Miércoles 18 de abril de 2012
Como era de esperar, las reacciones de rechazo en el plano internacional a la apropiación indebida de YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner han sido casi unánimes. Salvo Hugo Chávez o Evo Morales, quienes ya han llevado a la práctica acciones similares en sus respectivos países, hay una coincidencia generalizada en lo que a todas luces supone un ataque frontal contra el derecho en sí mismo. Un ataque, por tanto, contra los intereses de la Argentina, en la medida que ahuyentará las inversiones del gran país del Plata. Esa misma coincidencia existe también en la clase política española. Excepción hecha de Izquierda Unida, para quien los intereses de Repsol no son sino los del “gran capital”-, todos los partidos serios han aunado voluntades.
Irán conociéndose las medidas adoptadas por el Gobierno español, quien lleva trabajando ya en este asunto desde antes de que se hiciera pública la expropiación. Pero, por más que este hecho provoque un hondo malestar, hay que sopesar la reacción más adecuada. No puede dejarse correr ni pecar de falta de firmeza, aunque tampoco hay que olvidar que hay más empresas españolas con intereses en Argentina; intereses que podrían peligrar si el gobierno de Kirchner responde de forma hostil a las iniciativas españolas. Es la hora de la diplomacia, no ya únicamente en su interlocución con el ejecutivo argentino, sino con las gestiones de José Manuel García Margallo ha de realizar para recabar el mayor número de apoyos posibles.
Lo que hoy le ha pasado a una compañía española mañana puede sucederle a otra cualquiera, pues ha quedado demostrada la fragilidad de la seguridad jurídica en la Argentina populista. Como ha puesto de manifiesto el presidente mexicano, Felipe Calderón, este tipo de actuaciones disuaden a futuros inversores. Si ello fuera así, la única responsable sería Cristina Fernández de Kirchner.