UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN: UN ACIERTO DE ZAPATERO

La teatral representación que ha acompañado al nombramiento y presentación de algunas ministras, ha conseguido que pasen desapercibidos otros cambios que, no por haber tenido menos repercusión en los medios, tienen menos importancia. Uno de ellos es el traspaso de las competencias de Universidades y Agencias de Investigación del ya existente de Educación, al recién creado Ministerio de Innovación y Ciencia. Ello no debe entenderse como un menoscabo a la cartera de Educación, que seguirá al mando de Mercedes Cabrera -independientemente de su condición femenina, una profesional seria y competente Al contrario, a este ministerio le queda mucho por hacer, entre otras cosas, conseguir implantar una auténtica Educación para la Ciudadanía -es decir, consensuada- o luchar contra los preocupantes niveles de la educación secundaria.

La Universidad y la Investigación son dos de los motores sobre los que gravita el potencial y crecimiento de la sociedad. Allí es donde se forma el capital humano que más tarde contribuirá al progreso de un país y es por ello vital otorgarles toda la importancia, con mayúscula, que se merecen. Tanto la creación del nuevo ministerio como la decisión de transferirle el área de Universidades son un auténtico acierto de Zapatero. La idea de enganchar la Universidad a la tecnología y la innovación no es nueva. Es algo que, aunque fugazmente, llevó a cabo el gobierno de UCD. Asimismo, algunas comunidades autónomas como, por ejemplo, Aragón, ya han hecho lo propio.

Por otra parte, la nueva ministra, Cristina Garmendia, tiene un perfil interesante que promete una buena labor al frente del cargo. A pesar de la afición que ha demostrado el señor Zapatero por gestos e imágenes, en este caso la procedencia de la nueva ministra -es natural de San Sebastián- no debiera interpretarse como el cupo pagado a los socialistas vascos. Su experiencia profesional y su trayectoria demuestran que es una buena conocedora del mundo de la investigación, por lo que es de esperar que asumirá en toda su dimensión la importante empresa que debe afrontar. La inversión pública en investigación siempre ha sido una de las grandes olvidadas de los sucesivos gobiernos. A Zapatero hay que reconocerle que en la pasada legislatura superó el compromiso de aumentar en un 25% la inversión pública en esta materia. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, entre otras cosas, fomentar la inversión privada en I+D+i, labor que le tocará gestionar a Garmendia.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS

Las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia se cobraron la pasada semana una víctima entre las filas demócratas. Hillary Clinton, ferviente opositora a la firma, destituyó fulminantemente a su jefe de estrategia cuando se hizo publico que esté también trabaja para la embajada de Colombia, precisamente para ayudarles a que las negociaciones lleguen a buen termino.

Para el gobierno de George Bush, sacar adelante el TLC se ha convertido en una cuestión prioritaria. El ejecutivo de Uribe es uno de los más firmes aliados de Estados Unidos en Latinoamérica, donde este país ha visto como ha ido perdiendo influencia de manera progresiva. Desde el momento en el que existen tratados de esta naturaleza con otros países de la zona, resulta absurdo que no se pueda hacer lo propio con Colombia, país que más ha apoyado a los Estados Unidos y que ha hecho suyas las consignas norteamericanas en la zona. Es por ello que Condolezza Rice afirmaba la pasada semana que el pacto con Colombia es “el más importante de la historia reciente de EE UU”.

Sin embargo, los republicanos se han encontrado con el rechazo de los demócratas al mismo, al que se han sumado tanto Hillary Clinton como Barak Obama. La mayoría demócrata del Congreso, con Nancy Pelosi a la cabeza, condiciona el trámite del TLC a tres cuestiones ineludibles: el control de la violencia sindical en Colombia, la contemplación de medidas de protección para aquellos trabajadores que se queden sin empleo a causa del tratado y la puesta en marcha de un paquete de acciones destinadas a paliar la recesión que azota a los Estados Unidos.

El gran fallo del presidente norteamericano ha estado en las formas. Tal urgencia tiene Bush por cerrar el acuerdo y devolver ‘los favores’ a su gran aliado, que ha llevado el proceso de forma unilateral, sin querer escuchar las reticencias demócratas, que finalmente se han traducido en un rechazo abierto. Bush se vio obligado a enviar el tratado directamente al Congreso y de esta forma desafió abiertamente a los demócratas. Pelosi afirmó, en respuesta, que su partido no votará la cuestión en los 90 días posteriores, tal y como esperaba el presidente, por lo que muchos creen que esto supone el entierro definitivo del TLC, que quedaría perdido en la maraña legislativa.

Sin embargo, no parece creíble que los demócratas sean capaces de dar la espalda a un proyecto que, con matizaciones y aunque tal vez no haya sido bien llevado por los republicanos, al fin y al cabo significa un paso más en una política de libre comercio que es la manera más efectiva de combatir la pobreza y de afianzar la democracia en América Latina. Una política que además supone una ayuda inestimable a un aliado necesario, Colombia, que ha demostrado estar pie del cañón cuando los Estados Unidos lo han requerido. Con Hugo Chávez ejerciendo una campaña constante en contra y un Brasil poco proclive a seguir sus pautas, los EE UU están más que obligados a cuidar a Colombia si quieren recuperar la influencia perdida en América Latina. A pesar de todo es previsible que el sentido de Estado que caracteriza a los partidos estadounidenses, llevará a los demócratas a apoyar el proyecto a finales de diciembre y noviembre. Mejor tarde que nunca.

LOS OTROS JUECES

Ayer conocíamos que Robert Murat, declarado en un primer momento, sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, está preparando una demanda contra once periódicos británicos por entender que le han difamado y acusado sin pruebas.

Desgraciadamente, hechos como el que denuncia Murat nos son demasiado familiares. Hace ya tiempo que la prensa decidió sobrepasar sus competencias informativas para ir un poco más allá, y erigirse como inquisidora. Lo peor es que buena parte de la sociedad ha asumido con naturalidad la intrusión de los medios en los procesos policiales, y a nadie extraña que algunos periódicos jueguen a condenar a los sospechosos antes de que el magistrado dicte su veredicto. Se han convertido en los otros jueces, esos que son capaces de acusar a unos padres de asesinar a su hija de cuatro años sin que las pruebas lo demuestren, o aquellos que durante años demonizaron a Dolores Vázquez antes de que la Justicia con mayúsculas confirmara su inocencia. Los otros jueces trabajan para diarios sensacionalistas, pero también para medios que dicen ser rigurosos. Con frecuencia, gastan meses de tinta y papel en especular sobre la culpabilidad del sospechoso, y, cuando las pruebas echan por tierra sus acusaciones, entonces, aclaran lo sucedido empleando un pequeño párrafo al pie de una página par.

Los medios de comunicación han adquirido un poder tal que les permite disponer de la vida de cualquier persona. Ellos solos son capaces de alzar a lo más alto a un matón de discoteca o de arrebatar la dignidad a un pobre hombre que solo estaba en el sitio equivocado a la hora incorrecta. El honor queda en un segundo plano cuando la falta de escrúpulos es capaz de fabricar un espectáculo millonario. Entonces, el presunto culpable se convierte en culpable a secas. Es sencillo dibujarle unos cuernos, pintarle una cola y colocarle un tridente en la mano. Aquél al que la policía declara sospechoso deja de ser tal cosa para ser presentado por los medios como el mismísimo demonio. Después, si el auténtico juez lo encuentra inocente, será indemnizado (aunque nunca compensado) y nunca más se hablará de él. Así funciona el negocio.

Es importante que la Justicia ponga los medios necesarios para evitar los juicios paralelos de la prensa, pero, sobre todo, es crucial que toda la sociedad haga un ejercicio de reflexión sobre lo que lee cada día en las revistas y ve en la televisión. No podemos consentir que el honor y la dignidad de una persona sean puestas en entredicho sin una sentencia firme. Recordemos que, en democracia, siempre debe prevalecer la presunción de inocencia.