Una nueva política exterior

Esta semana el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, comunicaba el cierre de la embajada española en Siria, al tiempo que anunciaba la redefinición del modo de actuar en su negociado. Criticaba Margallo, y con razón, el despropósito que ha sido el derroche llevado a cabo por parte de las comunidades autónomas, poniendo como ejemplo la oficina que tenía en Bruselas la Comunidad Valenciana con casi ochenta personas trabajando en ella. Su experiencia en materia de control presupuestario ha llevado a Margallo a afirmar que es hora de empezar a cuestionar los réditos que originan organismos públicos, corporaciones e instituciones, y actuar en consecuencia.

Otro tanto sucede con la plantilla de Exteriores: hay embajadas sobredimensionadas y otras, por el contrario, desbordadas de trabajo. Urge también atender también a las zonas donde la presencia española aún es escasa, y no debería de serlo en función de los intereses que pueda haber allí. E igualmente, las pautas de gasto en materia de cooperación deben tener una mayor fiscalización de la que han tenido hasta ahora, no sólo por razones de recorte presupuestario sino de responsabilidad a la hora de invertir como es debido el dinero público. La sociedad española es claramente partidaria de cooperación y la ayuda a países necesitados pero con el dinero público no puede hacerse caridad privada. Y en este sentido, la obligación del Estado es relacionar esa ayuda con los intereses de España. Por último, ha reivindicado Margallo la necesidad de potenciar la marca España, con el idioma como uno de sus puntales y el Instituto Cervantes como plataforma. Cuestiones todas de sentido común y que ojalá se lleven a efecto a la mayor brevedad posible.