11 de diciembre de 2019, 7:48:37
Opinion


¿Laicidad o intolerancia?: las agresiones a los jóvenes de la JMJ



Hace pocos días, advertíamos en esta sección de la conveniencia de enfocar los asuntos religiosos con prudencia y medida, dados los conflictivos antecedentes históricos que este problema –hoy afortunadamente superado- tiene en España. Ya dijimos que la organización de la visita del Papa presentaba características desmesuradas para un Estado aconfesional, como podían servir de ejemplo la instalación de cientos de confesionarios en el parque del Retiro de Madrid. Dicho lo cual, ello no puede servir de pretexto, ni menos de justificación, para reacciones sectarias y violentas. En este sentido, la destrucción de algunos confesionarios es un acto de barbarie e intolerancia que nada tiene que ver con una postura –respetable, por más que discutible- contraria a que se destinen fondos públicos a costear la visita de Benedicto XVI. Si bien, y en este contexto, empieza a resultar sospechoso que quienes cuestionan determinadas actuaciones, que son competencia del Ejecutivo, se manifiesten en cualquier lugar, salvo en La Moncloa y contra todo colectivo menos contra el Gobierno.

Por otra parte, la exigencia de una estricta laicidad en las administraciones públicas, que es una propuesta perfectamente defendible, resulta del todo incompatible con el acto de fe –negativa e intolerante- que consiste en insultar y agredir a gentes, venidas de todos los países, y que pacífica y educadamente manifiestan su credo religioso. Eso no es laicidad, es sectarismo contrario a la libertad. Ramón Jáuregui tildaba ayer de “incidentes menores” las agresiones que sufrieron los jóvenes participantes en la JMJ el pasado miércoles. Con independencia de su magnitud, dichas agresiones bien pudieron haberse evitado si, por un lado, la Delegación de Gobierno hubiese optado por un recorrido más adecuado para la marcha laica y, por otro, sus integrantes se hubiesen dejado en casa la violencia verbal y física. Hay que decir, además, que los jóvenes vinculados a la JMJ que en ese momento estaban en la Puerta del Sol no asistían a acto alguno sino que, simplemente, “estaban allí” -la mayoría eran de fuera de Madrid. Las plazas y calles de Madrid, no son de nadie: por eso caben todos, sin necesidad de empujarse ni de insultarse.

Empieza a ser más que preocupante la manga ancha del Gobierno con los indignantes. Su actitud del miércoles en la marcha laica no causó mayores algaradas porque los jóvenes de la JMJ ignoraron sus provocaciones y agresiones. El caso es que tampoco esos jóvenes tenían porqué soportar semejante acoso; máxime, cuando simplemente se limitaban a pasear por un lugar tan emblemático -y público- como es la Puerta del Sol. El artículo 19 de la Constitución dispone que el derecho de libre circulación “no podrá ser limitado por motivos políticos o religiosos”. Pues da la impresión de que ciertas zonas han sido adjudicadas a los indignantes del 15-M, reservando su exclusivo uso y disfrute únicamente a los que piensen como ellos. Y eso no es tolerancia y libertad. Por eso, es intolerable.
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