El caso de los ERE irregulares

El ingreso en prisión del ex consejero autonómico andaluz de Empleo, Antonio Fernández, es una nueva vuelta de tuerca en el caso de los ERE irregulares. A las imputaciones del ex director general y su chofer se une ahora la de un alto cargo de la anterior etapa, no tan lejana en el tiempo como quiere hacer creer la portavoz de la Junta, Mar Moreno. Y es que, a su juicio, todo este asunto “forma parte ya del pasado”, en un claro ejemplo de lo que es no saber cómo reaccionar ante un escándalo de proporciones cada vez mayores. ¿Del pasado?: será pasado para otros; para el señor Griñán, que presidía y volverá a presidir la Junta, se trata de su presente.

Resulta muy poco creíble que nadie en la Junta estuviese al tanto de los manejos del ex director general de empleo, con sus desviaciones presupuestarias para adquirir propiedades a título particular y sus fiestas con cocaína. Tampoco son de recibo los numerosos “allegados” del PSOE que figuraban como beneficiarios de unas ayudas cuya cuantía no tenían derecho alguno a percibir. Pero lo que es de todo punto inverosímil es que todo un ex consejero actuase a espaldas del resto del gobierno autonómico, sin que nadie supiera nada. Porque hay que recordarle a la portavoz de la Junta de que en ese “pasado” al que se refiere están las mismas personas que ahora, con Griñan a la cabeza. Y que por mucho que estén en el gobierno de su comunidad, ello no les exime de las responsabilidades políticas en un caso tan grave.