Televisión pública y sentido común

Parece que empieza a clarificarse algo el panorama audiovisual en España, tras las medidas anunciadas por el Consejo de Ministros. Por un lado, se desbloquea la situación de RTVE; por otro, se habilita el cierre o privatización de las televisiones autonómicas, verdaderos exponentes de despilfarro. En lo que respecta a Televisión Española, el PSOE llevaba bloqueando la renovación del Consejo y el nombramiento de un nuevo presidente desde que el PP llegase al poder, con la intención de conservar un statu quo, el actual, sumamente ventajoso para sus intereses. Así las cosas, si no se logra aprobar el nombramiento del nuevo presidente del ente público por una mayoría de dos tercios, bastará una mayoría simple en segunda vuelta para refrendarlo. Dicho procedimiento no es nuevo ni extraordinario; antes al contrario, es sumamente habitual, aunque inapropiado en este caso.

Efectivamente, la inclusión de la mayoría de dos tercios para esta designación implicaba un obligado consenso entre las dos principales fuerzas políticas. Y por más que sea el PSOE quien quiera mantener su cuota de poder -sindicatos, personas afines y una falta de imparcialidad en ocasiones palmaria-, con esta actuación el PP pierde la razón que pudiera tener a la hora de reclamar independencia por parte de RTVE, arrojando la sombra de duda –por lo demás, razonable- sobre “su” candidato”. El regresar al primitivo sistema de una Televisión secuestrada por el parido ganador es lamentable: son prácticas de países de otro nivel cultural y político. Y la excusa de cometer una polacada tan burda, echando la culpa de la derrota en Andalucía al mensajero, es todavía peor. Es loable, sin embargo, la reducción de doce consejeros a nueve la sustitución de sus elevados emolumentos por dietas en función del trabajo desempeñado.

Del mismo modo, también es habitual que las televisiones autonómicas arrojen unos balances económicos difíciles de asumir, sobre todo en tiempo de crisis. Sirva como ejemplo el hecho de que sólo el pasado año, entre todas sumaron un déficit de más de 1.500 millones de euros. Algo así no puede ni debe seguir manteniéndose, y con la regulación aprobada este pasado viernes, se abre la puerta a solucionar semejante despropósito. Queda mucho por hacer pero, al menos, parece que se han puesto los primeros mimbres para imponer algo de sensatez a un sector, el audiovisual público, muy necesitado de tal cosa