Domingo 11 de marzo de 2012
El agujero económico de Televisión Española es una cuestión doblemente preocupante. Primero, por su magnitud, que se presume considerable; y segundo, por el hecho de que dicha magnitud no pueda acotarse con exactitud sino que únicamente sea una presunción. La razón, según informaba el diario El Mundo, habría que buscarla en la negativa del ente público a las pretensiones del Gobierno de realizar una auditoría. Aducirían sus responsables que ya hay un control anual llevado a cabo por la Intervención General de la Administración del Estado -IGAE-, y que con eso basta. Abundando en el desacato, RTVE también estaría negándose a facilitar 62 contratos de directivos externos de la plantilla, con el peregrino argumento de que “no los tienen”. Dicha información era desmentida posteriormente por un comunicado de TVE, a tenor del cual ni se oponían a que se practicase auditoría alguna ni se negaban a facilitar información contractual de su personal, dado que no había requerimiento oficial en este sentido.
Sea como fuere, la situación del ente público es un tema que ha de abordarse a la mayor brevedad posible. Ya en 2010, el IGAE detectó falta de control en contratos firmados, gestión deficiente de los recursos y un coste excesivo de los derechos deportivos. Cuando no hay nada que esconde, tampoco hay nada que temer. En cualquier caso, el Gobierno ha de hacer valer su autoridad para poner orden en una casa bajo cuyas alfombras parece haber mucho que destapar.
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