Destitución, inhabilitación de hasta 10 años y multa para los políticos derrochadores

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una norma que obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que está prevista la destitución, inhabilitación de hasta 10 años y la multa para los políticos que se haya demostrado han gestionado mal y derrochado el dinero público.

El nuevo texto se someterá a partir de este momento a un periodo de audiencia pública en la que los ciudadanos trasladarán al Ejecutivo, a través de Internet, sus sugerencias. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que con esta norma se pretende "gobernar mejor y que la gente sepa en qué se gasta su dinero o que, si se enchufa a alguien, salgan su nombre y apellidos".

Esta ley tiene como principales objetivos regular el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de las administraciones y fijar límites a la actuación y el comportamiento de los responsables públicos. No recogerá meras recomendaciones para los gobernantes, sino que la vulneración de la misma dará lugar a infracciones administrativas, con las correspondientes sanciones.

El proyecto obliga a modificar el Código Penal para poder sancionar las conductas más graves, que conllevarán penas de inhabilitación. El jefe del Ejecutivo precisó que la norma permitirá tener información de todas la subvenciones, contrataciones e ingresos de cada ayuntamiento, comunidad autónoma y del Gobierno así como de los sueldos de los dirigentes políticos.