El Gobierno y el copago de medicamentos

El copago sanitario ha vuelto a irrumpir con fuerza en el debate político, tras su aprobación en Cataluña y la posibilidad de que otras comunidades autónomas hagan lo propio. Ayer domingo era Cristóbal Montoro el que decía que “no estaba en la agenda del Gobierno”, aunque Alfredo Pérez Rubalcaba acusaba al Ejecutivo popular de pretender justo lo contrario. El argumento del PSOE no deja de estar bien fundamentado, por cuanto la constatación de que el PP prometió en campaña no subir los impuestos y no abaratar el despido y ha acabado por incumplir dichas promesas ahí está.

Bien es verdad que las circunstancias obligan y así lo reconoce en los sondeos la mayor parte de la sociedad española con su aprobación a la reciente política de reformas. Por otro lado, si el Ejecutivo preveía lo que iba a verse obligado a hacer, quizá habrá sido deseable no ocultar sus intenciones. El ejemplo más claro lo tenemos en el Reino Unido, donde David Cameron dio a conocer ya en campaña algunas de sus medidas más impopulares, lo que le otorgó una buena dosis de credibilidad.

Ahora, el PP no parece estar por la labor del copago. Antes que Montoro ya se han mostrado contrarios otros pesos pesados del partido como Javier Arenas o María Dolores de Cospedal, aunque tanto en el seno popular como en la calle la cuestión se medita a conciencia. En 1991 se presentó en el Parlamento el llamado “informe Abril”, un pormenorizado estudio sobre la sanidad española cuyos postulados siguen aún hoy vigentes. En él se alertaba del agotamiento del sistema sanitario público, y se proponían medidas para la optimización de sus recursos a todos lo niveles: humanos, financieros y técnicos. El copago era una de ellas y su argumentación responde tanto a criterios de rentabilidad como de sentido común, por más que todo el debate venga viciado por la pintoresca idea que se ha introducido en buena parte de la opinión pública en el sentido de que la educación –y otros servicios sociales- es “gratuita”. No existe tal cosa. En realidad, todo se paga de una u otra manera. Si lo que se pretende es la pervivencia del sistema público de salud con los parámetros de calidad deseados por todos, resulta imperativa la adopción de fórmulas que permitan financiarlo. Gravar con un precio simbólico un número limitado de recetas, del que se excluiría a las rentas más bajas, es algo que debería tomarse en consideración. Bien está que se exploren antes otras vías, pero que no se desdeñe una de ellas por su impopularidad, si resulta que su eficacia acaba por compensarla. Y que el Gobierno esté bien seguro de su actual negativa, no vaya a ser que un futuro más cercano de lo que piensa tenga que desdecirse.