Afirma que partidos más contrarios a la Ley de Estabilidad la han apoyado
Viernes 13 de abril de 2012
Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmado que el Gobierno trabaja "discretamente" desde enero para evitar que Argentina actúe contra Repsol. "En caso de que se tomen decisiones de esa naturaleza, sería muy negativo para los intereses españoles", ha afirmado. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha presentado el anteproyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal y ha anunciado la constitución de una comisión de expertos para una mejora del modelo universitario español.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha exhibido este viernes tras el Consejo de Ministros la Ley de Estabilidad como muestra del compromiso de España con el equilibrio de las cuentas públicas y de cara al exterior, preguntada por las turbulencias en la prima de riesgo estos últimos días. Ha pedido un "esfuerzo" al PSOE, después de que este jueves no diera su apoyo a esta reforma. Partidos más contrarios a priori a la norma, ha subrayado, han acabado votando a favor. Opina que estas fuerzas han demostrado mayor responsabilidad que el grupo que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso de los Diputados.
El Consejo de Ministros de este viernes abordaba un plan contra el fraude que el Gobierno estima clave para la reducción del déficit. Sin embargo, Soraya Sáenz de Santamaría se iba a tener que enfrentar en rueda de prensa posterior a muy distintas materias que copan las portadas estos últimos días. El último punto caliente procede de Argentina; el resto, de Carrera de San Jerónimo, Bruselas o el entorno de los presos de ETA.
La vicepresidenta y portavoz comparecía acompañada por los ministros de Hacienda y Educación y Cultura pasadas las 14:00 horas. Como viene siendo habitual en las últimas semanas, la prensa internacional estaba presente. Lo que se cuece en España concierne a Europa y viceversa. En las últimas horas recibía precisamente nuestro país una visita de técnicos de la Unión para evaluar la marcha de las medidas emprendidas por el Ejecutivo, examen no obstante rutinario.
Sáenz de Santamaría ha concretado el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude, que limitará los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros. Se aplicará a las operaciones realizadas entre empresas y/o profesionales y a las de personas físicas con empresas y/o profesionales. El incumplimiento de la norma supondrá una infracción administrativa tanto para el pagador como para el perceptor. Cristóbal Montoro ha destacado que la medida dará lugar a una "mayor recaudación" y a una "mayor equidad tributaria".
Asociada a este reglamento queda la obligación de informar sobre cuentas y valores en el extranjero, así como la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas. Asimismo, se establece la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50 por ciento de sus operaciones a particulares. Crece la figura del inspector. La "resistencia, obstrucción, excusa o negativa" a su tarea tendrá como consecuencia sanciones más severas, desde los 1.000 hasta los 100.000 euros.
Junto a la vicepresidenta y al titular de Hacienda se encontraba José Ignacio Wert, que ha dado cuenta de la constitución de una comisión de expertos para la mejora de las universidades españolas. Pese a la "ingente" cantidad invertida en este capítulo, ha manifestado, ninguna se encuentra entre las 150 más punteras del mundo. El ministro ha añadido que sólo un tercio de los estudiantes de licenciatura finaliza los estudios sin haber repetido un solo curso, muy por debajo de la media en el continente. No son más positivas las cifras de paro entre los jóvenes supuestamente preparados tras su salida de estos centros.
La exposición de Wert se ha centrado en la distancia entre el dinero dedicado y los resultados obtenidos. "Es necesario emprender reformas en distintas direcciones", ha dicho en consecuencia. Para ello, un grupo de personas "plural, independiente y del más alto nivel académico y científico" elaborará un informe que elevará al Gobierno con un nuevo modelo de educación en este ámbito. La catedrática Teresa Miras presidirá la comisión.
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