7 de diciembre de 2019, 8:38:29
América

Más de 50.000 en los últimos cinco años


México cierra 2011 con un balance de 12.000 muertes violentas


México cerró el 2011 con el balance de unas 12.000 muertes vinculadas a la lucha antidrogas, según informan los principales diarios de ese país, lo que elevaría a 50.000 los decesos registrados en los últimos cinco años, período en el que el Ejecutivo de Felipe Calderón le declaró la guerra a los narcos, que ya controlan el 70% de los municipios mexicanos.


Entre 11.890 y 12.359 es el saldo de muertes violentas que registró México durante el 2011, según las cifras aportadas por los principales diarios de ese país publicadas este lunes, lo que supondría unas 3.383 ó 2.914 homicidios menos con respecto a las cifras 2010.

Dichas cifras fueron estimadas con base a los reportes de fuentes oficiales locales a las que tuvo acceso los periódicos ‘Reforma’, ‘Milenio’ y ‘La Jornada’, tres de los rotativos con mayor circulación dentro del territorio mexicano; a causa de que el gobierno suspendió la entrega de informes oficiales a partir de enero de 2011.

De acuerdo con ‘Reforma’ las muertes vinculadas a la guerra contra el narcotráfico en el último año se sitúan suman las 12.359, lo que el balance de asesinatos registrados desde diciembre de 2006, fecha en el que el presidente Felipe Calderón lanzó su ofensiva militar contra los cárteles de la droga, es de 50.285. Un dato similar arrojó ‘Milenio’ que aseguró que la violencia del narcotráfico se cobró el año pasado 12.284 vidas, elevando a 46,969 la cifra a lo largo de los últimos cinco años.

Entre tanto que ‘Jornada’ indicó que sus registros arrojan el saldo de 11.890 homicidios a lo largo de 2011 y a 51.918 los que han pasado por las morgues mexicanas durante la era Calderón.

Otro de los datos alarmantes que arrojan los diarios locales, en este caso 'El Universal', es que el narcotráfico controla el 71,5 por ciento de los municipios del país y ha reforzado su presencia así como sus prácticas delictivas y violentas en todos los estados de esa nación --incluyendo el Distrito Federal-- pese a las iniciativas del Ejecutivo de frenar las actividades del crimen organizado.

Según Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, una ONG que ha investigado la situación de violencia y evolución de los cárteles de la droga en el último año, a punta a que los estudios revelan que en 2001 el crimen organizado controlaba el 34 por ciento de los municipios, el 53 por ciento en 2006, el 73 por ciento en 2010 y el 71,5 por ciento en 2011. La reducción obedece a que los cárteles disminuyeron su "infraestructura criminal" en los estados de México y Michoacán, y se han trasladando a Chiapas, Campeche, Tamaulipas y Nuevo León.

Buscaglia considera que el hecho de que el crimen organizado controle el 71,5 por ciento de los municipios permite afirmar que México vive actualmente una realidad que puede compararse con los conflictos armados africanos, donde además las autoridades se prestan al juego de los delincuentes.

"La corrupción a nivel municipal y más arriba es un motor de la violencia organizada mexicana, ya que se observa más competencia que hace cuatro o cinco años entre los mismos grupos criminales, que no sólo compiten por cuidar rutas o asegurarse de los mercados de piratería, contrabando y fraude, sino que compiten por capturar a las autoridades", advirtió.

Esto quiere decir que los cárteles mantienen una infraestructura física abierta y permanente. "Están operando notoriamente frente a la nariz de los policías, de los políticos y de las autoridades de todo tipo, y para ello tiene que haber algún tipo de tolerancia del Estado y puede ser a nivel político o de Policía", denunció.

"Eso nos está diciendo que sigue en aumento ese tipo de captura y ahora se observa una mayor competencia de los grupos criminales por ubicarse en estas jurisdicciones municipales, y esa competencia genera violencia", alertó Buscaglia.

Desde que Calderón asumió el poder en 2006, el gobierno ha ordenado el despliegue de miles de militares en los estados más peligrosos del país y la vez que se puso en marcho una intensa depuración de las Policías locales debido a los altos índices de corrupción que había dentro de sus filas.

Sin embargo ello no ha podido mantener a raya a los narcos quienes han recrudecido sus acciones violentas contra la población ante la presencia de los uniformados. En este sentido, las organizaciones civiles han denunciado que el despliegue de soldados ha contribuido al incremento de las violaciones de Derechos Humanos en los municipios donde los cárteles que mantienen una encarnecida guerra por el control del mercado de la droga que se vende en Estados Unidos.
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