Televisión y libertad

“Las televisiones europeas tienen en común el que todas ellas han nacido en la servidumbre…Las fórmulas adoptadas han sido diferentes, pero en todas ellas la autoridad de los gobernantes se ha afirmado más o menos estrechamente. Y, en la realidad, lo menos importante son los andamiajes jurídicos, ya que lo que pesa son las costumbres políticas de los diversos países”. Así escribía, hace ahora más de treinta años, Francis Balle, un reconocido experto e investigador francés en estas materias. Eran los tiempos en que la generalidad de las televisiones europeas estaba en manos del Gobierno respectivo y sólo muy tímidamente se vislumbraba, de una manera tentativa y experimental, la posibilidad de una televisión privada. El gran pretexto que se esgrimía era la limitación del número de frecuencias; una excusa de carácter tecnológico que no podía ocultar la realidad, que no era otra que la irrenunciable voluntad de los gobiernos de controlar el nuevo medio de comunicación. Un medio todavía muy joven, al que se atribuían enormes capacidades de influir en las actitudes y opiniones de los ciudadanos, tanto por la capacidad de sugestión que se les suponía a las imágenes -era un dogma la frase Mao según la cual “una imagen vale más que mil palabras”, frase tópica que, por cierto, no aguanta un mínimo análisis- como por el hecho, compartido con la radio, de que sus contenidos audiovisuales penetraban en ese santuario que son los hogares de los ciudadanos.

Desde aquellos tiempos han cambiado mucho las cosas y ya no existe pretexto tecnológico alguno para permitir el monopolio de los poderes públicos sobre este medio de comunicación. Más aún, hay sólidas razones de fondo para rechazar, totalmente, la existencia de televisiones públicas. ¿Concebiría alguien, a estas alturas, la presencia en el mercado de los medios de un periódico diario gubernamental? Aparte del Boletín Oficial del Estado o de las similares publicaciones de otros órganos de gobierno, cualquier impreso que es financiado y publicado por un organismo oficial lleva el aroma inconfundible de la propaganda. Lo que vale para los medios escritos, los más antiguos del panorama mediático, ¿por qué no se puede atribuir a los medios audiovisuales?

El pretexto del servicio público –que junto con el aludido pretexto tecnológico se ha manejado para justificar a las televisiones públicas- no se tiene en pie, desde luego, a estas alturas del siglo XXI que vivimos. ¿Qué tiene que ver el servicio público con tantos y tantos programas que a diario emiten las televisiones públicas, como concursos, películas y, en general, un buen porcentaje de sus respectivas parrillas? Ni con lupa encontramos en esas programaciones el menor atisbo de servicio público, si es que nos tomamos este concepto en serio. Y por lo que hace a la información, debe quedar muy claro que todo Gobierno tiene la obligación de dar a conocer a sus ciudadanos lo que está haciendo, en virtud del right to know, del derecho a saber de estos ciudadanos, que se corresponde con el deber de informar de los entes públicos. Pero eso no justifica la existencia de medios públicos que, compitiendo con los privados, se dediquen a las tareas periodísticas e informativas en general. Los gobiernos no tienen entre sus competencias la de hacer periodismo ni la de entretener, como si fueran empresarios circenses.

Quizás el único argumento que se podría manejar es el que podríamos llamar tradicional: la existencia de hecho de televisiones públicas que nuestra Constitución da por supuestas cuando en el apartado 3 del artículo 20 establece: “La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”. Un análisis de este precepto –que, a estar alturas, huele a naftalina- y de cómo ha funcionado durante sus más de treinta años, nos llevaría a conclusiones ciertamente un tanto deprimentes, aunque también no exentas de jocosidad, por no decir de carcajada. Y no olvidemos que el citado artículo sólo acepta como un hecho, la existencia de tales medios, pero, en absoluto, exige que se creen.

En España se han multiplicado las televisiones públicas y los gastos públicos a ellas dedicados hasta extremos absolutamente inadmisibles, que ya han suscitado la extendidísima protesta de la opinión pública. Ni siquiera el argumento lingüístico tiene ya valor, pues una sociedad como la española, suficientemente dinámica y libre, no necesita que los poderes públicos la enseñen a hablar. Cada uno habla, escucha y lee en la lengua que le place, que siempre es aquella en se comunica mejor. Ya hay suficientes centros de enseñanza para aprender y practicar todas las lenguas, españolas o extranjeras. Usar ese pretexto para justificar la existencia de televisiones públicas en las regiones que tienen lenguas co-oficiales no es más que una burda artimaña para tratar de hacer aceptar algunos –no pocos- canales al servicio político de los gobernantes de esas regiones. La andaderas lingüísticas no tienen ningún sentido.

Por todas esas razones –y muchas más que se podrían aducir- creo que es un importante paso hacia delante el acuerdo del Gobierno, en su último Consejo de Ministros, que permite que la gestión de las televisiones autonómicas se realice por una empresa privada, se privatice parcial o totalmente e incluso que se llegue al cierre total. Sólo hay que esperar y desear que la idea del Gobierno de que a las televisiones autonómicas que subsistan no se les permita tener déficit, se convierta muy pronto en una realidad. Desde luego, porque tal situación es inadmisible en una época de crisis, pero también porque las televisiones públicas son incompatibles con una democracia moderna, como debe ser la española, aunque no pocos se resistan.

El caso de TVE es diferente, pero al final le son aplicables los mismos principios. Y hay que felicitarse de que el Gobierno -con sus nuevas disposiciones acerca del Consejo de Administración y de su Presidente- haya cortado por lo sano, poniendo fin a la situación de bloqueo que sufría el ente público. Un bloqueo que se había puesto ostensiblemente al servicio del derrotado PSOE, que había hecho de ese ente una última trinchera de resistencia. Bastaría examinar cómo ha cubierto TVE la huelga general y cómo, en general, ha informado e informa. Las conclusiones se imponen con rotunda evidencia. Es también de carcajada que ahora los socialistas quieran hacer creer a los ingenuos (¿quedan algunos?) que el Gobierno se carga con sus nuevas normas una televisión imparcial y pluralista, TVE, que, según ellos, es la que disfrutamos gracias a sus desvelos. Ahora, si quieren, que nos cuenten una de hadas.