28 de julio de 2021, 7:20:46
América

Algunos con arcos y flechas


Unos 600 indígenas brasileños ocupan las obras de una represa en la Amazonía


Portando arcos y flechas y ataviados con las prendas de su comunidad, unos 600 campesinos e indígenas del Amazonas brasileño tomaron las obras de la represa de Belo Monte. Un polémico y millonario proyecto impulsado por el Gobierno de Luis Inacio Lula da Silva y apoyado por el Ejecutivo actual de Dilma Rousseff, en el cual se pone en marcha la construcción de la tercera represa más grande del mundo en uno de los corazones de la selva suramericana y que ha provocado tanto la indignación de los habitantes de la zona como la de los ambientalistas.


La Justicia brasileña determinó que un grupo de indios y campesinos que ocupa el sitio de las obras de la polémica central hidroeléctrica de Belo Monte, un proyecto gigantesco impulsado por el Gobierno en la selva amazónica, debe retirarse del lugar.

La jueza Cristina Collyer Damasio, del Cuarto Juzgado Civil de Altamira, en el norteño y amazónico estado de Pará, falló a favor del consorcio Norte Energía (Nesa), por lo que prohibió a los manifestantes "actos de perturbación" y fijó una multa diaria de 500 reales (unos 292,5 dólares) para quien incumpla la sentencia.

La principal reivindicación de los manifestantes es que el Gobierno envíe representantes para negociar "el fin de las obras" de Belo Monte. El consorcio que aglutina a las empresas públicas y privadas encargadas de ejecutar el proyecto señaló en un comunicado que está "abierto al diálogo" con las comunidades de la región y reiteró que el estatal instituto del medio ambiente Ibama y demás autoridades avalan el proyecto.

Según el Consejo Indigenista Misionario (Cimi), organización ligada a la iglesia Católica, la ocupación ha movilizado a 600 personas entre indios de 21 etnias, pescadores y vecinos de la ribera del río Xingú, el afluente del Amazonas, donde se va a levantar la represa.

Los manifestantes dijeron haber cortado la carretera nacional BR-230, conocida como la Transamazónica, en el municipio de Altamira (Pará), y acamparon en el sitio de las obras, con pretensión de quedarse de forma "permanente", según la nota de prensa del Cimi.



Belo Monte se comenzó a construir el pasado marzo en Altamira, a un coste de 10.600 millones de dólares, y según el proyecto inundará 516 kilómetros de selva y desplazará a 50.000 vecinos.

La central será la tercera mayor del mundo, por detrás de Tres Gargantas (China) e Itaipú (Brasil y Paraguay), con una potencia máxima de 11.233 megavatios.

La justicia brasileña tiene abiertas doce causas en contra del proyecto y este jueves un tribunal federal suspendió por segunda vez un juicio en el que se estudia si el Gobierno consultó previa y debidamente a los indios para llevar adelante la construcción.

La obra es objeto de un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que determinó su suspensión inmediata por los daños irreparables en la región amazónica.

El Gobierno rechazó enviar un representante a la audiencia de este miércoles en la CIDH, donde las ONG y los movimientos indígenas brasileños denunciaron la violación de los derechos humanos por parte del gabinete de Dilma Rousseff, al que acusan de mantener una "actitud vergonzosa" contra ellos.
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