Opinión

Democracia, derecho y Europa

Lourdes García del Portillo | Jueves 22 de marzo de 2012
¿Qué va antes, el huevo o la gallina? se preguntó en el siglo IV a.C. Aristóteles. En una conferencia acerca de la integración europea, el pasado febrero en la Fundación Ortega-Marañón, surgió un dilema parecido: ¿Qué va antes, la legitimidad legal o la democrática? Según el ponente, Udo di Fabio, Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional de Alemania, el proceso europeo ha avanzado gracias al denominado spill-over effect, o efecto derrame, a partir del cual, los progresivos acuerdos económicos han actuado como palanca para alcanzar convenios políticos que, de otra manera, no hubieran sido posibles. Ahora bien, continuó Di Fabio, la integración funcionalista que tan útil ha sido todos estos años tiene como límite el derecho, tanto el de la UE, como el de cada uno de sus estados miembros. La ley alemana establece como principio el centralismo parlamentario, que obliga a que siga siendo el Bundestag, como órgano de representación del pueblo, el que decide las competencias que se trasfieren a la organización supranacional. Esto no significa, dijo, que no se pueda avanzar hacia una mayor integración; pero hoy, el proceso europeo es tan solo una unión contractual de estados soberanos y, pese a que cada vez hay una mayor identidad europea, ésta es todavía débil frente a las vigorosas identidades nacionales; por lo que una federalización apresurada de la Unión podría llevar a debilitar a los Estados miembros, hasta el punto de derrumbar el edificio europeo.

Durante el turno de preguntas, el Catedrático de Ciencia Política de la UAM y Director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Fernando Vallespín vino, sin embargo, a recordar una segunda legitimidad arraigada en Occidente: la democrática. El pasado noviembre, el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, quiso convocar un referéndum en su país para que los ciudadanos decidieran si querían o no acatar lo dispuesto en Bruselas. El resto de Europa reaccionó con terror, por un lado, porque si los griegos decidían en las urnas no aceptar los nuevos recortes, podía venirse abajo toda la región; pero también porque la situación evidenciaba cómo la complejidad estructural de la Unión está haciendo que los países pierdan parte de ese derecho democrático a elegir su propio destino. “¿No será que existe una contradicción entre el principio de legitimidad legal y el de legitimidad democrática en la Unión Europea, y que no hemos sido capaces de articular una nueva lógica jurídica que sepa acercar las poblaciones a los centros de toma de decisión de la UE, pero también a los parlamentos de los otros Estados miembros?”, preguntó socráticamente Vallespín.

Volviendo a Aristóteles, éste había resuelto su dilema alegando que la gallina va antes que el huevo porque es acto; es decir, algo terminado y determinado, una entelequia, un fin que perfecciona a la mera potencia que es el huevo; un huevo es siempre un huevo de algo; una gallina es independiente, no necesita de nada más para ser. Lo mismo ha demostrado la historia que sucede con el derecho (que es la gallina) y la democracia (que es el huevo). Fueron los propios griegos, en tiempos aún más lejanos que los de Aristóteles, los que asentaron la legitimidad legal. Solón, con su eunomia, logró crear una ley que fue aceptada por el pueblo como suya, al ser considerada justa. Después llegó Clístenes con su isonomía, con la que la igualdad ya no es sólo legal, sino también política. Por último, en tiempos de Pericles se profundizó en la democracia, entendida como la capacidad de los ciudadanos para decidir sobre su propio destino. Es decir, que la democracia llevaba ya inserta en su propio ser la legitimidad legal.

Muy diferentes son, desde luego, nuestras democracias a la de los tiempos de Pericles pero ¿tanto como para que la ley se haya convertido en huevo y la democracia en gallina? La solución nos la daba, en buena medida, Ortega en El hombre y la gente al definir lo que es la sociedad y el derecho. La sociedad, decía, es un colectivo de personas que vive bajo un mismo sistema de usos; la ley es un conjunto de usos sociales que han sido formalizados. Los usos sociales, sean ley o sólo vigencia, funcionan de tal manera que ponen límites a nuestra libertad individual pero, a cambio, ordenan al colectivo y nos dan seguridad, al poder predecir la actuación del resto de los ciudadanos. Ahora bien, como la sociedad es dinámica y cambia con el tiempo, habrá que ir paulatinamente reformando el derecho para que éste se ajuste a la realidad. Ahí es donde entra en juego el sutil papel de los legisladores porque si crean normas demasiado ambiciosas, la gente no las acatará; con lo cual se deslegitimará la ley, e imperará el desorden. Por el contrario, si el derecho no se reforma al mismo ritmo que la sociedad se transforma, se desfasará y entonces los ciudadanos no lo sentirán como suyo. El Estado dejará de ser como una piel que ciñe y da forma al cuerpo social –decía Ortega–, para convertirse en un aparato ortopédico.

Lo sorprendente de la situación actual es que vivimos en una época en la que las contradicciones entre la legitimidad legal y la democrática no se deben a que exista un poder tiránico con la voluntad de poner grilletes a los demás. El espíritu de la libertad política sigue igual de vivo en Berlín y Francia que en Grecia, España, Portugal o Italia. No se busca la tiranía, porque como dijo Di Fabio, ese es un esquema de pensamiento superado y Europa ya ha aprendido que, frente a la fórmula de vencedores y vencidos, podemos articular otra en la que ganemos todos. Parece, entonces, que efectivamente hemos sido los propios europeos los que, a fuerza de no querer definir quiénes somos y quiénes podemos y queremos ser, hemos descuidado nuestro proceso de integración, y nuestro marco legal se ha convertido en un corsé que nos oprime. Durante todos estos años, el método funcionalista, con su sistema de parches y remiendos ha sido muy fructífero, pero hoy ya no es suficiente: se necesita un mayor esfuerzo de previsión y de abstracción, sin por ello caer en desvaríos racionalistas y utópicos.

Muchos miran al federalismo estadounidense como el modelo que debe seguir Europa. Es imposible no admirarse ante la brillantez con la que Madison y el resto de los padres fundadores de EEUU consiguieron articular su sistema institucional y legal; pero no nos engañemos: aunque su espíritu pueda servirnos de inspiración, lo cierto es que, lejos de ser el museo de antigüedades que muchos enuncian, la Unión Europea está gestando un nuevo modelo jurídico y político infinitamente más acrobático y refinado que todos los que han existido hasta ahora, en el que se logra unir a pueblos que han sido históricamente enemigos y que entienden la realidad a través de lenguas muy diferentes: ¡somos un Babel organizado! El reto que el presente nos impone es tan ambicioso como nuestras posibilidades de futuro si logramos alcanzarlo. ¿Sabremos los europeos ver a tiempo lo que realmente somos y actuar en consecuencia? ¿Estaremos a la altura de la circunstancia o sucumbiremos ante el enorme desafío que tenemos ante nosotros? La calidad de la democracia europea, Europa misma, dependen de la calidad de su cuerpo legislativo. Sin Estado de derecho, ni habrá democracia, ni habrá Europa: sin gallina, no hay huevo; y si lo hay, podría ser de serpiente.

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