Gibraltar y el Tratado de Utrecht en su tricentenario

El próximo año 2013 se cumplirá el tercer centenario del Tratado de Utrecht. Tan importante efeméride nos debe llevar a conmemorar el momento histórico en el que, una vez finalizada la Guerra de Sucesión, se reconoció en España la entronización del rey Felipe V y con él la dinastía Borbón que desde entonces reina en nuestro país. Aquel Tratado significó también la perdida por parte de la Monarquía Hispánica de importantes territorios en Europa, y entre ellos la Plaza de Gibraltar que había sido conquistada en el curso de la Guerra por una escuadra angloholandesa en nombre del candidato austriaco al trono de España, el Archiduque Carlos de Habsburgo. Gibraltar pasó a manos británicas, según el Tratado de Utrecht, con la condición –según el Artículo X- de que “Si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este Tratado que se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla”.

Es evidente que desde entonces, la susodicha cláusula ha constituido la pieza clave en el contencioso que nuestro país mantiene con el Reino Unido de Gran Bretaña en su intento de recuperar la soberanía sobre un territorio que forma parte de la unidad geográfica de España en la Península Ibérica y que ha permanecido desde comienzos del siglo XVIII en una situación anómala en el conjunto de las relaciones internacionales entre las naciones europeas. El mantenimiento de una colonia británica en pleno continente europeo en el siglo XXI constituye uno de los mayores despropósitos del panorama internacional de nuestros días.

Consciente de esta anomalía, el Reino Unido de Gran Bretaña intentó ya cambiar el status jurídico de la Plaza cuando en 1963 presentó ante el Comité de los Veinticuatro de Naciones Unidas una propuesta para considerarla unilateralmente como “Territorio No Autónomo”. Esta propuesta, que trataba de acogerse a la Resolución 1514 de la XV Asamblea de NU que propugnaba “la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” fue abortada por la eficaz ofensiva diplomática que desplegó el entonces Ministro de Asuntos Exteriores Fernando María Castiella.

Desde aquellos momentos las conversaciones de todo tipo que se han llevado a cabo entre los gobiernos español y británico en torno a la resolución de este secular conflicto han dado escaso resultado. Por parte británica se ha alegado que no se adoptaría ninguna decisión sin contar con la voluntad de los gibraltareños. Por parte de España, se ha insistido en que en el caso de que Gran Bretaña renuncie a la soberanía sobre la Plaza, haría valer sus derechos según lo dispuesto en el Tratado de Utrecht.

Así pues, el Tratado de Utrecht es –y así debe seguir siendo- la clave para la resolución del contencioso. Esa es la razón por la que ni a Gran Bretaña ni a los gibraltareños les interesa resaltar la importancia de aquel acuerdo de 1713. Es también por eso por lo que no es previsible que la conmemoración del tricentenario de su firma vaya a tener ningún tipo de repercusión en la colonia británica, como sí lo tuvo, y mucho, la conmemoración de la conquista en 2004.

En España, por el contrario, la celebración de esta efeméride debe tener el eco y la trascendencia que merece un acontecimiento tan importante para la Historia de España y en concreto para lo que en el futuro pueda constituir la resolución definitiva del problema. Los españoles no debemos dejar escapar la ocasión de recordar con firmeza el contenido del Tratado a nuestros amigos británicos.