29 de noviembre de 2020, 0:34:28
América

Ante el Congreso colombiano


Uribe: "Jamás de los jamases ordené espiar a políticos y periodistas"


Este jueves el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, compareció ante el Congreso de ese país para negar que haya ordenado durante su mandato el espionaje telefónico de políticos de la oposición y periodistas, a la vez que aseguró que tampoco autorizó una "persecución" contra sus detractores. Asimismo, el exgobernante no dudó en reiterar su acusación de injerencia indebida por parte del presidente venezolano, Hugo Chávez, al apoyar económicamente actividades de la ahora excongresista Piedad Córdoba, suspendida de sus funciones por presuntos nexos con las FARC.


El expresidente colombiano Álvaro Uribe se declaró víctima de una "amenaza criminal" y negó rotundamente haber ordenado seguimientos y escuchas ilegales durante su Gobierno (2006-2010), en medio de las protestas de víctimas de esas prácticas ilegales que reclamaron por no poderlo controvertir.

Uribe, quien compareció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, su juez, defendió su obra de Gobierno y a muchos de sus subalternos implicados en el escándalo.

"Jamás, jamás de los jamases se me ha pasado por la mente ordenar una persecución a un periodista, a una ONG, yo combato con las armas sobre la mesa, con claridad", enfatizó el exmandatario.

Insistió en que jamás ordenó persecuciones o interceptaciones a periodistas, políticos y ONGs, que lo acusan de concierto para delinquir para desacreditar también a la Corte Suprema de Justicia, abuso de poder e interceptación de comunicaciones, y señaló que todo ello no es más que una "venganza criminal".

Las víctimas de las escuchas ilegales, por su parte, anunciaron que estudian pedir la anulación de la versión libre de Uribe y lamentaron no poder interpelarlo durante la audiencia.

"No hay garantías (en el proceso). Vamos a analizar la posibilidad de la nulidad de la versión libre (de Uribe)", indicó el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Luis Guillermo Pérez.

El letrado es, además, defensor de víctimas, entre ellas, la exsenadora Piedad Córdoba y del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR). Durante su prolongada intervención, de casi tres horas, Uribe defendió su "política de seguridad democrática" por la que, según dijo, disminuyeron los crímenes de trabajadores y periodistas e insistió en que en su Gobierno "fueron 10.000 colombianos" los que recibieron "protección individual directa".

Aseguró además que las órdenes que impartió al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia), dependiente de la Presidencia, siempre fueron en la línea de que los directores del organismo no podía actuar como "policía política".

Al referir las interceptaciones contra él, dijo que "no han sido investigadas y han sido despreciadas" por la justicia y reiteró que él, su Gobierno y su familia, son víctimas de una "venganza criminal".

De igual forma, Uribe reiteró su acusación de injerencia indebida por parte del presidente venezolano, Hugo Chávez, al apoyar económicamente actividades de la ahora excongresista Córdoba.

Las aportaciones se hicieron públicas por versiones de la prensa colombiana, que en agosto de 2008 aseguraron que la multinacional Monomerós Colombo-Venezolanas, con sede en Barranquilla (norte) y del grupo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), habían aportado a Córdoba unos 135.000 dólares.

Córdoba, por entonces senadora Liberal, admitió en su momento que la multinacional apoyó con dinero la campaña que ella mantenía para la puesta en libertad de secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El exmandatario también desmintió que haya perseguido a periodistas, miembros de ONG y opositores políticos. En su discurso Uribe citó expresamente a Daniel Coronell, columnista de la revista Semana y actual vicepresidente de noticias de Univisión, y Hollman Morris, director del programa televisivo Contravía.

"Coronell me hizo cargos muy graves, se los respondí", dijo, al manifestar que este periodista "mintió" cuando señaló que el entonces presidente había ordenado la interceptación de sus comunicaciones.

En la misma audiencia aludió a sus difíciles relaciones con el Poder Judicial y dijo que siempre abogó por reformas para hacer más funcional ese sistema y garantizar el trabajo de sus integrantes.

En ese sentido, enumeró una serie de iniciativas judiciales que el propuso y destacó la Ley de Justicia y Paz, marco jurídico para la desmovilización de unos 35.000 miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a cambio de beneficios en el cumplimiento de las penas.
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