¿Quién está mintiendo sobre las cuentas públicas?

Este jueves, el ministro de Economía, Luis de Guindos, viajó a Bruselas con el objetivo de explicar de forma “exacta” cuál es la desviación presupuestaria de España. De Guindos tuvo que reiterar que las cuentas presentadas el lunes anterior por su colega Cristóbal Montoro eran tal y como son, con toda la crudeza de 91.300 millones de euros de déficit. “Somos totalmente transparentes, la calidad de las estadísticas es máxima y también el planteamiento del Gobierno y la comunicación con la Comisión Europea”, reiteró De Guindos.

La razón por la que tuvo que ser tan cuidadoso en subrayar este punto es una información de Reuters, que afirmaba que Bruselas sospechaba que el Gobierno de Rajoy estaba hinchando las cifras de déficit de 2011 para así presentar una mayor rebaja del déficit en 2012. La información, desmentida hasta la saciedad, ha calado hondo debido a que el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, no fue demasiado contundente en sus declaraciones. “La tibieza con que el comisario Rehn ha desmentido el rumor ha hecho que las dudas no se disparen del todo”, afirma a este diario el Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Santiago, Luis Caramés.

Según Caramés, la tesis de un abultamiento del déficit no tiene demasiado sentido. “Puede estar deficientemente calculado, pero su ocultamiento total o parcial, así como su abultamiento, resultan bastante complicados, entre otras cosas por no ser trabajo técnico de una sola persona”, asegura, y añade que “no parece probable que Mariano Rajoy, a la búsqueda de la credibilidad relativamente perdida por España, se haya arriesgado a conducta tan reprobable en un club como la Unión Europea”.

En tal caso, el ocultador del déficit habría sido el anterior Gobierno, que sostuvo hasta el último momento que se cumpliría con el Pacto de Estabilidad Presupuestaria europeo, es decir, que el desequilibrio sería del 6%. Días después de que la ex ministra de Economía Elena Salgado diera su última rueda de prensa para explicar estos extremos, en la que todavía sostenía que se iba a cumplir con Bruselas, el nuevo Gobierno comenzó a hablar de que había encontrado otros dos puntos de PIB, aproximadamente, 20.000 millones de euros que sumar al déficit.

Como las magnitudes macroeconómicas suelen ser poco manejables, el déficit se presenta habitualmente en forma de porcentaje del PIB, a pesar de que poco tiene que ver con esa magnitud. Lo que se hace es comparar el desequilibrio con el peso total de la economía, de la misma forma que para saber si una persona está acarreando mucho peso, lo compararíamos con su peso corporal. Sin embargo, si nos ceñimos al sector público, el gasto público se situó en el entorno de los 450.000 millones y, de ellos, 91.300 millones son de déficit. Es decir, una quinta parte de lo que se gastó no se tenía y hubo que financiarlo a través de emisiones de deuda o dejar la factura sin pagar para más adelante.

De las cuatro Administraciones sucesivas que existen en España, las CCAA y los ayuntamientos han sido los mayores culpables de la desviación del déficit. Así lo explica el secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. Mollinedo explica a este diario que una de las razones por las que los Gobiernos entrantes encuentran ‘facturas en el cajón’ que han de asumir, fruto de los gastos de los anteriores inquilinos de ese despacho, tiene que ver con la propia dinámica de las elecciones.

“En los meses previos a los comicios se produce una gran contratación de obras con el fin de inaugurar parques, centros de mayores o carreteras para ganarse al electorado”, afirma, un uso del dinero público que moteja de “político”.

También hace referencia a la práctica “muy común” de guardar las facturas en el cajón, donde hibernan hasta que se produce una alternancia política. Es lo que habría pasado en Castilla-La Mancha al llegar María Dolores de Cospedal a la Junta, donde aparecieron 3.000 millones de euros en facturas. También lo ocurrido al llegar CiU a la Generalidad. En este sentido Mollinedo apunta a que CiU acusó al tripartito de lo mismo que el tripartito acusó a la formación catalanista al llegar el poder, es decir, de guardar deudas no declaradas, ya que, en su opinión, se trata de una práctica generalizada común a formaciones de distinto signo político.

El investigador del IESE, Gonzalo Gómez Bengoechea, está de acuerdo. “Es un juego que siempre existe”, asegura a este diario. Sobre las consecuencias del ingente déficit afirma que, a pesar de que se flexibilice, el objetivo es del 3% para 2013, lo que implica un recorte de unos 55.000 millones de euros de gasto público, algo que califica de “tremendo, muy duro”.

Además, pone de manifiesto un cambio de rumbo en cuanto a las previsiones macroeconómicas como esta. El nuevo Gobierno es pesimista, es decir, se pone en lo peor, mientras que el anterior –quizá como consecuencia del inquebrantable optimismo que tenía a gala el anterior presidente-, era optimista en sus vaticinios, que terminó incumpliendo.

A pesar de que la práctica de ocultar cierta parte de las deudas contraídas ha sido generalizada, en los últimos meses ha supuesto un nuevo mazazo a la credibilidad de España en Bruselas, que se pone de manifiesto en los recelos de Olli Rehn sobre las cuentas españolas y una herencia envenenada para el próximo Gobierno, ya que, como apuntan los expertos, es prácticamente imposible emprender un recorte de 55.000 millones en un contexto de recesión.

Como apunta José María Molinedo, la nueva Ley de Transparencia que anunció recientemente el Gobierno tratará de evitar que las ocultaciones de déficits y deudas sean posibles, para que no puedan volver a repetirse en los próximos comicios.