29 de marzo de 2020, 5:16:03
Nacional

Entrevista con el profesor Navarro-Valls


"Demasiadas veces los gobiernos usan la ley para transmitir ideología"


Parece como si hubiera estallado en el universo jurídico un big-bang de objeciones jurídicas, los conflictos de conciencia contra ley no han hecho más que agudizarse en los últimos tiempos y ya no estamos ante un fenómeno ocasional. Los profesores Rafael Navarro-Valls y Javier Martínez-Torrón, acaban de publicar la segunda edición de su libro Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia, en donde abordan los continuos choques entre conciencia y ley, que en palabras de Navarro-Valls tienen mucho que ver con la "incontinencia jurídica del poder: su tendencia a emitir leyes que invaden reductos antes reservados a la conciencia". Por Miriam Carmona


- ¿Por qué asistimos en los últimos años a lo que ustedes han llamado un "big bang" de objeciones de conciencia? ¿En qué ámbitos nos encontramos más objeciones de conciencia?
La primera razón es que “la conciencia común de la sociedad”, que radica en los parlamentos, se siente insegura ante dramas que sus leyes crean en las conciencias individuales. Esa inseguridad no es infrecuente que se transmute en lo que llamo “la mala conciencia del poder”, que reconoce a veces la iniquidad de la propia ley, admitiendo cláusulas de conciencia, que eximen de su cumplimiento a los objetores. La segunda razón es la incontinencia jurídica del poder: su tendencia a emitir leyes que invaden reductos antes reservados a la conciencia.

Demasiadas veces la ley se convierte en un simple procedimiento de gobierno para transmitir consignas ideológicas con precipitación y, a veces, con vulgaridad. Es decir, la tendencia del Estado a querer convertirse en el depósito de todas las verdades posibles, sin excluir ninguna.

Ante esta tendencia la conciencia individual reacciona en una explosión de objeciones que, partiendo de un núcleo pequeño (la objeción al servicio militar), se expande en multitud de formas: al aborto, fiscal, en el ejercicio de la función pública, en el ámbito educativo o en el de la simbología religiosa, objeciones de conciencia bioéticas, laborales y un largo etcétera.

- ¿Qué diferencias hay entre la objeción de conciencia y la ideología? ¿Dónde está la línea que las separa?
Normalmente, por su carácter individualizado, la objeción de conciencia sólo indirectamente incide en los ámbitos políticos, sustentados por ideologías. Incide - y a veces positivamente - cuando se transforma en desobediencia civil. Eso ocurrió con la objeción de conciencia al servicio militar, que multiplicó el número de ciudadanos insumisos, lo que a su vez obligó al poder político a sustituir el servicio militar armado y forzoso por un ejército profesional.

Respecto a la objeción de conciencia en los medios educativos (por ejemplo a asignaturas como Educación a la Ciudadanía) quiso dársele un giro político. No es así. Lo que ocurrió es que se produjo un desacuerdo sobre cuál es el mejor modo para preparar a los alumnos a participar en la vida política o asegurar su desarrollo moral. El Estado quiso decidir por sí mismo, prescindiendo de los padres y se produjo el conflicto. Se olvidó por el Gobierno que el derecho a elegir el tipo de educación que queremos dar (o no dar) a nuestros hijos forma parte de nuestro derecho a elegir una concepción del bien y a ponerla en práctica, sin sufrir interferencias de los poderes públicos. Esto parece haberlo entendido el nuevo Gobierno y ha dado marcha atrás, respetando un movimiento objetor que tuvo notable desarrollo.

- ¿Está bien solucionado el asunto de la objeción de conciencia? ¿Cómo salvar esas colisiones de derechos?
En principio, la objeción de conciencia aparece tutelada por el artículo 16 de la Constitución, que incluye entre los derechos fundamentales la “libertad ideológica”, esto es, la libertad de conciencia. Por eso el propio Tribunal Constitucional (s. 11 abril 1985) indicó que “la objeción de conciencia existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado una concreta regulación”. Añadiendo que “la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución”. Por razones de seguridad jurídica, sin embargo, conviene que en algunos casos- aborto, jurado, tratamientos médicos etc- la ley ratifique esa protección, claro está, para tutelarla y o para restringirla. Ayudaría a los Tribunales a ser más contundentes en su protección. Hoy la jurisprudencia española adopta, a veces, posiciones débiles, fruto de la ambigüedad de algunas normas.

- ¿Existen profesionales marginados por el hecho de ser objetores? ¿A qué se pueden acoger?
Efectivamente -sobre todo en el ámbito sanitario- algunos objetores pueden sufrir la incomprensión de algunos colegas. Esto es fruto de una cierta inmadurez de grupos que no llegan a entender el respeto que exigen los derechos humanos. Esperemos que el tiempo disipe poco a poco la idea de que el objetor es alguien que va contra el sistema jurídico. La realidad es que la objeción de conciencia no es una “ilegalidad más o menos consentida”, sino manifestación de la estrella polar que orienta a las democracias: la libertad de conciencia. No una suerte de “delirio religioso”, un subproducto jurídico que habría que relegar a las catacumbas sociales. Al contrario, es un derecho con pleno derecho de ciudadanía.

- ¿Qué está ocurriendo en materia de objeción en los países vecinos?
El derecho comparado manifiesta una tutela cada vez más decidida de la objeción de conciencia. Intentos de restringirla en la política de Obama en Estados Unidos ha recibido repulsas muy duras desde ámbitos políticos y sociológicos. Algo similar acaba de suceder en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Un intento de restringir la objeción de conciencia al aborto, ha producido que se apruebe la Resolución 1763 /2010 que contundentemente prohíbe "coaccionar o discriminar a personas o instituciones que rehúsen -por cualquier razón- participar o colaborar en un aborto voluntario, eutanasia o cualquier acto que cause la muerte de un feto o embrión humano".

Perú (diciembre de 2010) ha aprobado una ley en la que expresamente se tutela “la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal, en razón de sus convicciones morales o religiosas, por causa de un imperativo moral o religioso, grave e ineludible”.

En fin, Portugal en su última ley de libertad religiosa incluye en la libertad de conciencia “el derecho de objetar al cumplimiento de leyes que contrarían los dictámenes inexcusables de la propia conciencia”.

Rafael Navarro-Valls es secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y Catedrático de Derecho en la UCM.
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