25 de septiembre de 2021, 23:45:11
Nacional

El juez se enfrenta a una condena de 17 años de inhabilitación para ejercer


Garzón se justifica: las escuchas de "Gürtel" servían para evitar que la trama evadiera dinero


El juez Garzón ha justificado este martes ante el Tribunal Supremo su orden para que fueran intervenidas las conversaciones en prisión de los cabecillas de la "trama Gürtel" con sus abogados durante la primera sesión oral del juicio. Según el juez, la medida estuvo motivada por la necesidad de impedir el blanqueo de capitales y la evasión del dinero. Por esta decisión se enfrenta a una pena de inhabilitación de 17 años para ejercer su profesión.


El juez Baltasar Garzón ha defendido este martes ante el Tribunal Supremo (TS) la legalidad de la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los imputados del "caso Gürtel" y sus abogados porque estos últimos eran, ha dicho, la "parte nuclear" de la mecánica de evasión de capitales de la trama.

Este ha sido el argumento que Garzón ha reiterado una y otra vez durante su declaración en el juicio que ha comenzado en el Supremo, en el que el juez se enfrenta a una petición de las acusaciones de hasta 17 años de inhabilitación.

Durante dos horas y media, el magistrado ha repetido a las acusaciones, la Fiscalía y su defensa que las escuchas "no eran un cheque en blanco", sino la única vía para evitar que los cabecillas de la trama en prisión, Francisco Correa y Pablo Crespo, siguieran blanqueando fondos en paraísos fiscales a través de sus abogados.

"Era evidente que la actividad delictiva se seguía produciendo y que las instrucciones continuaban siendo dadas por los responsables" de la red, ha dicho Garzón, que ha recordado que gracias a esas grabaciones se frustró también la intención de Correa de obtener la nacionalidad en Argentina o Panamá, lo que hubiera supuesto que se sustrajera a la acción de la Justicia.

Además, ha defendido que la intervención de las conversaciones se hizo siempre salvaguardando el derecho de defensa y con el apoyo de la Fiscalía, y que en ningún momento ordenó grabar a los letrados, sino a los internos imputados por delitos de blanqueo de capitales, falsedad, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.

"Me interesa muy poco su estrategia de defensa", ha señalado el juez, tras explicar que ordenó las escuchas -tras una petición verbal de la Policía Judicial, a la que el Ministerio Fiscal en ningún momento se opuso- en un auto el 19 de febrero de 2009, que prorrogó el 20 de marzo, sólo once días antes de inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.

Prueba de que "se adoptaron todas y cada una de las medidas para que el derecho de defensa quedara prevenido", ha afirmado el juez, es que "no hay ni una sola diligencia que se haya visto afectada o influida" por las conversaciones interceptadas.

Así le ha respondido a Ignacio Peláez, autor de la querella inicial que dio lugar a la apertura de este juicio, y que representa a uno de los imputados en el "caso Gürtel", el empresario José Luis Ulibarri, a quien también se grabó cuando visitó en la cárcel de Soto del Real a Correa y Crespo.

Garzón ha recordado al letrado que cuando fueron intervenidas sus conversaciones con estos detenidos no constaba que él los representara de ninguna manera.

Asimismo, le ha espetado que la actividad principal investigada era el blanqueo de capitales y que cuando se ordenó el ingreso en prisión de Correa y Crespo había indicios de que más de 20 millones de euros habían sido ocultados en cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales.

"Una actividad completa dirigida por abogados de la organización", como Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, que fue el primer abogado de Correa hasta que fue imputado en la causa -imputación que luego se levantó, al igual que la de su compañero-, y asumió su defensa el abogado José Antonio Choclán, que hoy también acusa a Garzón.

Preguntado por Peláez por la razón por la que ordenó grabar las comunicaciones si no se trataba de un delito de terrorismo, Garzón ha recordado que el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria respalda las interceptaciones por orden de la autoridad judicial y no exclusivamente en los supuestos de terrorismo.

Asimismo, ha insistido en que las escuchas fueron prorrogadas por el instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, y en que no tenía ningún interés ni podía tenerlo en conocer la estrategia de defensa, ya que al haber aforados entre los imputados era consciente de que perdería la competencia de las actuaciones.

Por último, y contestando a su abogado defensor, Francisco Baena Bocanegra, Garzón ha hecho hincapié en que el elemento fundamental que desencadena la intervención de las comunicaciones era el riesgo de que Correa huyera de España.

El juicio se reanudará mañana a las 10:30 horas con la declaración de los testigos.

Primera vista oral
El juez Baltasar Garzón se enfrentaba este martes a su primer juicio en el Tribunal Supremo (TS) por ordenar grabar las conversaciones que mantuvieron en prisión varios imputados del "caso Gürtel" con sus abogados, quienes le acusan de los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales.

Será la primera vista oral a la que el magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones en mayo de 2010, va a tener que enfrentarse este mes, ya que a partir del día 24 será juzgado también por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

Este primer juicio al que sin duda es el magistrado español con mayor proyección internacional ha despertado una gran expectación mediática con casi un centenar de medios de más de 15 países acreditados.

A esto hay que añadir la movilización de los defensores del juez, entre ellos de la plataforma "Solidarios con Garzón", que agrupa a organizaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, artistas e intelectuales, que ha convocado a las 10:00 horas, sólo media hora antes de que comience la vista, una concentración ante el Supremo para denunciar la "persecución política" al juez.

La causa por las escuchas telefónicas se abrió a raíz de la querella presentada en 2009 por Ignacio Peláez, abogado de uno de los imputados en el "caso Gürtel" -el empresario José Luis Ulibarri-, que solicita 10 años de inhabilitación para el juez, frente a los 17 que pide el considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, y los 15 que solicita su número dos, Pablo Crespo.

La Fiscalía no acusa y reclama la absolución de Garzón, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, al considerar que no cometió los delitos que se le imputan.

En el auto de apertura del juicio oral, dictado el pasado 11 de abril, el instructor del caso en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, señaló que Garzón "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" entre abogados y presos, y que "le resultó indiferente" que su contenido fueran únicamente las estrategias de defensa.

Garzón, sin embargo, siempre ha mantenido que las escuchas eran la "única vía" para evitar que los cabecillas de la red "Gürtel" ocultaran las pruebas o los fondos que manejaban, aunque sus argumentos no consiguieron convencer al instructor, que además le denegó la mayoría de las pruebas que había solicitado.

Entre ellas, la declaración del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, quien al asumir la investigación de la trama de corrupción prorrogó las escuchas ordenadas por Garzón, aunque posteriormente fueron anuladas por el tribunal madrileño. Por su parte, Peláez intentó en mayo de 2010 ampliar la querella a las fiscales del caso, Concepción Sabadell y Miriam Segura, al considerar que "eran plenamente conscientes" de que las resoluciones de Garzón "eran contrarias a la Ley". Sin embargo, el Supremo defendió que las fiscales intervinieron en la causa en el cumplimiento de sus funciones y que no era procedente llamarlas a declarar, como pidió el querellante.

La vista está señalada para los próximos tres días en sesiones de mañana. Está previsto que declaren como testigos cinco funcionarios policiales y el propio Peláez, llamado por el abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra.
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