Martes 17 de abril de 2012
El ordenamiento jurídico español define el delito de apropiación indebida como la realización de actos de apropiación de las cosas, disponiendo de ellas como si fueran propias y convirtiendo una posesión lícita y originaria en una posesión ilícita. Eso es, ni más ni menos, lo que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner con su decisión de nacionalizar YPF, filial argentina del grupo español Repsol. Quedan aún varios días hasta que el parlamento argentino convalide la ley que legitima una ilegitimidad palmaria, aunque la holgada mayoría de la que goza Kirchner hará que su tramitación sea puro trámite y un trecho breve.
Lo que le ha pasado a YPF puede sucederle a otras empresas. Ese es el mensaje que van a recibir los inversores extranjeros en Argentina. Por eso, este tipo de actuaciones son muy negativas para atraer capital a un país lleno de recursos y necesitado de inversiones, que ven cómo la seguridad jurídica cotiza cada vez más a la baja en ciertos lugares con una orientación populista común: la propia Argentina, Venezuela y Ecuador. Cristina Fernández de Kirchner lleva ya algún tiempo enarbolando una peligrosa bandera, la del nacionalismo exacerbado: esa es la poesía porque la prosa consiste en promover un capitalismo a la eslava pro amico suo. Se hace con una doble vertiente: la política, del que las Malvinas son su más claro exponente, y la económica, con la nacionalización de empresas privadas bajo el paraguas del proyecto de ley para “salvaguardar la soberanía hidrocarburífera de Argentina”. No es, desde luego, la mejor forma de regir los destinos de un país que no necesita ni más conflictos territoriales ni más intromisiones en su tejido productivo.
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