado para este año 2011 que “son muy malos para España, pero muy buenos para Canarias”. En un país serio tal cosa sería inconcebible porque un partido que mantuviera tales posiciones estaría ilegalizado o a punto de estarlo, por transgredir la obligada lealtad institucional. Ni todas las ideas son inocentes, ni todos los valores son prescindibles. Salvo en España, donde el relativismo del “todo vale” impera a sus anchas. La alternativa al deseable rigor es que acaban controlando las instituciones quienes las utilizan para destruir al conjunto del sistema. Pero que el ayuntamiento de San Sebastián o la Diputación de Guipúzcoa estén en manos de separatistas no puede ya sorprendernos cuando en el ámbito del Estado se toman decisiones para toda España con los votos de quienes no creen en España, hasta el punto de que niegan su condición de Nación. Y después visten su vergonzoso mercadeo diciendo que están contribuyendo a la gobernación del Estado. La alta traición se ha convertido aquí en una actitud aceptada y respetable. Vivimos en pleno caos jurídico-político como muestra que en la Audiencia Nacional se esté juzgando a unos pro-etarras “por intentar reconstruir Batasuna” al tiempo que esa otra reconstruida Batasuna, que es Bildu, esté ya gobernando en Guipúzcoa. ¿Se han enterado los jueces?
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