Opinión

Orden público y derechos fundamentales

Sábado 14 de abril de 2012
La izquierda parlamentaria ya ha manifestado su oposición a la iniciativa del Gobierno por la que se pretende tipificar como delito la convocatoria por cualquier medio, incluido internet, de actos que alteren gravemente el orden público. No hace falta ir muy lejos en el tiempo para recordar los incidentes producidos en Barcelona -no sólo fueron los antisistema, conviene recordarlo-, Madrid y Valencia en las protestas últimas contra los recortes convocadas a través de las redes sociales. Aún más graves fueron los hechos que rodearon a las elecciones municipales y autonómicas de mayo pasado, con fenómenos como el 15-M que conculcaron la legalidad vigente en lo que hace a la jornada de reflexión.

Según la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, “es crucial que el espacio público tenga calidad democrática”. Y tiene razón, como también cuando apela también al marco de los “derechos fundamentales”. La Constitución recoge, por citar sólo algunos, el derecho a la seguridad (art. 17), a la libre circulación (19) y a expresarse libremente (20). Sucede que, en determinados actos, unos pocos tienden a impedir que la inmensa mayoría de ciudadanos pueda transitar con plena libertad por lugares comunes -es decir, de todos, y no sólo de unos pocos-, coartan la libertad de expresión de quienes les recriminan y llevan a cabo todo tipo de provocaciones o actos vandálicos con la mayor impunidad.

Con ello se traslada una imagen al exterior francamente negativa. Además, a nivel doméstico, tampoco es de recibo el modo de proceder de ciertos individuos a la hora de mostrar su descontento por lo que sea. Los derechos fundamentales son erga omnes, y no sólo pueden beneficiarse de ellos los que queman papeleras o convocan concentraciones ilegales por internet. Y si alguien actúa de esa forma, debe responder por ello. Dicho esto, hay un punto en que lleva razón la oposición: el control de las comunicaciones por internet debe hacerse muy limitadamente y bajo una estricta supervisión judicial.

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