El mito de la huelga general

Una huelga general es, por definición, una huelga política y hasta podía plantearse la cuestión de su constitucionalidad. Por supuesto que, esta mera insinuación, produciría una esperable algarabía en el mundo sindical, pero no faltan argumentos para justificarla. El artículo 28 de la Constitución, efectivamente, “reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses” y, un poco más adelante, el artículo 37.2 “reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo”, en un contexto en el que no es difícil adivinar que se refiere a los conflictos que puedan surgir entre los trabajadores y sus empresas. Ese es el sentido original de la huelga como derecho, que tardó en reconocerse en el siglo XIX, pero que se impuso como un hecho en cuanto necesaria defensa de última instancia de los trabajadores ante la explotación de aquel primer capitalismo, al que se ha adjetivado como “manchestariano”. Se trataba, en suma, de defenderse de los abusos de un empresario concreto o incluso de todos los empresarios de un determinado sector de actividad. Aquellas huelgas no iban contra el gobierno, salvo cuando este actuaba como empresario. Eran conflictos laborales que solo muy indirectamente podían tener una dimensión política.

Fue el pensador político francés, Georges Sorel, sobre todo en su obra Reflexiones sobre la violencia, publicada en 1908, quien acuña el concepto de “huelga general revolucionaria” a la que concibe como un “mito” –así lo denomina- capaz de movilizar a los trabajadores de todas las categorías y como expresión suprema de la lucha de clases que rechaza en su conjunto lo que hoy día denominaríamos “el sistema”. Sorel concebía el movimiento obrero como un sindicalismo revolucionario que nada tenía que ver con hipotéticos conflictos entre empresarios y trabajadores, ya que era para él un instrumento para acabar con el capitalismo imperante. La huelga general paralizaría todas las instituciones y todos los servicios, pondría fuera de juego al poder político de la burguesía explotadora y el control de todas las actividades de la sociedad caería en manos de los trabajadores como una fruta madura. Como indica el propio título de su libro ese sindicalismo revolucionario tiene como arma fundamental el ejercicio de la violencia que para él posee una legitimidad, que niega a lo que denomina “fuerza” del Estado. Las connotaciones anarquistas del pensamiento de Sorel son evidentes pues nunca explica cómo sería la sociedad post-huelga general, pero el “mito” de la huelga general revolucionaria tuvo una larga vigencia y su apología de la violencia nutrió el pensamiento totalitario, tanto de la izquierda como de la derecha, que se apropió de su idea de una “violencia creativa”. Mussolini se proclamó su heredero político e intelectual de Sorel, fascinado, sobre todo, por la idea de la violencia. La huelga española de 1917 fue un intento de aplicar aquí las teorías sorelianas.

Los movimientos sindicalistas contemporáneos se han quedado con el concepto de “huelga general”, aunque han abandonado el otro adjetivo “revolucionaria”, que formaba parte del concepto original. Pero aunque se oculte esa dimensión es evidente que un movimiento que quiere pasar por encima de lo que acuerden y decidan las legítimas instituciones democráticas tiene un indudable aroma revolucionario o, como se dice ahora, “antisistema”. Por otra parte, la huelga general convocada por los sindicatos “de clase” para el 29 de marzo no ha cogido por sorpresa a nadie. Se sabía que los silentes e inmóviles sindicatos de la época de Zapatero, saldrían a la calle en cuanto llegara a las responsabilidades del poder el Partido Popular. Algo que muestra bien a las claras su carácter político. La reforma laboral ha sido un pretexto para plantarse frente al Gobierno, más que fruto de una auténtica preocupación por los millones de parados, por los que sindicatos nada han hecho durante el zapaterismo. El propio Rajoy lo había previsto (gobernar es prever), lo que ha servido para que desde el PSOE, indignamente, se haya llegado a decir que ha sido el Presidente del Gobierno quien ha convocado la huelga. Sin comentarios.

Por supuesto, los sindicalistas saben que cualquiera que sea el “éxito” de la huelga no van a hacer caer al Gobierno pero pretenden, ilusamente, “torcerle el brazo” para obligarle a negociar como han dicho los poco responsables dirigentes sindicales. Rajoy dio claramente un plazo a empresarios y trabajadores para que llegaran a un acuerdo que sirvieran de base a la absolutamente necesaria reforma laboral y anunció que, si no había acuerdo, cumpliría con el mandato que le dieron los españoles el 20 de noviembre: Gobernar. Además, no es cierto que no haya oportunidades para negociar. Las ha habido y las sigue habiendo pues, como recordaba recientemente la ministra de Empleo, el grupo parlamentario del PP se ha reunido con representantes sindicales. Además el decreto-ley de la reforma laboral se va debatir ahora como proyecto de ley y los sindicalistas tiene la oportunidad de hacer oír su voz a través de los partidos de izquierda, su “pareja”, según la expresión de Rubalcaba. Lo que no admitirá el Gobierno es desvirtuar los puntos principales de la reforma que es a lo que aspiran los sindicatos.

El otro día en un programa de televisión a un sindicalista decía que, con la reforma, este Gobierno se iba a cargar hasta los aspectos positivos que tuvo el franquismo. Seguramente se le escapó la afirmación, pero le salió del alma. Y es que ya en la Transición los sindicatos querían “heredar” el proteccionista sistema sindical del franquismo, “con los ascensores funcionando”, como parece que dijo alguno de aquellos dirigentes sindicales. Querían cambiar el verticalismo de aquel sistema (empresarios y trabajadores unidos) por un monolitismo en virtud del cual los sindicatos estaban prácticamente incrustados en las estructuras del Estado y viviendo de sus Presupuestos. En buena parte lo han conseguido.

Algún otro dirigente sindical ha llegado a decir que no será tan mala la legislación laboral vigente hasta ahora cuando, con ella, se redujo la cifra de paro al nueve y pico por ciento. Lo que no dicen es que algo le pasa a este país cuando se conforma con esa cifra de paro entre el 9 y el 10 por ciento que, por el contrario, es ahora la que tiene escandalizados a algunos de nuestros socios europeos. Francia con su 9’9 %, Italia con su 9’2 %, Reino Unido con su 8’4 % e incluso Alemania con su 6’7 % no se sienten nada cómodos, pues la consideran una cifra demasiado alta. Su aspiración sería a situarse entre el 4 y el 5%. Lo del 23 % de España a la que nos han llevado los socialistas, ya en dos ocasiones, y que ha heredado el PP pertenece a otra galaxia. Que sindicatos e izquierda política apoyen ahora una huelga general que no va a solucionar nada -y que va a hacer un duradero daño a nuestra economía y a nuestra imagen- los descalifica una vez más y, más allá del ruido que logren armar, es de esperar que la opinión pública lo rechace con contundencia. No estamos para huelgas.